Decía el otro día un conocido jurista-tuitero, que posteriormente borró el tuit (y por eso lo cito de oídas), que la técnica política más reciente es siempre la misma: proyecto o proposición de ley increíble; se produce un asombro y escándalo generalizado en redes y en los medios no afines; después los afines encuentran, rebuscando, puntos concretos aceptables, en los que se centran; surge una iniciativa o acontecimiento político más escandaloso todavía que hace perder protagonismo a la primera; nos quedamos todos cansados de tanta emoción; se saca la primera propuesta un poco descafeinada con la precaria mayoría parlamentaria; ya nos da todo igual e incluso nos quedamos un poco aliviados de que no saliera la primera.

Es que no hay semana que no tengamos que llevarnos las manos a la cabeza por algo, y ya empieza uno a dudar que merezca la pena hacer análisis de fondo. Pero, en fin, algo habrá que decir de esa “Proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de las acciones judiciales abusivas”. Incluye varios cambios: reforma la acción o acusación popular; obliga a la inadmisión de querellas basadas en recortes de prensa; suprime el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y establece la abstención o posibilita la recusación de los jueces cuando hayan realizado manifestaciones a favor o en contra de actuaciones de partidos políticos y otras entidades parte en el procedimiento; también incluye la supresión de los delitos contra los sentimientos religiosos, lo que precisaría comentario aparte. El broche final es su disposición transitoria única en la que se establece que las modificaciones realizadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial serán de aplicación a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica, así como a los que comiencen con posterioridad a dicho momento.

Se puede configurar por ley -de hecho ésta ya la ha limitado a la acción penal- y ciertamente sería conveniente excluir a quienes la puedan usar de una manera torticera, como los partidos políticos (y así hace la proposición), pero no a las asociaciones judiciales (como también hace)

¿Es necesario hacer un análisis serio y detallado de la propuesta? Me cuesta, pero ciertamente de la acción popular se podría hablar: se trata de un mecanismo establecido en la Constitución (atención a esto) para fomentar la participación ciudadana en la Justicia y que completa la acusación pública del ministerio fiscal y a la privada de los agraviados. Se puede configurar por ley -de hecho ésta ya la ha limitado a la acción penal- y ciertamente sería conveniente excluir a quienes la puedan usar de una manera torticera, como los partidos políticos (y así hace la proposición), pero no a las asociaciones judiciales (como también hace). Pero lo malo es que establece la necesidad de que exista un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente, aparte de limitar su intervención a ciertas fases del proceso, lo que supone vaciar de contenido la acción.

En cuanto a los recortes de prensa, es cierto que había algún auto del TS indicando la inconveniencia de que la acción se basara solo en recortes de prensa (por ejemplo, el Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 20108/2023, de 13 febrero), pero ni eso es jurisprudencia ni debe excluirse con carácter general y menos cuando parece hecho a propósito para casos concretos pasados. Y de la mordaza a los jueces ¿qué decir?: sin duda, es conveniente que éstos se muestren sobrios e imparciales, pero de ahí a que se les pueda recusar con que hayan hecho una crítica con algo remotamente conectado con el asunto hay un buen trecho.

Así que la regeneración democrática y la lucha contra el lawfare era esto: inutilizar la acción popular (de modo probablemente inconstitucional, aunque esto ya poco importa), cuando ha permitido iniciar casos tan relevantes como los de Gürtel o Urdangarín; dificultar el inicio de acciones judiciales y silenciar a jueces bajo la amenaza de ser fácilmente recusados en cuanto se pronunciaran, aunque sea indirectamente sobre cualquier cosa conectada con el asunto. Y todo ello, señores y señoras, con carácter retroactivo, lo que lo puede convertir en una medida indirecta de efectos amnistiadores sobre ciertos casos que resultan especialmente perturbadores para el Ejecutivo, o sea, una ley ad hoc.

Hay una nueva política que consiste en hacer lo que convenga para conservar el poder, incluso aunque eso pueda comprometer el futuro del propio partido, que cae en un desprestigio e inanidad evidentes sin que nadie se atreva a discrepar

Pero, en el fondo, da igual el razonamiento que se haga, porque no se trata de debatir y buscar argumentos que no van a convencer a quien no quiere ser convencido. Es más, es que se usa la vía de proposición y no la del proyecto de ley para evitar en la medida de lo posible todo informe oficial que pueda desvirtuarla. Y es que de lo que se trata es de continuar el relato de persecución judicial, reforzando el mensaje para los suyos, que hay que mantener polarizados. Hay una nueva política que consiste en hacer lo que convenga para conservar el poder, incluso aunque eso pueda comprometer el futuro del propio partido, que cae en un desprestigio e inanidad evidentes sin que nadie se atreva a discrepar, no vaya a ser que caiga en desgracia y pierda su modo de vida. Es un presentismo total, un carpe diem político al que le importa poco lo que le ocurra a uno mismo y a los suyos en el futuro, siempre incierto, aunque un poco menos si se controlan instituciones decisivas como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía o el CGPJ. Ni siquiera importa que esas reformas tan controvertidas puedan ser utilizadas por el enemigo político si llega al poder: solo interesa el poder de hoy, el aquí y ahora, como fruto quizá de un individualismo filosófico que viene de lejos.

La esperanza de que ocurra lo correcto

Y eso es muy malo, porque nos quita a los ciudadanos la esperanza de que triunfe el sentido común, de que ocurra lo correcto. La única esperanza sería algo que no tenemos: una oposición firme, coherente y con principios que otorgara un mensaje ético en el que se incluyera el compromiso de no aprovecharse de las tropelías insertadas por el poder actual en el sistema y de no mercadear sobre ciertas cosas en función de las conveniencias, incluso electorales. En otros tiempos quizá cupiera el tacticismo, pero cuando peligra lo esencial se precisa claridad de ideas y firmeza. Seguro que muchos ciudadanos lo entienden así.

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