Las nacionalidades, contra la nación española

Pese a la insistencia de algunos, nación y nacionalidad no son lo mismo; no son equiparables en términos políticos y constitucionales. La nacionalidad es la condición personal de pertenencia a una determinada nación como realidad sustantiva (v.g. todos los españoles somos de nacionalidad española). Veamos su errónea equiparación que sirve a los intereses separatistas:

La nación es una realidad objetiva: es el espacio, físico, cultural, simbólico y espiritual de la comunidad nacional donde vivimos y obtenemos los recursos para sobrevivir, afianzarnos y prosperar. Aporta un sentido de pertenencia, seguridad y proyección a los avatares del devenir personal y colectivo. Es, por tanto, un valor vital, funcional; en absoluto esencial. Hay naciones de larga duración histórica, como España, Francia o Inglaterra; otras, más recientes. Las naciones, como todo lo humano están sometidas a la voluntad de poder, esto es, están en guerra siempre en un sentido amplio. Sólo hay que ver el mapa de Europa del último siglo: poder de influencia, alianzas, traiciones, guerras de expansión, destrucción, dominación, exterminio, limpieza étnica…Vae victis! (¡Ay de los vencidos!).

Las naciones que permanecen saben defender la unidad por encima de todo y expandir su legado e intereses. Desde la Edad Moderna, España ha sido atacada por enemigos internos y externos. Si centramos la atención en España (sin contar con el Imperio global español), en el siglo XVII, la traición de las élites catalanas nos hizo perder el condado del Rosellón, Conflent, Vallespir y parte de la Cerdaña a favor de Francia (Tratado de los Pirineos de 1659). En el siglo XVIII, en 1704, los ingleses se apoderaron del peñón de Gibraltar donde todavía permanece una colonia en suelo europeo. En el siglo XX, élites catalanas antiespañolas, en diversos momentos, han intentado separar Cataluña de España (1931 y 1934). En el siglo XXI, los separatistas catalanes utilizaron las instituciones autonómicas —transferidas por el Estado, cuyo titular soberano indiviso es el pueblo español— contra España en otro intento de secesión (2017) y en ello siguen, por diversos medios. La estrategia del Estado durante 40 años ha sido, básicamente, reactiva: ceder, dejar hacer, mirar para otro lado; en 2002, Marruecos intentó ocupar el islote de Perejil y pugna, por diversos medios (poder militar, influencia internacional, control aéreo y marítimo, ocupación demográfica…) para apoderarse de Ceuta, Melilla y Canarias. Conviene recordarlo. La integridad de las naciones no es algo dado, exige valor y responsabilidad constante de los poderes públicos y de los ciudadanos.

El régimen autonómico es usado, anticonstitucionalmente, por los nacionalistas como autarquías étnico-identitarias, esto es, racistas, xenófobas y antiespañolas, con dejación del Estado

En cambio, la nacionalidad es una condición personal, normalmente por razón de origen, de nacimiento. También puede ser por decisión personal, por adopción, e incluso compartir más de una nacionalidad por las circunstancias biográficas de algunas personas. En general, todos los franceses son de «nacionalidad» francesa con independencia de su lugar de origen; todos los españoles son de «nacionalidad» española (navarros, castellanos, aragoneses, vascos, andaluces, canarios, catalanes, gallegos…). La vivencia individual de la nacionalidad difiere en los ciudadanos entre dos extremos: desde la conciencia de pertenencia y compromiso responsable a la traición, pasando por la incuria y la indiferencia. A estas conductas hay que añadir, en la historia contemporánea de España, a los oportunistas de toda calaña, en especial el negocio entre separatistas y políticos españoles a cargo de la soberanía de la nación (véase en la Restauración, la II República y ahora en la Constitución actual).

Cada generación construye su condición nacional en la familia, en la vida social, en la educación y los medios de comunicación. La pervivencia de la nación exige una abundante masa crítica de ciudadanos y autoridades comprometidos, en nuestro caso, por España, su unidad y futuro. Por el contrario, el régimen autonómico es usado, anticonstitucionalmente, por los nacionalistas como autarquías étnico-identitarias, esto es, racistas, xenófobas y antiespañolas, con dejación del Estado, empeñadas en «arrebatar» la españolidad a los ciudadanos sometidos a su control. Lo van logrando: en 14 legislaturas, entre 1977 y 2019, los nacionalistas han triplicado su representación en las Cortes. Sin ellos no habría gobierno Sánchez ni posibilidad de mantenerse en el poder en 2023. En esta legislatura, Sánchez ha roto los contrapesos (ya de por sí frágiles) de los poderes constitucionales: legisla a interés de parte y crea inseguridad jurídica (indulta a golpistas y les anula la sentencia del Supremo —fuera sedición, más fácil la malversación—; maniata al CGPJ; sus peones controlan el Tribunal constitucional; la ley Celaá rompe la unidad del sistema educativo: los separatistas, imponen una educación nacionalista y excluyen el español; los medios de comunicación públicos, estatales y autonómicos, son voceros del poder sectario, del progresismo y del nacionalismo ofensivo y divisor.

