En junio de 2021, el Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de Ley que creaba el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico o FNSSE. Este fondo se diseña con la intención de asumir la retribución extra-mercado que percibe la generación renovable (RECORE) y que hasta ahora forma parte de los costes fijos del recibo eléctrico. El proyecto, y su documentación aneja, declaran un cuádruple objetivo: dar las señales (de precio) adecuadas para la electrificación de la economía, asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico, aportar certidumbre a las inversiones para la transición energética y conseguir reducir la factura para hogares y empresas.
Sin embargo, este fondo no es más que un juego de trile por el que el Gobierno pretende aparentar una reducción del recibo eléctrico, aunque en realidad se va a materializar en un incremento de los costes energéticos y en una menor transparencia para los consumidores. Analicemos el fondo y su cuádruple objetivo.
Las señales de precio
Esta expresión, muy habitual en los últimos años, es la justificación que usan los gobiernos para adoptar políticas contrarias a las decisiones de oferentes y consumidores. Cuando en un determinado sector se produce un efecto no querido por el gobierno de turno, escudándose en la inexistencia de señales adecuadas de precio, se interviene con restricciones regulatorias, con subvenciones, con gravámenes, o con una mezcla de todos. Pero no se dejen engañar, estas medidas no ansían obtener “señales adecuadas”, sino las señales interesadas por el gobierno que las propone.
En el caso concreto que nos ocupa, el problema radica en la vieja promesa, reiteradamente incumplida, de que las renovables van a rebajar el recibo eléctrico. Como las señales del mercado contradecían esa promesa, hubo que subvencionarlas. Y, como referíamos en el artículo de la semana pasada, esa subvención nos cuesta 6.200 millones de euros y, adicionalmente, 2.600 millones del déficit generado entre los años 2004 y 2013. Es decir, que las señales de precio renovables nos cuestan todos los años una media de 8.800 millones de euros.
La sostenibilidad del sistema
La sostenibilidad no es otra cosa que la idea de continuidad de un proceso, que puede mantenerse por sí mismo, sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes. Bajo esta definición, si la transición energética requiere de incentivos externos no podemos predicar de ella que sea sostenible, por muy bien que quede la expresión sobre el papel.
Hasta ahora, todas las transiciones energéticas se han producido de forma natural porque transitábamos siempre hacia tecnologías más flexibles, con mayor densidad energética (más baratas y eficientes) y una mayor adaptación a las necesidades de los usuarios. En el caso actual no es así, los nuevos esquemas energéticos son menos flexibles, tienen menor densidad energética y nos tenemos que adaptar nosotros a sus limitaciones. Por estas razones esta transición, tal y como está diseñada, no es natural ni autosuficiente y existen muchas resistencias que hay que vencer con regulación, penalizaciones y subvenciones.
Este fondo no es más que un juego de trile por el que el Gobierno pretende aparentar una reducción del recibo eléctrico, aunque en realidad se va a materializar en un incremento de los costes energéticos
Lo que debería hacer el gobierno es explicar a los consumidores las alternativas energéticas que existen, incluido el nocivo componente de la contaminación que caracteriza a algunas de ellas; pero también el coste económico respectivo. El problema de dar tantas explicaciones es que la conclusión previsible del consumidor puede no coincidir con los intereses gubernamentales.
Quizá el Gobierno tiene el convencimiento de que la decisión libre e informada de la sociedad sería implantar un mix de generación basado en nuclear, renovable e hidroeléctrica reversible (almacenamiento); esquema que sí es técnica, económica y medioambientalmente sostenible, aunque alejada de los postulados ideológicos dominantes.
Aportar certidumbre a las inversiones
La certidumbre las inversiones no es sino un eufemismo de la seguridad jurídica; y es difícil abordar esta cuestión sin sonrojarse. Desde principios de este siglo, los sucesivos gobiernos han modificado el régimen regulatorio de las inversiones energéticas demasiadas veces, demasiado rápido y sin regímenes transitorios que suavicen esos cambios. España es uno de los países con más arbitrajes internacionales por modificaciones de la regulación energética. En particular, en relación con las renovables tenemos más de veinte pleitos perdidos en la Corte Internacional de Arbitraje del Banco Mundial (CIADI), pero que de momento no pagamos.
