En la mesa de diálogo el Gobierno y la Generalitat de Cataluña pueden hablar de todo, no negociar de todo, porque la financiación autonómica nos afecta a las 14 comunidades del régimen común (todas menos País Vasco, Navarra y Canarias); todos tenemos déficit, pero el acumulado por Cataluña en la última década tiene más que ver con gastos como las 'embajadas' y con mantener una estructura audiovisual (TV3) gigantesca para consolidar el procés independentista, que con el gasto en sanidad y educación propiamente dicho. Así que, si quieren seguir manteniendo esos gastos y montar otros ocho canales de TV, que lo hagan… pero que se lo paguen ellos y no afecten a los ambulatorios y las escuelas del resto de España”.

Esta reflexión forma parte de una conversación mantenida este viernes por Vozpopuli con una fuente muy próxima al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, que el resto de los presidentes autonómicos de PSOE y PP consultados comparte aunque la mayoría de los socialistas prefieran evitar el cuerpo a cuerpo con los independentistas para no echar por tierra el incipiente diálogo abierto por Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès.

Cualquier cambio en el sistema común deberá ser aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), recuerdan estas autonomías, y muchas de ellas, de ambos colores políticos, no dudarán en votar en contra si perjudica a sus ciudadanos.

El presidente castellano-manchego pone un ejemplo: Fuenlabrada tiene la misma población que toda la provincia de Cuenca, pero el municipio madrileño da atención ambulatoria a sus 135.000 habitantes con tan solo cuatro centros sanitarios, mientras que la provincia conquense con su población diseminada necesita 32 ambulatorios y, por tanto, muchísimo más presupuesto para dar servicio al mismo número de españoles que en Fuenlabrada. “La financiación autonómica está para eso, para llevar la igualdad real entre españoles y paliar ese desequilibrio u otros en educación o dependencia, no para seguir manteniendo las políticas de desafío independentista”, insiste su entorno.

Ximo Puig en alusión al Pacto Fiscal: la resolución del conflicto catalán no puede lograrse sobre la base de “aumentar las brechas ni proveer de nuevos privilegios a nadie”

Su compañero en el PSOE y presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, menos beligerante en el tono contra el independentismo, se muestra igual de duro en el fondo de la cuestión y en su aviso a Sánchez y al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta: cuarenta años después de promulgada la Constitución, la resolución del conflicto político y social catalán surgido tras el referéndum ilegal del 1-O de 2017 no puede lograrse sobre la base de “aumentar las brechas ni proveer de nuevos privilegios a nadie”.

”Nosotros -prosigue Puig en declaraciones a este periódico- tenemos una posición de respeto a la singularidad de los territorios y a la igualdad entre los ciudadanos. Hay que respetar, sin duda, la singularidad pero nunca en perjuicio de la igualdad entre los ciudadanos. De hecho, en este momento la exigencia de la reforma del sistema está basada en el hecho de que no se cumplen ni la Ley Orgánica (LOFCA) ni la propia Constitución”.

Precisamente, en este último aspecto es en el que más pone el acento el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Prefiere, como Puig, no entrar en un cuerpo a cuerpo con Cataluña ni prejuzgar la negociación que ha empezado el Gobierno con el Ejecutivo independentista de ERC y Junts per Cat sostenido por las CUP, para no echarla por tierra. “Nuestra posición es la misma de siempre: suficiencia financiera para gestionar las competencias”.

La mayoría de mandatarios del PSOE y del PP ven con recelo que Iceta ponga desde tan temprano el acento en cómo resolver en esa mesa bilateral Estado/Generalitat el “déficit” que arrastra Cataluña

"Suficiencia financiera". Esa expresión vamos a oírla mucho durante los próximos meses porque va a ser clave de los tira y afloja entre el Gobierno, Cataluña y el resto de comunidades; y eso en un escenario macroeconómico en el que, aun con rebote del PIB tras la pandemia, los ingresos del Estado son los que son. Muy escasos y disminuidos. Por eso, la mayoría de mandatarios, tanto del PSOE como del PP, ven con recelo que Iceta ponga desde tan temprano el acento en cómo resolver en esa mesa bilateral Estado/Generalitat el “déficit” que arrastra Cataluña.

Se preguntan si, al final, va a resultar que todo el conflicto del procés fue para forzar un nuevo reparto del “dinero de todos” los del régimen común; para acabar logrando por la fuerza salirse del mismo y pasar a beneficiarse de un concierto/cupo como el vasco o el navarro, que Jordi Pujol rechazó en 1978 -cuando se redactó la Constitución- y que Artur Mas exigió, sin éxito, a Mariano Rajoy en septiembre de 2012, casi 34 años después y con la Generalitat camino de la actual quiebra. Eso sería tanto como si el Estado se aviniera a “alquilar el lo volveremos a hacer” independentista, advierte el entorno de Page.

Desde Andalucía, el ejecutivo del popular Juan Manuel Moreno Bonilla recuerda que el Gobierno de Sánchez ya dijo hace meses que “en esta legislatura no se retomaría la financiación autonómica” y va a estar vigilante para que la resolución del conflicto con Cataluña no altere las reglas generales del sistema en perjuicio de los demás.

Moreno Bonilla critica a Montero

Andalucía es junto a Comunidad Valenciana y Región de Murcia la autonomía más perjudicada por el actual sistema de reparto. Según nuestros cálculos, entre 2009 y 2021, hemos dejado de percibir 10.835 millones de euros entre el déficit de financiación y el reparto de los fondos covid, que se ha hecho aplicando el criterio del PIB y no de población ajustada. Andalucía representa el 13% del PIB pero el 18% de la población”, insiste en un planteamiento diferente, por ejemplo, al que hace Page porque tiene la población castellano-manchega más diseminada.

De hecho, está prevista otra nueva cita entre el socialista Puig y el popular Moreno Bonilla en septiembre a fin de reclamar al Gobierno de Sánchez un Fondo Transitorio Compensatorio que alivie las necesidades financieras de esas tres comunidades y que haga de contrapoder al diálogo bilateral entre el Estado y la Generalitat catalana.

Moreno es muy crítico con la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ex consejera de Hacienda, porque ha pasado de exigir la variable “población real” cuando era consejera andaluza de Hacienda en los gobiernos de Susana Díaz a reclamar un reparto por PIB, algo que beneficiaría especialmente a comunidades como Cataluña o Madrid.

Ayuso: “Van a tratar la financiación de infraestructuras como El Prat o el servicio de Cercanías mientras los 5.100 millones ya aprobados para Madrid continúan sin ser ejecutados con un servicio de Cercanías”

Aún así, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso avisó este viernes a Pedro Sánchez que no va a permitir que para pagar “la fiesta independentista”, como suele denominarla, se “maltrate” a los madrileños. Durante su intervención en la clausura de los cursos de verano de la organización de autónomos ATA, Ayuso alertó de que Pedro Sánchez quiere utilizar los fondos europeos como un sistema de financiación bis, por la puerta de atrás para favorecer sus pactos con ERC.

Y mientras, “van a abrir una mesa de diálogo para tratar la financiación de infraestructuras como El Prat o el servicio de Cercanías mientras los 5.100 millones ya aprobados para Madrid continúan sin ser ejecutados con un servicio de Cercanías, como todo el mundo puede observar, deficitario", añadió en referencia a las palabras del ministro Iceta.