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Opinión

Para qué estudiar Derecho

Con el último examen de Estado que da paso al ejercicio de la abogacía se ha cometido una cacicada como la copa de un pino que favorece a unos pocos y perjudica a la gran mayoría

Facultad de Derecho de Valladolid
Facultad de Derecho de Valladolid Europa Press

Se acaba de celebrar en toda España el llamado 'examen de Estado' para los graduados en Derecho que desean colegiarse y comenzar a ejercer su profesión. Se han presentado algo más de 6.000 personas. La escabechina ha sido parecida a la de la batalla de Rocroy. Y se ha armado un notable escándalo. Analicemos el asunto.

¿Saben ustedes cuántos abogados hay en España? El 31 de diciembre del año pasado había 154.583, según el Consejo General de la Abogacía Española, que integra a los 93 colegios que hay en el país. Pero es que hay, además, 100.329 abogados colegiados que no ejercen su profesión y se dedican a otra cosa. En total, pues, hay casi 255.000 abogados. Solo en Madrid hay casi 77.000. En Tafalla, que también tiene Colegio profesional, hay 44. Es una cantidad delirantemente desproporcionada a la población del país. Salvo que aquí abramos todos un pleito después de desayunar y otro antes de la cena (Evvivano i litiganti, que se reía Mozart en su Don Giovanni), sobran abogados, eso no hay manera de negarlo.

Otra cosa es la manera de ir adaptando su número a las necesidades reales de los ciudadanos. ¿Cómo se hace uno abogado en España? Primero hay que estudiar la carrera de Derecho, que son cuatro años. La nota que exigen las universidades para acceder a esos estudios es claramente baja, lo cual hace que mucha gente que querría estudiar Medicina, o Arquitectura, o lo que sea, acabe en las aulas de Derecho, porque su calificación previa no les llega. Eso para empezar.

En el examen de Estado de este año han cambiado sin avisar el temario, lo que ha convertido la prueba en una reválida de toda la carrera

Una vez que obtienes el Grado, hay que realizar un máster que lleva un año y medio más, y cuyo precio –ahí está la clave– es muy variable entre las distintas universidades. A las universidades privadas les interesa, y mucho, tener alumnos para ese máster.

Y después del máster llega el Examen de Estado. Eso sucede desde 2014. Que yo sepa, la de abogado es la única profesión para cuyo ejercicio se exige pasar esa prueba. Uno puede ser veterinario, ingeniero de caminos, dentista, profesor de Historia o lo que sea tan solo con terminar la carrera y pasar las pruebas de especialización en cada materia. Pero para ser abogado tienes que pasar un examen de Estado que convoca el Ministerio de Justicia, que es quien se encarga de evaluar (¿por qué?) a los estudiantes que, en altísimo número, van produciendo las universidades; es decir, el Ministerio de Educación.

El “apto” o “no apto” para ejercer la abogacía se otorga haciendo una media de la calificación de la carrera universitaria y de ese examen de Estado. La carrera vale tres puntos y el examen vale siete. Así, como suena. Esto quiere decir que si usted tiene 20.000 euros para gastarse en el máster de una universidad privada (en algunas; no en todas, está claro), y consigue que, gracias a ese dinero, le den la máxima calificación en el máster, necesitará menos nota en el examen de Estado para pasar la prueba. Quienes no tengan ese dinero, pues las pasarán canutas… o no las pasarán, porque les suspenderán. Esto está sucediendo. El 24 de septiembre del año pasado, Vozpópulipublicaba el escándalo de la “vía italiana” o “atajo” (en italiano: scorciatoia) para que licenciados en Derecho de ese país lo tuviesen muy fácil en España, gracias a los buenos oficios de universidades como la Rey Juan Carlos, que era bondadosísima a la hora de dar maravillosas calificaciones a quienes pagasen por ello.

El examen de Estado se convierte, así, en una especie de oposición… con una diferencia: que, cuando sacas la oposición, a renglón seguido te pagan por trabajar. Tienes un sueldo. Aquí, no. Aquí tienes que pasar una prueba tremenda para luego ponerte a buscar trabajo.

Durante los últimos tres años, las 75 preguntas de ese examen tenían que ver con la deontología profesional y con el Estatuto de la Abogacía. Así estaba acordado. Eso era lo que tenían que estudiar y sin duda estudiaban los candidatos a abogados. Pero este año, sencillamente, han preguntado –sin avisar– lo que les ha dado la gana, lo cual convertía el examen en una reválida de toda la carrera (y no lo es). Además con una redacción de las preguntas completamente enrevesada, imprecisa o malévola, que recordaba algunos chistes de Forges: una cosa así como “si la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, ¿con qué derecho tengo a quejarme de la vuestra fermosura, a la luz de lo establecido en el Código Civil en su concatenación anteroposterior con el logaritmo neperiano del número E?” Eso o preguntas delirantes, como la 33, en la que se planteaba, para las sociedades, el consejo de administración… con administrador único. Quién habrá sido el genio…

No se busca comprobar la valía de los candidatos para ejercer la profesión, sino más bien privilegiar a los ricos que pueden pagarse un máster

El examen de Estado (el nombre real es “examen de Acceso a la Abogacía”) no buscaba, en ningún caso, comprobar la valía de los candidatos para ejercer la profesión. Buscaba suspenderlos. Así de claro. Buscaba privilegiar a los ricos que pueden pagarse un máster carísimo en el cual les 'facilitan' la nota alta a cambio de su dinero. Buscaba, en resumen, seguir acentuando el clasismo de la profesión, que algunos pretenden que sea solo para ricos.

Es decir, se ha cometido una cacicada como la copa de un pino. Una cacicada que favorece a unos y perjudica arbitrariamente a la gran mayoría. Una cacicada en la que era dificilísimo aprobar, porque te preguntaban cosas que no estaban en el temario, o que eran directamente absurdas, o que estaban redactadas de forma tan mefistofélica (o tan torpe) que eran imposibles de comprender.

¿Sobran abogados? Sí, está claro que sobran abogados. Pero la manera de reducir su número es mejorar la enseñanza en las universidades, elevar la nota de corte para acceder a la carrera de Derecho, aumentar la calidad de la enseñanza; no cargarse a la gente por el artículo 27, el de “porque lo digo yo”, ni plantear una prueba kafkiana, ni –al final– favorecer a los ya colegiados, que lógicamente pretenden que haya la menor competencia profesional posible. Y para eso lo mejor es cargarse a los “nuevos”.

Cuando el propio vicepresidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Fuentenebro, dice que este examen no sirve absolutamente para nada (al menos para nada bueno), ¿de qué estamos hablando, señorías? Con la venia, ¿de qué sirve estudiar Derecho en España?

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