Eso tiene dos consecuencias: la primera, es que algunos jueces han emitido órdenes de embargo de bienes españoles situados en el extranjero; la segunda, es que la imagen de España se ve seriamente comprometida en su prestigio internacional, lo que dificulta la atracción de futuras inversiones.
Es difícil justificar cómo este fondo puede ayudar a salvaguardar la certidumbre de las inversiones energéticas; aunque hay que reconocer que queda muy aparente en el preámbulo de la norma.
Reducir la factura para hogares y empresas
Retomando el símil del fraudulento juego callejero, desvían nuestra atención bajo los conceptos “señales, sostenibilidad y certidumbre” para que no nos percatemos de dónde pone la bolita el trilero. Y es que la supuesta reducción de la factura es el trile en sí mismo; es el juego de manos con el que el trilero esconde la bolita mientras estamos distraídos.
En un mercado competitivo existen tres formas de rebajar nuestro gasto en una determinada mercancía o servicio: reducir la cantidad consumida, mejora tecnológica que abarate los costes productivos o que lo pague otro. La demanda energética es rígida por lo que es difícil reducir el consumo y por el momento, no existe una mejora tecnológica que abarate costes totales. Por consiguiente, para reducir la factura, solo nos queda que lo pague otro. Es en este escenario en el que aparece el mecanismo del fondo, que se va a hacer cargo del RECORE, sacándolo de los costes fijos del recibo eléctrico.
Cómo se financia el FNSSE
O, dicho de otra manera, ¿quién es ese “otro” que va a pagar la factura? Pues nosotros mismos, los consumidores energéticos. Y es que el fondo se va a financiar, por una parte, con los impuestos y derechos de CO2 que actualmente se ingresan en el sistema eléctrico. La trampa es que, por otra parte, el fondo va a recibir una serie de aportaciones, inexistentes hasta ahora, de las empresas, no solo eléctricas, sino también gasistas y petroleras. Aportación que, lógicamente, nos repercutirán en los precios respectivos. Es decir, todos los consumidores vamos a seguir pagando el RECORE como hasta ahora, pero en vez de hacerlo íntegramente en el recibo eléctrico, lo vamos a repartir entre las facturas de la luz, la calefacción y la gasolina del coche.
¿Y no nos ahorramos nada? Pues no solo no nos ahorramos nada, sino que nos va a salir más caro. Si sumamos el importe medio recaudado en los últimos años por impuestos y derechos de emisión de CO2 (3.561 millones de euros), más las nuevas aportaciones de las empresas (4.765 millones de euros), totaliza 8.326 millones; todo ello para hacer frente a un RECORE medio de 6.200 millones. Vamos, que, si la norma se promulga tal y como está diseñada actualmente, el fondo va a servir para ocultar una recaudación adicional de más de 2.000 millones de euros.
¿Qué sentido tiene, entonces, este fondo?
Tal y como comenzábamos el artículo, este fondo es similar a un juego del trile. No aporta ninguna mejora al esquema actual de financiación de las diferentes actividades del suministro eléctrico y no aporta nada al proceso de descarbonización de la economía. Al contrario, eleva el coste para consumidor e implanta un diseño recaudatorio más oscuro y complejo.
Las tensiones de precios de la crisis energética post-Covid y el conflicto entre Rusia y Ucrania, determinaron un retraso sine die de su entrada en vigor. Una vez estabilizados los precios energéticos y visto que el conflicto con oriente medio no ha tenido impacto energético, es el momento de volver a ponerlo encima de la mesa. Veremos cuáles son los términos definitivos, pero no creo que se separen mucho de lo que se dibujó hace dos años. En cualquier caso, tengan claro dos cosas: será más caro y lo pagan ustedes.
Francisco Ruiz Jiménez ha sido consejero y miembro del comité de dirección del grupo REDEIA
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