¿Gobierno progresista? ¡Anda ya!

Ni el ¡Maura No! que aglutinaba en la primera parte del siglo XX a los encendidos rivales políticos de don Antonio concitó tanta coincidencia como el rechazo a los execrables pactos que ha ido suscribiendo Pedro Sánchez para garantizar su continuidad en La Moncloa. Sin duda, es la comprometida amnistía y los peligrosos aledaños que la acompañan -entiéndase la aplicación del llamado lawfare- lo que más ha despertado la indignación colectiva pues, como acertada y fundadamente han señalado el Consejo General del Poder Judicial y todas las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, la proyectada revisión por órganos políticos de las resoluciones judiciales supone la muerte de la separación de poderes y por ello del Estado de Derecho.

Por si lo anterior no resultara ya espeluznante, la lectura de los diferentes acuerdos suscritos por los legionarios de Sánchez revela con sorpresa que su contenido supone una feroz agresión a los principios de igualdad y solidaridad, faros que deberían iluminar la acción política de un partido y de un Gobierno que constante y cansinamente se autoatribuyen la condición de progresista. Nunca fue más aplicable el dicho popular que reza: Dime de lo que presumes y sabré de lo que careces.

Pocas cuestiones pueden ser más contrarias a la igualdad que amnistiar a todos los políticos que delinquieron durante un buen número de años para conseguir ilegalmente su objetivo de la independencia para la región de Cataluña. Y más si el motivo para amnistiarles consiste en la necesidad de contar con el voto de un reducido grupo de diputados para que un candidato a presidente de Gobierno logre ser investido. Supone tratar de modo desigual a los delincuentes, según sean o no políticos, según sea o no necesario obtener su permiso para que Sánchez permanezca en La Moncloa.

También es profundamente desigualitario haber pactado la condonación por el Estado de 15.000 millones del importe que le adeuda la Generalitat. Lo es porque al hacerlo se reduce el importe de la deuda pública de Cataluña y, por ende, la que le corresponde a cada hogar catalán al tiempo que se aumenta el endeudamiento neto de España y, por ello, la correspondiente a cada hogar del restante territorio español. Las cifras son fáciles de obtener y resultan espeluznantes en su cuantía, pues la condonación acordada implica enriquecer a cada hogar catalán en 4.700 € empobreciendo a cada hogar andaluz, extremeño o aragonés, por poner tres ejemplos, en 780 euros. Poco solidario es favorecer a los hogares que ya antes disfrutan de una mejor posición económica teniendo para ello que perjudicar a los que previamente se encuentran en una situación más precaria.

Obviamente, se apresta a complacerla durante la legislatura en cualquiera de los numerosos momentos en los que necesite los siete votos del prófugo para ganar una votación en el Congreso

La pretensión de camuflar en el acuerdo suscrito la flagrante desigualdad expuesta en base a aceptar la posible condonación a otras Comunidades es un falaz intento de engaño toda vez que siendo Cataluña la Comunidad Autónoma que, con mucha diferencia, está más endeudada, cualquier porcentaje de condonación que se pueda aplicar generalizadamente favorecerá en mayor medida a los hogares catalanes que a los situados en el resto de España. Como ejemplo, si a todas las Comunidades se les redujera su actual deuda total en el 17%, porcentaje que supone para la Generalitat reducir su deuda con el Estado en un 20%, cada hogar de Cataluña se enriquecería en 2.600 euros y cada hogar madrileño se empobrecería en 2.000 euros, cada andaluz en 500 euros y así sucesivamente. ¡Menudo canto a la desigualdad!

Ahora bien, como paradigma de insolidaridad la exigencia fiscal de Puigdemont que figura en el acuerdo suscrito por Junts y por el PSOE y que éste no ha rechazado en el texto por lo que, obviamente, se apresta a complacerla durante la legislatura en cualquiera de los numerosos momentos en los que necesite los siete votos del prófugo para ganar una votación en el Congreso. Ceder a la Generalitat el 100% de los tributos que se pagan en Cataluña supone excluir a Cataluña del régimen fiscal común previsto constitucionalmente e incluirla en el régimen especial establecido en la Constitución solo para Navarra y para las Diputaciones Forales del País Vasco, en ambos casos como reconocimiento de los antecedentes históricos ausentes en el caso catalán.

Lo exigido por Junts y aceptado a plazo por el PSOE pone en peligro que las Comunidades menos ricas puedan tener bien dotados los servicios de educación o de sanidad. ¡Vaya muestra de solidaridad!

Con independencia de la flagrante y grosera inconstitucionalidad que supone pretender que a través de la Lofca se modifique lo dispuesto en la Constitución, es relevante considerar que, cuando se aplique el sistema de cupo aceptado en el acuerdo, Cataluña dejará de aportar recursos al Fondo Autonómico que garantiza la cobertura financiera de los servicios públicos básicos en todo el territorio español. Y que el importe de los recursos que dejarán de aportarse por la Generalitat superan con amplitud a los que de dicho Fondo hoy perciben conjuntamente Aragón, Asturias, Cantabria y La Rioja. En definitiva, lo exigido por Junts y aceptado a plazo por el PSOE pone en peligro que las Comunidades menos ricas puedan tener bien dotados los servicios de educación o de sanidad. ¡Vaya muestra de solidaridad!

Como vemos, además de enterrar el Estado de Derecho, confirmándose así que Sánchez es cualquier cosa menos un demócrata, los acuerdos firmados estos días por el PSOE agreden y dañan gravemente los principios de igualdad y de solidaridad. Se confirma de ese modo también que la reiterada calificación de progresista con la que el autócrata se refiere a su Gobierno constituye la mayor mentira jamás contada. Sánchez: ¿Dices qué tu Gobierno será progresista? ¡Anda ya!