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Opinión

Peligra la igualdad, no España

El debate de la autodeterminación esconde otra reivindicación independentista más peligrosa porque es factible: que la Generalitat recaude los impuestos en Cataluña y luego liquide con el Estado

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en el Parlamento Catalán en 2017

La sabiduría popular atribuye al canciller alemán Otto Von Bismarck esta deliciosa ironía, nunca sabremos si suya o fruto del fértil imaginario de aquella España del siglo XIX sumida en la primera de una larga lista de crisis existenciales y guerras civiles que invitaban a la perplejidad de los viajeros románticos: "España es el país más fuerte del mundo; los españoles llevan siglos intentado destruirla y no lo han conseguido"Se non é vero e ben trovato, diría cualquier italiano de esa estirpe de grandes fabuladores del sur de la bota que también nos padeció.

Porque, si algo ha quedado claro tras el fallido referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017 es que España no la van a romper los actuales independentistas catalanes; carecen de fuerza suficiente para llevar adelante la secesión, tal reconoce hasta el padre de la Cataluña moderna, Jordi Pujol, y demuestra el hecho de que en la consulta del procés solo participara un 43% del total del censo de las cuatro provincias.

¿Por qué razón poco más de dos millones van a imponerse a otros tantos o más catalanes españolistas -el 57% restante de ese censo que ellos mismos dan por bueno- y al cien por cien en el resto del Estado? ¿Alguien cree que Europa está por la labor de dejar que se desestabilice su frontera sur, la puerta con África? ¿Y que Emmanuel Macron, o quien le suceda en la Presidencia de Francia, permita un nuevo Estado en la esquina sudeste del Hexágono que lo primero que haría sería reivindicar la Catalunya Nord, capital Perpignan? ¿Hablamos en serio?… El que debería responder a todas estas preguntas desde su exilio en Waterlóo -mejor dicho, debería haberlas respondido antes de embarcar a tanto incauto en su república inventada- es ese huido de la Justicia de nombre Carles Puigdemont que aumenta su fuerza gesticulante inútil a medida que se apaga el eco de la causa.

Lo que estamos viviendo es el segundo acto de una gran ópera bufa, durante el cual quienes se convirtieron en problema desestabilizador en 2017 se van a ofrecer ahora como solución “a cambio de” reconocer algún tipo de pacto fiscal con Cataluña

No, España no peligra… pero sí la igualdad entre los españoles porque lo que estamos viviendo es el segundo acto de una gran ópera bufa, durante el cual, quienes se convirtieron en problema desestabilizador en 2017, se van a ofrecer ahora como solución “a cambio de” conceder algún tipo de pacto fiscal: a saber, Cataluña, en virtud del nuevo Estatut que alumbre la mesa negociadora de Pedro Sánchez y Pere Aragonès, se saldría del sistema general, ese pacto quinquenal entre el Estado recaudador y catorce autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y pasaría a recaudar todos los impuestos, como el País Vasco y Navarra, mediante el sistema de concierto/cupo anual.

¿Y cual es el problema?, se preguntarán. Sobre el papel, ninguno; en teoría, tanto tendría que dar que cualesquiera autonomías se financie de una u otra manera, porque el beneficiario del cupo paga al Estado su parte por servicios no transferidos -6,24% en el caso vasco-. Sin embargo, la experiencia indica que, a lo largo de estos 40 años, eso nunca se ha cumplido. Son tantas las excepciones que los 11.000 millones anuales que, en teoría, debería ingresar País Vasco a las arcas del Estado, se quedan en 1.300.

Es decir, que sus arcas llevan sobrefinanciadas décadas con el odiado Madrid mirando para otro lado, lo cual ha permitido a los sucesivos gobiernos, fundamentalmente del PNV, ganar votos, por ejemplo, adelantando en tres años la extensión a 14 semanas del permiso de paternidad a sus funcionarios o rebajando en cuatro puntos el impuesto de sociedades a sus empresas, además de que puede sacar pecho con una sanidad y una educación públicas envidiadas en el resto de España.

Es lo que Albert Rivera y Ciudadanos motejaron en 2018 de cuponazo en medio de la negociación del lendakari, Íñigo Urkullu, y del último Gobierno de Mariano Rajoy. Aquella protesta parlamentaria, puramente testimonial, ya puso muy nervioso a un PNV que mira con recelo cada reapertura del debate público sobre la extensión del sistema a Cataluña porque sabe que, antes de que ese imposible se produzca, País Vasco y Navarra lo perderían… con el aplauso de una UE que nunca ha visto el concierto/cupo con buenos ojos.

¿Alguien se imagina a España haciéndose el hara-kiri fiscal al permitir que el 28% de su riqueza nacional, la que suman Cataluña, País Vasco y Navarra, tribute fuera del sistema general de Hacienda?

No lo duden, sistema tan singular ha sido posible mantenerlo, primero, porque pacta sunt servanda: fue constitucionalizado en su día y eliminarlo requiere una reforma de la Carta Magna de 1978 que ni PSOE ni PP quieren abrir; segundo, porque la violencia de ETA durante estas cuatro décadas hizo aconsejable no tocarlo, dicho de la forma más diplomática posible; y tercero y más importante para el momento que nos ocupa, porque las economías vasca y navarra sólo aportan el 9% al PIB español en su conjunto.

Dicho de otra manera: Cataluña, al igual que Madrid, representa el 19% del PIB nacional… ¿Alguien se imagina al Estado Español haciéndose el hara-kiri fiscal al permitir que el 28% de su riqueza nacional, la que suman Cataluña, País Vasco y Navarra, tribute fuera del sistema general? Peor aún: ¿alguien se imagina a los Ximo Puig, Emiliano García Page, Guillermo Fernández Vara, Javier Lambán, Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno Bonilla o Alberto Núñez Feijóo permitiéndolo?

¿Por qué entonces vuelve ese debate a la esfera pública? Pues porque muchos de ellos intuyen que el independentismo lo va a intentar y ven al Gobierno demasiado ensimismado en la Agenda del Reencuentro, donde se propone abiertamente “estudiar los planteamientos tributarios” de la Generalitat. A Rajoy ya le amenazó en septiembre de 2012 el entonces president de la Generalitat, Artur Mas, con organizar un referéndum de autodeterminación si no le daba un Pacto Fiscal y lo cumplió; él en 2014 y su sucesor, Puigdemont, en 2017. Y los barones tanto del PSOE como del PP temen que Pedro Sánchez y el flamante ministro de Política Territorial y todavía líder del PSC, Miquel Iceta, que tienen pavor a que se repita la historia, cedan ahora.

Es el ‘fuero’, no el ‘huevo’

Por eso, y porque Iceta se ha descolgado con unas declaraciones en las cuales señala que autodeterminación no, pero que del “déficit” de Cataluña sí se va a hablar en la mesa de los dos gobiernos, es por lo que el resto de los presidentes autonómicos tienen la mosca detrás de la oreja. “No aceptaré nunca un reparto fiscal en función de territorios porque los impuestos los pagan los ciudadanos”, me señalaba en privado el viernes pasado uno de esos siete barones del régimen fiscal común.

Intuye que “alguna suerte de Pacto Fiscal” para Cataluña sí está dispuesto a poner La Moncloa sobre la mesa con los independentistas, aunque sea al precio de garantizar la suficiencia financiera de los servicios del resto de comunidades para tapar bocas; y no está dispuesto a tragar, dice. Porque “se trata del fuero de todos, No del huevo de Cataluña”. Atentos.

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