La obligación de decir no

Se supone que unas elecciones generales tienen por objeto dilucidar la formación de un gobierno que haga frente a las necesidades del país en que se celebran. Sólo así se entiende la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 23 de julio que fijó el presidente Sánchez al día siguiente de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Pero aquí, en España, por desgracia se ha navegado en dirección contraria desde que fueron conocidos los resultados de las elecciones del 23 de julio.

El hecho de que las dos principales fuerzas políticas españolas -PP y PSOE- obtuvieran casi el 65% de los votos populares, de que obtuvieran casi el 74% de los escaños en el Congreso –258 sobre 350–, ha sido irrelevante a la hora de alcanzar un acuerdo de gobierno entre ambos partidos. Eso no ocurre en ningún otro país de Europa, donde la necesidad de concierto entre ambos partidos principales no se discutiría, y sin embargo sucede en España.

Sabe que la amnistía es inconstitucional, no porque lo diga uno mismo, sino porque medio gobierno con el Sr. Sánchez a la cabeza se hartó de decírnoslo a los españoles hasta el 23 de julio

La incapacidad para ponerse de acuerdo ambos partidos ha conducido a una situación deplorable e insoportable. El hecho de que el PSOE pretenda fiar su investidura en un golpista, delincuente prófugo de la justicia, el Sr. Puigdemont, es entender el mundo del revés. Un fugado que dirige un partido, Junts, con sólo el 1,6% del voto nacional, que es el quinto partido en Cataluña, por detrás también del PP en aquella comunidad, no puede pretender condicionar la política española y no es aceptable que se le confíe ese arbitrio.

Y ese Sr. Puigdemont, desahuciado, despreciado y perseguido antes de las elecciones del 23-J, y ahora en rehabilitación por el gobierno de España, pone unas condiciones enloquecidas, comenzando por la amnistía de sus propios delitos para seguir con la independencia de Cataluña invocando la vía de la unilateralidad, es decir, del golpe de estado.

Es claro que ante tal suma de desmanes el problema y la falta de cordura no reside en el Sr. Puigdemont, sino en quien pretende ostentar la presidencia del gobierno de España. Porque ante ese disparate la única salida inteligible del Sr. Sánchez es decir sencillamente “No”. Sabe que la amnistía es inconstitucional, no porque lo diga uno mismo, sino porque medio gobierno con el Sr. Sánchez a la cabeza se hartó de decírnoslo a los españoles hasta el 23 de julio.

Sabe que la amnistía de los golpistas catalanes sería un acto aberrante que borraría el abrazo de la reconciliación en el que se fundó la salida de la dictadura franquista mediante la amnistía de 1977, y toda la obra democrática posterior. Sabe que la amnistía rehabilitaría el golpe de estado del 1 de octubre de 2017 y proporcionaría impunidad indebida a sus autores. Y que los efectos de esa impunidad serían demoledores para las Fuerzas de Seguridad del Estado, abandonadas a su suerte, y deslegitimadores para el poder judicial que hizo bien su trabajo después de aquellos hechos. Y que sería desastrosa para la mayoría de la población catalana, ajena al independentismo.

De nada sirve referir que se trata de “pasar página”, cuando parece que nada se ha leído y que, además, en ese pasar página se pueda acabar incendiando el libro y la biblioteca entera

Que la amnistía, en suma, se convierte en un acto de humillación hacia los ciudadanos que entienden que fuera de la ley sólo queda la jungla y la arbitrariedad.

Esta actitud del gobierno, que no dice “No”, ha tenido el efecto de envalentonar a un independentismo que perdió 700.000 votos en las elecciones del 23 de julio. Dar la llave de la formación de un gobierno en España a esa gente constituye una temeridad inadmisible.

En suma, esta situación interpela al gobierno de España, inmerso hasta ahora en una cháchara que a nada conduce. De nada sirve referir que se trata de “pasar página”, cuando parece que nada se ha leído y que, además, en ese pasar página se pueda acabar incendiando el libro y la biblioteca entera. “Desjudicializar” es otro término vacío de cualquier contenido: ¿desde cuándo los tribunales no tienen por función, constitucionalmente establecida, perseguir los delitos?. Como es término vacío expresar que todo se hará dentro de la “Constitución”, cuando es el gobierno mismo el que se ha cansado de decirnos a todos, hasta la misma fecha electoral, que la amnistía es inconstitucional.

Cuando observamos a los independentistas catalanes, tan ufanos de la barbaridad que hicieron y pretenden volver a hacer, el resultado es claro. Es un disparate seguir en ese proceso marcado por integristas y neocarlistas que nos devuelven a lo peor de la historia de España, a lo más tenebroso de la persecución de las conductas libres de los ciudadanos.

Lo interpela porque, una vez enredado el PSOE en los desatinos de tal integrismo, se deslizaría por una pendiente reaccionaria

Y la situación interpela al partido socialista más allá de la gran cantidad de voces de dirigentes históricos de ese partido, y que forman parte ya de su mejor historia, que estos días han denunciado esta situación. Lo interpela porque, una vez enredado el PSOE en los desatinos de tal integrismo, se deslizaría por una pendiente reaccionaria. Si pactase con los carlistas catalanes, sería ya un partido casi inerte, anestesiado, sin apenas masa ética ni intelectual que diera cuerpo a sus principios y obligaciones. Sería un partido, a plazo, cercano a su propia decadencia. A la irrelevancia.

Aceptar la receta envenenada de los supremacistas, envenena la mejor historia del PSOE. Y saber decir “No”, que no todo vale con el objetivo de permanecer en el gobierno, es la exigencia ética inevitable para no caer en el precipicio.

Es conveniente volver a releer a Agustí Calvet, alias Gaziel, el más lúcido e inteligente periodista catalanista del siglo XX y de lo que llevamos de este siglo XXI. Sus citas son inacabables, de una gran brillantez. Véase como botón de muestra: “La historia de Cataluña es esto: cada vez que el destino nos coloca en una de esas encrucijadas decisivas, en que los pueblos han de escoger, entre varios caminos, el de su salvación y su encumbramiento, nosotros, los catalanes, nos metemos fatalmente, voluntariamente, estúpidamente, en un callejón sin salida”. Lo escribió Gaziel a los pocos días del golpe de Companys en Barcelona, en octubre de 1934. Sus palabras resultan de una actualidad extraordinaria.

Es justo lo que sucede ahora, a la vista de todos. Un independentismo arrogante e imposible, que escoge el peor de los caminos y trata de meter ahora en un callejón sin salida a quien pretende gobernar España y así a la nación entera.

Debemos salir de ahí, de esa vía a ninguna parte distinta de la discordia, del enfrentamiento y de la fatalidad. Para cambiar ese destino funesto, que es evitable, pónganse de acuerdo los dos grandes partidos españoles, que recogen la voluntad de casi dos tercios del voto nacional.

Y si ese acuerdo fuera imposible, recúrrase al mal menor, la celebración de otras elecciones generales que sirvan para su auténtica finalidad: dilucidar la formación de un gobierno que afronte las necesidades de los españoles.