Salvo muy honrosas excepciones, como Asturias y la Comunidad Valenciana, donde sus dirigentes políticos, muy bien asesorados por cierto, han sido capaces de controlar la segunda oleada de la covid-19, España en su conjunto simplemente ha aprendido a convivir con la pandemia y a reaccionar tarde, ex post, ante el aumento de contagios. Mención aparte merece ese desastre político llamado Comunidad de Madrid. Además de batir todos los récords mundiales de contagios, además de intentar trucar las cifras, además de no hacer ningún tipo de prevención previa para frenar la oleada, además de no confinar cuando las cifras se desbordaban, como hacen el resto de comunidades, han negado la mayor, la brutal incidencia del virus en su comunidad. Son los negacionistas patrios de la covid-19. Merecen todo nuestro desprecio. Para entender el percal de esta tropa me remito a un tweet que la otrora directora general de la Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, donde simplemente sugería que no hay nadie al mando de nada por estos lares de la capital del Reino.

Es en este nuevo escenario de segunda oleada donde nos tenemos que preguntar si, desde un punto de vista de la política económica, se está haciendo todo lo necesario para paliar los efectos perversos de la pandemia, tratando de proteger las rentas de las familias, evitando que el tejido de nuestras Pymes se hunda. La respuesta es que no. Salvo el diseño de los ERTE, que supone el derecho al subsidio de desempleo para los trabajadores temporalmente despedidos en virtud de los planes de ajuste del empleo temporal debido a la covid-19, sin que se exija una contribución mínima previa ni se reduzca el derecho acumulado, la inmensa mayoría de las medidas tomadas, y que han sido muchísimas, se han planteado bajo una restricción ficticia, la necesidad de preservar el control presupuestario por encima de todo.

Medidas fiscales insuficientes

Las medidas fiscales adoptadas inicialmente por el Gobierno español representaban alrededor del 3,5% del PIB, es decir, unos 37.000 millones de euros, estando sujetas a cambios tanto en la utilización como en la duración de éstas. Fueron complementadas con otras relativas a exenciones, aplazamientos, flexibilidad, ampliaciones de plazos o recortes en cotizaciones sociales o pagos de impuestos. Desde un punto de vista macro-financiero, a su vez, se tomaron iniciativas encaminadas a aliviar los problemas de liquidez de las empresas y familias españolas, con multitud de avales y líneas de crédito, pero sin garantizar ninguna renta, especialmente a los más vulnerables, mientras dure la pandemia en sus distintas oleadas. Y no nos engañemos, el fondo de recuperación europeo es un parche, cuyo impacto económico va a ser muy limitado, una vez que se haga inventario de los destrozos derivados de la covid-19.

La mejor política doméstica es la de buscar el pleno empleo y la estabilidad de precios, no la de perseguir déficits públicos o techos de deuda arbitrarios. El consumo público debería aumentar mucho

En realidad, dicho fondo es una distracción de lo realmente importante: la austeridad masiva, que se mantiene. ¿Cómo es posible que en plena pandemia el consumo público de nuestro país apenas haya repuntado un 0,4% intertrimestral en el segundo trimestre? Simplemente, por el sacro santo mandamiento de mantener la austeridad fiscal por encima de todo, en un contexto donde los déficits presupuestarios se están disparando por la covid-19. Debido al gasto anticíclico y a los impuestos procíclicos, el presupuesto del sector público actúa como un poderoso estabilizador fiscal automático, por eso durante la recesión los déficits aumentan abruptamente. Si no fuera así acabaríamos en una Gran Depresión. La mejor política doméstica es la de buscar el pleno empleo y la estabilidad de precios, no la de perseguir déficits públicos o techos de deuda arbitrarios. El consumo público debería aumentar y mucho. Pero la realidad es que ni está ni se le espera.

Si esto no fuera poco, la situación en nuestra querida España se ve agravada por las sendas tomadas por nuestras élites a lo largo de nuestro pasado reciente, y avaladas en las urnas. El diseño que nos dimos como país hace tiempo que se tambalea, y sería necesario un nuevo pacto por nuestro futuro. El papel que nos 'asignaron' es inservible en los tiempos que corren. Por un lado, consolidó en nuestro país unas redes de poder especializadas en la extracción de rentas sin límites a la ciudadanía. Por otro, supuso una desindustrialización masiva, una tercerización de la economía y una bancarización excesiva. De aquellos barros, estos lodos.

Financiación destructiva

El problema de fondo ahora no es subir o bajar impuestos, sino terminar de una vez por todas con la austeridad fiscal. Quienes aún la siguen avalando no contemplaron, ni por asomo, la posibilidad de una recesión de balances, y/o una financiación destructiva, cargadas de caos y miseria. Lo más lamentable es que muchos responsables de la cosa pública aún siguen sin enterarse de lo básico. Los gobiernos no son ni familias ni empresas. Tienen el monopolio de crear dinero. El entorno actual permite aplicar otras políticas alternativas que no se están utilizando. Desde estas líneas no nos hemos cansado de proponerlas. ¡Es la hora de la economía política!

Permítanme dar un consejo final a aquellos que desde bambalinas mueven los hilos de la política de Sánchez. Hasta ahora todo parece cuadrar, un PP hundido electoralmente, el ascenso de Vox como reclamo masivo de votantes anti-trifachito, un Podemos atrapado en el Gobierno de coalición, y un Cs irrelevante electoralmente (por mucha encuesta trufada del CIS). Sin embargo, si al final no se protegen las rentas de los más débiles y no se apuntalan a nuestras pequeñas y medianas empresas, el ascenso de Vox podría descontrolarse. Y esa probabilidad no es baja.