Los atávicos nacionalismos antiespañoles, vasco y catalán, han encontrado un filón que han explotado con éxito durante 40 años con el beneplácito de los gobiernos de España, carentes de visión y compromiso

La locución constitucional de «nacionalidades y regiones» (art. 2) une erróneamente la condición subjetiva de nacionalidad —no puede ser otra que la española para todos los ciudadanos españoles— con la condición objetiva de las regiones territoriales, de distinta configuración y tamaño, a través del tiempo, y del nuevo diseño, aún inconcluso, por decisión política, a través de los estatutos de autonomía. Puerta falsa abierta a la modificación constitucional, según el juego de los intereses, como ha sucedido: atribuir significado objetivo proto-nacional o simplemente nacional al término nacionalidad. Las regiones aspiran a ser nacionalidades en un proceso creciente de diferenciación. Los atávicos nacionalismos antiespañoles, vasco y catalán, han encontrado un filón que han explotado con éxito durante 40 años con el beneplácito de los gobiernos de España, carentes de visión y compromiso. La lógica centrífuga sin contrapesos se ha impuesto; hemos vuelto, mutatis mutandis, al fraccionamiento del Antiguo Régimen tan caro en privilegios para el poder de las élites nacionalistas, pero tan funesto para los intereses genuinos de los españoles, como tuvimos trágica experiencia en el desquiciamiento suicida de la I República y el sectarismo cainita de la II. Siempre volvemos, ciegos de conocimiento, a los mismos errores una y otra vez.

Hoy, la interesada pax sanchista agranda el germen del conflicto: ha exacerbado las expectativas de poder nacional antiespañol de sus socios separatistas y afines (PNV-BILDU, ERC-JuntxCat-CUP-Comunes…), por su estricto interés de mantener su poder personal.

La confusión entre nacionalidad y nación se debe, al margen de los motivos interesados apuntados, por la transformación del significado de nación a través de la historia: evolución de un significado primario —biológico, territorial y cultural— (el término nación procede del latín natio = raza, pueblo, de nascor = nacer), a otro social, político y jurídico.

Durante la Edad Moderna se denominó «naciones» a grupos humanos, como los mercaderes, por el origen de sus mercancías, así en Brujas o Medina del Campo, pongamos por caso

La nación biológica, vinculada a un territorio delimitado y unas tradiciones esenciales, está asociada a grupos humanos unidos por vínculos de parentesco (marcadores étnicos). Ha sido desacreditada por la recombinación y el mestizaje entre poblaciones de migrantes a través del tiempo (Cavalli-Sforza, L.L. (1997), Genes, pueblos y lenguas: «nunca ha habido razas puras», «las poblaciones llamadas blancas son la mezcla de poblaciones asiáticas y africanas»).

Durante la Edad Moderna se denominó «naciones» a grupos humanos, como los mercaderes, por el origen de sus mercancías, así en Brujas o Medina del Campo, pongamos por caso. En las universidades, profesores y estudiantes se encuadraban en «naciones», sin contenido político. Por ejemplo, en la universidad de París, ingleses y alemanes aparecían en la nación inglesa, y la francesa integraba a estudiantes españoles e italianos.

Desde la Ilustración se produce el desarrollo teórico y constitucional de la idea sociopolítica y jurídica de nación. Las obras de pensadores como Hobbes, Kant, Rousseau y, especialmente, el pensamiento liberal de Locke desarrolló el sentido cívico de nación mediante el pacto constitucional en la doble dimensión del pacto de unión para la protección de la vida, seguridad y propiedades (pactum unionis), y del pacto de sujeción, de obediencia a la autoridad que en el constitucionalismo moderno es el Estado de Derecho (pactum subjectionis).

La vía del desarrollo civilizado quedaba abierta frente a la tiranía, la división, el desorden, la barbarie y el empobrecimiento, como tantas veces ha sucedido y está, actualmente, sucediendo: la guerra nacionalista de dominio ruso contra Ucrania impone otra vez la barbarie de la muerte y destrucción en suelo europeo, y, en la España actual rebrotan los dos totalitarismos aciagos para la civilización: los nacionalismos étnico-identitarios y el comunismo, ahora también identitario; ya no las masas amorfas guiadas por el líder supremo, sino atrapadas en burbujas identitarias ideologizadas: mujeres, sexos, trans, anti patriarcales, verdes, animalistas, ocupas, anticapitalistas… Estas amenazas se ciernen sobre la fortaleza de la unidad, libertad y Derecho, tan arduas de construir, durante centurias, por el pueblo español. Puede expresarse en esta paráfrasis de Virgilio sobre el gran esfuerzo que supuso construir Roma (Eneida I,33): Tantae molis erat hispaniam condere gentem.

—¿Qué partido es capaz de trasladar esta necesidad imperiosa a los electores, seducidos por el canto de sirenas del «progresismo sin progreso» y alucinados por el espejismo plurinacional?

—¿Qué líder es capaz de revertir la tendencia disolvente y hacer compatible la unidad nacional, de ciudadanos libres e iguales, con regiones y municipios según criterios funcionales de eficacia y economía?