¡No va más!

Fin de las vacilaciones sobre el régimen constitucional de 1978. Después de 44 años, los manejos partidistas han terminado suplantando la representatividad democrática de la nación. Las Cortes ya no representan a “la nación del pueblo español” (art.2 y 66 CE), en un sistema electoral desfasado, de 1985, pues los grandes partidos, PSOE y PP, no obtienen mayorías desde 2011 y los partidos minoritarios, beligerantes contra la nación española, son decisivos para la mayoría parlamentaria a cambio de trozos de soberanía con cargo a la unidad y la igualdad de los españoles. Su efecto ha degradado el orden constituido.  Los grandes partidos, llamados nacionales, han sido incapaces de las reformas estructurales necesarias como han hecho en otros regímenes constitucionales de nuestro entorno (EE. UU., 27 enmiendas; Alemania, 60; Francia, 19…). La primera reforma, un sistema electoral cuyo resultado lo determinen los electores por mayoría desde la noche electoral, no los partidos y sus pactos de interés.

Veámoslo con perspectiva. Con las recientes elecciones generales, los españoles hemos sido llamados a urnas quince veces desde 1979 al 2023. Hemos tenido quince legislaturas en 44 años, pero sólo cuatro con mayoría absoluta de un partido: 2 del PSOE (González, en 1982 y 1986) y 2 del PP (Aznar, en 2000 y Rajoy en 2011). Las once restantes, que representan el 73,3 %, han sido 10 con pactos (1979,1989,1993,1996,2004), 1 con mayoría simpe (2008), y 3 sin mayoría (2015, 2016 y abril 2019).

Las 5 legislaturas habidas desde 2011, incluida la del 2023, han sido sin mayoría. Las 3 primeras (2015, 2016 y abril de 2019) no lograron investir un ejecutivo con mayoría. En 2018, Sánchez (PSOE, 84 escaños) forzó una moción de censura contra el gobierno en minoría de Rajoy, con 137 escaños, y logró sumar 180 votos a favor al pactar con la ultraizquierda (Podemos, 50; En Marea, 5; Compromís, 4; En Comú, 12), ultranacionalistas catalanes (ERC, 9; PDeCat, 8) y vascos (PNV, 5; Bildu, 2), y nacionalistas canarios (Nueva Canarias, 1 escaño).

Una mayoría anómala en la historia electoral española, pues el 53,3% de los escaños (96) no son del partido que pide la investidura (Sánchez, PSOE, con 84 escaños). En resumen, una mayoría a trozos, con fragmentos heterogéneos (se la denominó Frankenstein). La voluntad de poder de Sánchez, el providente, atado a las expectativas de sus socios que vieron la oportunidad de lograr lo impensable en la ventana de Overton.

Sánchez, el resistente, convocó elecciones generales anticipadas al grito “ya veis, el lobo está dentro: la amenaza a nuestro progresismo (intereses) es real”

Sánchez en la Moncloa por la moción de censura se sintió fuerte y convocó elecciones en abril de 2019. Obtuvo 123 escaños y no pudo construir una mayoría de investidura. Volvió a convocar elecciones generales en noviembre de 2019, pero fue peor: obtuvo 120 escaños, perdiendo 3. Y volvió a las andadas del pacto de la moción de censura: con ultras de izquierda y nacionalistas hasta sumar una mayoría exacta de 167 escaños (Frankenstein 2). Con esta mayoría ha mantenido el poder durante la XIV legislatura (2019-2023). El vuelco en las elecciones municipales y autonómicas de 2023 ha teñido de azul y verde la mayoría de las autonomías y municipios. Sánchez, el resistente, convocó elecciones generales anticipadas al grito “ya veis, el lobo está dentro: la amenaza a nuestro progresismo (intereses) es real”. Tuvo efecto: la suma del PP y Vox no suma.

Las recientes elecciones generales de 2023 mantienen la misma estructura sin mayoría. El PP ha obtenido 137 escaños (48 más que en la anterior), el PSOE ha logrado 1 más, 121 escaños. Sánchez, el tahúr, feliz en la noche electoral vio el terreno abonado para amañar el Frankenstein 3. Votos de la derecha, 11.177.348 (45,17%), votos de la izquierda, 10.774.976 (43,55%), votos nacionalistas, 1.616.988 (6,5%). ¡El poder es mío!: la suma de izquierda y nacionalistas, 12.341.964 (50,1%). ¿Es legal?, Sí. ¿Es legítimo?, formalmente sí, materialmente, no, desde el punto de vista de la responsabilidad con los principios y valores constitucionales y de la ética pública. Punto de vista que tienen más del 45 % de los votantes, incluidos bastantes de los que votaron izquierda. Sánchez y sus seguidores políticos y mediáticos saben que más de la mitad de la población considera ilegítimos los pactos Frankenstein, basados en la parcialidad y la desigualdad entre españoles. Estos pactos son estructuralmente inequitativos y por ello ilegítimos, pues no atienden al interés general.

Necesita y logrará, con pactos ambiguos y secretos, los votos del jefe del grupo criminal, huido de la Justicia, que desde la Generalidad malversó recursos públicos y dio un golpe contra la Constitución. Sánchez, el poderoso, lo hará compatible al prometer ante el Rey cumplir y hacer cumplir la Constitución, Conde Pumpido mediante. Lo importante es el poder, ¡imbéciles!. El negro será blanco gracias a la amnistía, con la suspensión ad hoc del Estado de Derecho (arts. 1.1, 9.1 y 3) y los delitos se disolverán como un copo de nieve en las manos del demiurgo Sánchez como ya hizo con la sedición.

De entrada, es una Constitución de consenso, roto ya desde los años ochenta del siglo pasado (los separatistas se tiraron al monte)

La relación entre instituciones y poderosos es estructuralmente conflictiva; siempre ganan los poderosos que las retuercen y amoldan a sus intereses. Así ha sido en toda nuestra historia constitucional desde 1812. El régimen constitucional está amenazado. De entrada, es una Constitución de consenso, roto ya desde los años ochenta del siglo pasado (los separatistas se tiraron al monte).

Estructuralmente es una Constitución débil, pues no contiene los mecanismos de control del poder; carece de contrapesos efectivos (checks and balances) contra los abusos de poder: no tenemos separación neta de poderes, sino división funcional de legislativo y ejecutivo. De hecho, quien controla el Ejecutivo tiene en sus manos al Legislativo y al Judicial (las reformas de González debilitaron la independencia del CGPJ).  Sánchez lo ejemplifica de forma palmaria.

Es una Constitución abierta en canal. El Titulo VIII, ha permitido, a través de la aprobación de los Estatutos de Autonomía, la modificación de la Constitución por la puerta falsa en función de pactos ajenos al interés general, a costa del fundamento del orden constituido: “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.

¡No va más!, dicho por el crupier, se oye en los casinos para poner fin a las dudas de los apostadores. Empieza el juego de poder de esta legislatura. Cuando Sánchez pase, como todo en la vida pasa, habrá que ver qué escenario queda después del naufragio: los españoles, superado el espejismo progresista, tendrán que decidir si siguen por la pendiente de degradación, teniendo como modelo las repúblicas bananeras, o emprenden la reconstrucción de los valores que fundamentan las naciones: la unidad (se funda en los nexos políticos y socioculturales, ahora rotos) y el progreso socioeconómico, ahora roto  (se basa en la libertad y el esfuerzo, creadores de riqueza; su indicador: el crecimiento de la renta per capita, estancado).