La nueva ley de educación promovida e impuesta por Podemos, el PSOE de Sánchez y los separatistas ha vuelto estos días a ocupar el frontispicio del debate público por dos motivos: el duro choque parlamentario entre el diputado del PP, Juan José Matarí y la ministra del ramo y la presentación por parte del Grupo de Vox en el Congreso de un recurso de inconstitucionalidad ante el TC de esta norma abominable. El caso de Matarí es realmente sangrante: Cuando el representante popular interpela a la ministra sobre la tremenda agresión perpetrada en la ley contra los centros de educación especial y hace referencia en su intervención a su hija Andrea, aquejada de síndrome de Down, que gracias a la atención específica recibida en una de estas indispensable instituciones ha conseguido un grado universitario y su plena inclusión laboral y social, la ministra Isabel Celaá le acusa en un tono desabrido y despreciativo de no tener ni idea del mundo educativo ni de sus problemas, de preferir una educación entendida como mercancía sujeta a demanda en lugar de un derecho y de pertenecer a una formación que nada ha aportado al progreso de nuestro país.
Lo que Isabel Celaá dejó en evidencia este miércoles es que este Gobierno alberga, en algunos de sus miembros, dosis considerables de maldad
Ni una referencia amable o comprensiva a la situación familiar del diputado, a los esforzados y admirables sacrificios y dedicación ejercidos por unos padres ejemplares para sacar adelante a Andrea hasta conseguirlo con éxito, ni una señal de simpatía o de amabilidad frente a un problema humano que como tal se sitúa por encima de enfrentamientos partidistas. Tan sólo prepotencia, descalificación gratuita, puro rencor. No cabe duda de que en el Gobierno que padecemos abunda el sectarismo, pero lo que Isabel Celaá dejó en evidencia el pasado miércoles es que alberga en algunos de sus miembros dosis considerables de maldad.
En cuanto al recurso presentado por Vox ante el TC, revela las evidentes diferencias entre esta organización y su principal rival en el campo liberal-conservador. Mientras el PP se mostró en principio contrario a dicha iniciativa en la Asamblea de Madrid negándole su apoyo en la Junta de Portavoces, Vox ya la ha formalizado este jueves pasado ante el Supremo Intérprete de nuestra Norma Suprema por vía de su Grupo en el Congreso. Ahora el PP anuncia su propio recurso, pero tarde, rectificando y a remolque de su posible némesis. Las vacilaciones, complejos y falta de una sólida base conceptual general de aplicación inmediata a los temas concretos es una de las debilidades más obvias de quién aspira a ser la casa común del centro-derecha.
Su asfixia de la enseñanza concertada debilita la libertad de educación procurando el gregarismo en las aulas dominado por el pensamiento único progresista políticamente correcto
Recordaba recientemente José J. Jiménez Sánchez que depositar la soberanía última en el pueblo, en la opinión pública, fue la forma en que los pensadores liberales clásicos acabaron resolviendo la paradoja, que tanto atormentó a Hobbes, de que un poder absoluto sólo puede ser contenido por otro aún más absoluto, con lo que este proceso opresivo no se detiene jamás. Sin embargo, la sabia máxima de que para que el Gobierno dependa de la opinión, la opinión ha de ser independiente del Gobierno, junto con el principio de la separación de poderes, son dos pilares irrenunciables de una democracia verdadera, viable y saludable. Pues bien, este esquema es el que está en serio peligro en España y la ley Celaá es uno de sus instrumentos más malignos y eficaces. Su fragmentación de los métodos evaluativos y de los contenidos curriculares, privando al Estado de su control en favor de las Autonomías, permite el imparable avance de la destrucción de esa soberanía indivisible radicada en el conjunto de los españoles como un todo; su asfixia de la enseñanza concertada debilita la libertad de educación procurando el gregarismo en las aulas dominado por el pensamiento único progresista políticamente correcto; su cruel supresión de la educación especial condenando a los niños con capacidades distintas a una falsa inclusividad que los aboca a la discriminación, la frustración, el sufrimiento y el fracaso y la eliminación del carácter vehicular de la lengua común son las piezas maestras de un plan de arrasamiento de nuestro orden social.
Abandonados a su desgracia
Para que la soberanía popular adquiera sentido, los ciudadanos han de poseer un alto grado de formación y de conocimientos no sesgados que les conduzcan a sentar un criterio fundamentado a la hora de emitir su voto y dotarse así de los gobernantes acordes con sus deseos, aspiraciones, valores y necesidades. La Ley Celaá se mueve en sentido exactamente contrario, la transformación de la sociedad española en un rebaño indefenso frente a la manipulación y la mentira de unos medios de comunicación crecientemente orientados por el Gobierno, de un Parlamento a merced del Ejecutivo al estar constituido por empleados del omnímodo jefe de partido y de un poder judicial bajo amenaza creciente de perder su independencia y su imparcialidad. En relación a la cuestión que con tanta razón inquieta al diputado Juan José Matarí, la intención es aún más aviesa. Si miles de españoles con necesidades educativas especiales son desposeídos de los medios necesarios para superarse y tener vidas plenas y satisfactorias para ser abandonados a su desgracia, ¿cuál es la probable consecuencia en el momento en que sus padres durante la gestación deban optar por uno u otro camino respecto al futuro de este niño o de esta niña que merece toda su devoción y al apoyo de la sociedad en general? No respondo explícitamente a este interrogante lacerante porque me detiene la náusea moral.
Esa es, pues, la clave de la Ley Celaá, la de ser un engranaje de terrible efectividad en el cumplimiento de una agenda antropológica e ideológica que la Historia ya ha sepultado por los horrores que ha provocado allí donde se ha hecho y todavía se hace realidad. El hecho de que no pocos en la España actual hayan empuñado la pala del guerracivilismo, el odio y la intolerancia para desenterrar siniestros esqueletos que siembren la incertidumbre, la miseria y la división violenta en nuestra hasta ahora pacífica y próspera sociedad, nos llama a la movilización y a la acción antes de que sea demasiado tarde. Primera cita: la batalla de Madrid el próximo 4 de Mayo. Hay que echar el resto porque lo que está en juego no es de naturaleza solamente política, es de naturaleza existencial.