"No dejar a nadie atrás"

Esta es una expresión que viene acompañando el anuncio de medidas de política social del Gobierno desde el inicio de la legislatura, un lema cuyo sentido y alcance merece la pena examinar con algún detenimiento. No se puede negar que la frase rezuma solidaridad y fulgor evangélico. Es difícil sustraerse a la idea de que los gobiernos que se guíen por ella serán beneficiosos  para los más desfavorecidos y los que no lo hagan serán perjudiciales o menos beneficiosos para dicho grupo de ciudadanos. Cuando se profundiza algo más en las implicaciones del lema, sin embargo, las cosas no son tan claras.

 La referencia tácita de la expresión es obviamente la renta o condiciones de vida de los individuos, los que más tienen o ganan están delante y los que menos atrás. En rigor, sólo sería posible no dejar a nadie atrás mediante políticas que eliminen completamente las diferencias de renta o, al menos, las reduzcan hasta niveles poco significativos. Cuando esto se ha intentado vigorosamente, y no digamos ya en los países donde se ha conseguido, las condiciones de vida de los de delante, de los de enmedio y de los de atrás se han deprimido brutalmente. Así pues, las políticas encaminadas estrictamente a no dejar a nadie atrás suelen acarrear que los de más atrás (y todos los demás) vivan peor que en ausencia de dichas políticas.

Se trata de arrogarse la defensa de los intereses de los más débiles frente a los de los poderosos, de los de más atrás frente a los escapados del pelotón

En las sociedades democráticas, el lema se puede enarbolar en un sentido más demagógico y menos maximalista, como hace la coalición de socialistas y comunistas que nos gobierna. Se trata de arrogarse la defensa de los intereses de los más débiles frente a los de los poderosos, de los de más atrás frente a los escapados del pelotón, de empujar a los de atrás y frenar o rezagar a los más adelantados. Siempre conviene sospechar de los reclamos publicitarios y compararlos con la realidad del producto. Dicho en términos más castizos, no es lo mismo predicar que dar trigo. El objetivo que debería alcanzar un gobierno genuinamente preocupado por la suerte de los más débiles seria dejar a los de más atrás mejor y en ningún caso peor de lo que estaban. ¿Es esto lo que está consiguiendo el gobierno con su política social?

Las principales medidas en las que el Gobierno socialcomunista ha invocado el no dejar a nadie atrás son las subidas del salario mínimo, así como las de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios en proporción a la inflación, o por encima si esta es nula o muy baja. Veamos lo que les ocurre y peor aún, lo que les ocurrirá a los ciudadanos de menor renta, a los de más atrás, con estas políticas.

Los intereses de los más débiles

Las fuertes subidas acumuladas del SMI han originado que muchos empleados poco cualificados pierdan el trabajo que tenían y muchos desempleados el que podían haber tenido. Así lo atestiguan los estudios del Banco de España y de los principales organismos internacionales. A pesar de que todos estos estudios se centran en un sólo año, las pérdidas netas de empleo en esos ejercicios han sido significativas. Las pérdidas reales son aún mayores si se tiene en cuenta el impacto total de las subidas acumuladas en el periodo 2018-2021. Pero sean cuales sean las cifras finales y con independencia de que las subidas del SMI hayan podido beneficiar a más o menos trabajadores, es incontestable que perjudican los intereses de los más débiles, en contra de lo que sostiene el lema publicitario del Gobierno.

El enorme déficit estructural de nuestro país, cerca del doble del ya de por sí elevado nivel existente en 2018, no se podrá cubrir con mayores impuestos a los ricos

Otro tanto se puede decir de las subidas de las pensiones y del sueldo de los funcionarios, colectivos estos cuyos ingresos medios son más seguros y sensiblemente mayores que los de los ciudadanos de menor renta. Estas subidas aumentan el gasto público permanente y el déficit público estructural, lo que antes o después afectará negativamente a las rentas y el empleo de los trabajadores más vulnerables. Se ha de tener en cuenta que España es el segundo país del mundo donde más ha aumentado la deuda pública en estos años. El enorme déficit estructural de nuestro país, cerca del doble del ya de por sí elevado nivel existente en 2018, no se podrá cubrir con mayores impuestos a los ricos, como proclama el Gobierno. La experiencia reciente pone claramente de relieve que la subida de estos tipos impositivos apenas aumenta los ingresos públicos y muy probablemente han alcanzado ya niveles por encima de los cuales se originará un descenso de la recaudación. Antes o después, por tanto, para seguir en la eurozona será inevitable recortar el gasto público o efectuar aumentos de impuestos que recaen sobre todos los ciudadanos o ambas cosas a la vez. Esto afectará negativamente al crecimiento económico y al nivel de empleo, especialmente al de los trabajadores más vulnerables.

Se podría también citar otras medidas adoptadas para proteger a los más débiles propias de la vía argentina hacia el subdesarrollo, como la naturaleza de las intervenciones en el mercado de la vivienda o de la electricidad. Es bien sabido que por esta vía se termina consiguiendo una reducción de la oferta y mermando el acceso a la misma de los hogares de menor y más incierta renta. En resumidas cuentas, lejos de ayudar o proteger a los más vulnerables se les está debilitando aún más. Estamos presenciando, en fin, una instancia concreta de una regla general. A saber, cuando el ideario comunista se adueña total o parcialmente de la mente de los gobernantes de un país se consiguen resultados sociales contrarios a los prometidos con una intensidad proporcional a su presencia en el Gobierno.