Acaba 2023 y mi sensación es que lo peor está por venir, especialmente en lo que más afecta a la cotidianidad de los españoles. Según Idealista —y cualquiera que esté intentando mudarse—, la última ley de la vivienda ha provocado una caída del 30% de la oferta de alquiler, una subida imparable de los precios y tal endurecimiento de los requisitos que las familias con niños cada vez lo tienen más difícil para alquilar. Cualquiera pensaría que, tras comprobar que una ley ha ocasionado justo lo contrario de lo que se quería conseguir, el Gobierno rectificaría. Pero nada más lejos: este martes ha pactado con Bildu prolongar hasta 2025 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables, había que ver a la gente de izquierdas aplaudiendo en X una medida que hundirá a los más débiles. Vulnerable es cualquiera que tenga hijos menores, que esté en paro, que haya visto mermados sus ingresos, que tenga algún grado de discapacidad o un dependiente a su cargo… todos somos potencialmente vulnerables. Y, lógicamente, la oferta de alquiler caerá todavía más: antes que arriesgarse a tener un inquiokupa durante años, los caseros prefieren cerrar sus casas o venderlas. Y los fondos de inversión, esperar a tiempos mejores o, directamente, buscar otros países menos socialcomunistas.
Pudimos achacar el desaguisado de la ley del sólo sí es sí a la estulticia de Irene Montero y su pandi, aunque hoy dudo que fuera un error, pues ellas eran las primeras interesadas: a más víctimas, más dinero para sus chiringuitos. Pero los miembros del Gobierno a la fuerza tienen que saber que alargar la prohibición de los desahucios colapsará el mercado de alquiler; seguro que alguno de sus cientos de asesores se lo ha explicado. Desearía poder creer que Sánchez y los suyos son como sus votantes y que confunden sus deseos con la realidad, pero no lo consigo; sólo me viene a la cabeza lo que dicen los venezolanos que escaparon de la pesadilla bolivariana: “Nosotros también creíamos que nunca seríamos como Cuba”.
Exprimidos una y otra vez con impuestos viejos, nuevos, sostenibles y con perspectiva de género, los pobres españolitos de a pie nos vemos estrangulados, además, por la constante subida de los precios de todo
Los progresistas nos tienen acostumbrados a un doblepensar orwelliano que me vuelve loca. Por un lado, desde junio vienen asegurando que la economía española va como una moto, pero por otro, se ufanan de que hay 2,15 millones de beneficiarios del IMV. ¿En qué quedamos? ¿Somos ricos o somos pobres? Socialistas y sumandos presumen de escudos sociales que, en teoría, pagan con el dinero infinito de los ricos, pero estos se han ido de España o han puesto sus fortunas a salvo de la razzia fiscal: sólo queda la clase trabajadora para pagar la fiesta de la vulnerabilidad. Y exprimidos una y otra vez con impuestos viejos, nuevos, sostenibles y con perspectiva de género, los pobres españolitos de a pie nos vemos estrangulados, además, por la constante subida de los precios de todo. Ya dijo Ronald Reagan que la inflación es el precio de los gastos del gobierno que tú pensabas que eran gratis.
Y como me parece imposible que un gobierno promulgue leyes que favorezcan lo que pretende combatir, me pregunto si el objetivo de tanta justicia social no será otro que abolir la propiedad privada taimadamente. En los últimos años, se ha alentado a los vulnerables a disfrutar de las propiedades de otros sin pagar por ellas e incluso se les ha hecho creer que tienen derecho a ello. Y ahora los caseros, casi siempre gente de la moribunda clase media que ha invertido sus ahorros en comprar otro piso pensando en los hijos o la jubilación, tendrá que aguantar otro año más de impagos. Yo diría que de ahí al “¡Exprópiese!” de Hugo Chávez hay una distancia muy corta.
Ante esta tormenta perfecta -tercermundismo salarial, viviendas a precios primermundistas y fiscalidad zurda- , los jóvenes se marchan al extranjero. Una investigación de la fundación BBVA concluye que “el valor del capital humano perdido en 2022 se calcula en 154.800 millones de euros, un 40% más que en 2019”. Hasta Estefanía Molina, periodista en la órbita gubernamental, confiesa que le dice a los emigrantes treintañeros que no vuelvan. Porque España, amigos, no es país para volver. Y mientras nuestra licenciada y masterizada juventud huye del progreso por la frontera norte, por el sur no dejan de entrar musulmanes —que no os engañe el color de su piel— iletrados a los que alojamos en hoteles mientras nuestra izquierda aplaude: un español nunca votará con tanto agradecimiento como un africano nacionalizado.
¿Y qué hace el PP? Podría estar construyendo viviendas sociales a cascoporro en sus comunidades o plantear al PSOE un gran pacto de Estado sobre la vivienda, pero sólo hablan con el “enemigo” para saquearnos más y mejor. Estos días supimos que pretendían subir los sueldos de los miembros de la Mesa del Senado (PP Y PSOE) , entre 11.000 y 13.000€ anuales. Así de lejos están de la realidad. Por suerte, a raíz del revuelo que se organizó en las redes sociales, sus señorías han reculado y han renunciado a él; todavía hay lugar para la esperanza.
Feliz 2024, fachas.