En el debate de investidura hemos asistido al inicio de la extorsión a la que constantemente va a estar sometido el presidente del Gobierno en la legislatura que comienza. Después de una llamada de atención en un aparte en los pasillos del Congreso, la diputada de Junts, Miriam Nogueras, ya le ha advertido a Sánchez: "No tiente la suerte con nosotros". Para no quedarse atrás, Rufián le ha señalado su "capacidad para obligarle a acabar con la represión hoy", refiriéndose a su pacto sobre la ley de amnistía y "obligarle quizá a que se vote en un referéndum mañana".
El Gobierno que sale de esta investidura se encuentra en la misma situación que una empresa en concurso de acreedores, en la que los administradores tienen intervenidas las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio empresarial. Aquí, el señor Sánchez y su Gobierno tendrán, vergonzosamente para los españoles, intervenidas sus facultades de Gobierno y la disposición, en buena medida, del patrimonio público, de los fondos públicos, en virtud de los pactos alcanzados. Debe tener en cuenta el deudor Sánchez que el incumplimiento del convenio con sus acreedores independentistas puede llevar a la liquidación de la empresa.
Tan vergonzoso para el prestigio de España es la imposición de la verificación como la aceptación de la misma (PSOE-Junts): "Dadas las profundas discrepancias sobre la forma final de la resolución del conflicto, además de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos" se acuerda "dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar un seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue".
(PSOE-ERC): "Mecanismo que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue, con el fin de que las propuestas que lleguen a la Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdo cuenten con un ritmo de trabajo constante y con un grado óptimos de debate y compromiso político y puedan implementarse durante la presente legislatura. A estos efectos, se designará de común acuerdo a una persona de reconocido prestigio para realizar dichas labores".
El Gobierno se encuentra en la misma situación que una empresa en concurso de acreedores, en la que los administradores tienen intervenidas las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio empresarial
Podemos hacernos una idea de lo que esta gente considera personas de reconocido prestigio. Es falaz hablar de "ambas organizaciones" (partidos políticos), pues constituido el Gobierno quien será monitorizado es el mismo Gobierno, que es quien deberá tomar la iniciativa de plasmar en proyectos de ley las iniquidades pactadas como condición sine qua non para la investidura. Y los españoles asistiremos, avergonzados, a constantes amenazas rufianescas.
Nos falta conocer el nombre de los administradores concursales, los verificadores, a los que se refieren los execrables pactos firmados con los independentistas para poder seguir en el sillón de la Moncloa, aunque sea siguiendo el paso que le marque un prófugo de la justicia, que no pierde un momento, como hemos visto, en ridiculizar, directamente o a través de sus testaferros, al presidente y quedarle como un auténtico pelele.
¿Terminarán llevando los administradores concursales al Gobierno "concursado" a la liquidación? ¿Se declarará el concurso como culpable por la continua vulneración de la Constitución española?
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