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Opinión

El elefante en la habitación

No hay en España ningún organismo oficial o de la sociedad civil que cribe y someta a escrutinio todas y cada una de las partidas de gasto de unos recursos que nos pertenecen

Opacidad y gestión dudosa de los fondos europeos
La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En diciembre de 2021 aparecía en el Boletín Oficial del Estado la siguiente subvención: “Mujeres, café y clima: Empoderamiento femenino para la resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café frente al cambio climático en Etiopía. El coste total de la acción se estima en 1.118.000 euros”. España ha alcanzado un endeudamiento del orden del 120% del PIB, nuestro déficit público a causa de la pandemia fue superior al 10% en 2020 y casi del 7% en 2021 y pese a ello nuestro Gobierno destina más de un millón de euros a un propósito cuya repercusión en el bienestar y el progreso de los españoles es irrelevante. La explicación de semejante absurdo no puede ser otra que el otorgamiento de una considerable suma a una ONG amiga que retendrá una buena parte del total para viajes, sueldos y dietas de sus integrantes, llegando al empoderamiento de las mujeres etíopes que trabajan en el cultivo del café apenas unas migajas. Si se realizase una investigación exhaustiva de la miríada de subvenciones de todo tipo con las que la Administración central del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos riegan a las más diversas organizaciones para llevar adelante proyectos extravagantes, clientelares o ideológicamente contaminados, el montante global nos dejaría boquiabiertos por los miles de millones que salen de nuestros bolsillos para alimentar estómagos agradecidos, conseguir votos o servir a causas fantasiosas con nula creación de valor añadido ni generación de ventaja alguna para el contribuyente que sufraga tales despilfarros.

En estos días la inflación devora nuestros ahorros y pone por las nubes la cesta de la compra, el sistema de pensiones tal como está planteado es insostenible y la asistencia del Banco Central Europeo en forma de compra de deuda y de tipos de interés bajos está llegando a su fin. Por consiguiente, el futuro de nuestras cuentas públicas aparece más que sombrío con las graves y negativas consecuencias que ello tendrá sobre nuestras oportunidades de empleo o de inversión y nuestra calidad de vida. Sin embargo, la clase política sigue impertérrita malbaratando nuestro dinero para su exclusivo disfrute inflando la nómina de empleados públicos (más de cien mil nuevos puestos desde que Sánchez entró en La Moncloa), manteniendo una vasta red de entidades variopintas (empresas, institutos, fundaciones, consorcios, observatorios…) a cargo del erario cuya aportación a cualquier fin útil para el conjunto nacional es dudosa o inexistente y regalando generosas dádivas a amigos y correligionarios para que se ocupen de asuntos tan necesarios como “la resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café en Etiopía”. Baste recordar que un reciente y riguroso estudio del Instituto de Estudios Económicos estima el gasto público redundante, ineficiente o innecesario en España en 60.000 millones de euros, es decir, un 12% del presupuesto.

Del producto de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestro talento los políticos extraen más de medio billón de euros al año, una porción significativa de los cuales no redunda para nada en nuestro beneficio

Los españoles vivimos azorados por las sucesivas crisis de carácter financiero, sanitario o geopolítico que están sacudiendo al mundo en la última década y no vemos el elefante en nuestra habitación que explica buena parte de nuestras dificultades para afrontarlas. Y no lo vemos porque nos lo ocultan y nadie, ni nuestros gobernantes, ni nuestros parlamentarios, ni los medios de comunicación nos hablan de este hecho central y determinante: del producto de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestro talento los políticos extraen más de medio billón de euros al año, una porción significativa de los cuales no redunda para nada en nuestro beneficio, sino únicamente en el suyo.

 No hay en España ningún organismo oficial o de la sociedad civil que, salvo avisos esporádicos que pasan inadvertidos como el citado del Instituto de Estudios Económicos, cribe y someta a escrutinio en términos de coste-beneficio todas y cada una de las partidas de gasto de unos recursos que nos pertenecen y que, por tanto, no deberían ser empleados sin nuestro consentimiento. Ahora bien, la inmensa complejidad, la opacidad y el silencio cómplice sobre el contenido del presupuesto que las Cortes aprueban en cada ejercicio se traducen en un permanente y escandaloso saqueo del Tesoro sin que las indefensas e incautas víctimas de estos desmanes, que somos los contribuyentes, podamos reaccionar y defendernos de nuestros desaprensivos expoliadores.

Las distintas Intervenciones se ciñen a la vigilancia de que se cumpla el procedimiento administrativo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se limita a verificar que gasto e ingreso no experimenten desvíos excesivos sin entrar nunca en el fondo de los temas y la oposición parlamentaria mira hacia otro lado porque también está bien agarrada a la exhausta ubre que nutre al formidable ejército de concejales, alcaldes, diputados autonómicos y nacionales, consejeros, ministros, asesores y paniaguados de toda índole y condición que son mantenidos por una sufrida masa de empresarios, asalariados del sector privado, funcionarios de carrera y autónomos que madrugan y se afanan diariamente mientras sus representantes democráticos deciden atribuir un millón largo de euros al empoderamiento socioecológico de las mujeres etíopes cultivadoras de café.

El elefante en la habitación ha ido creciendo sin recato desde la Transición hasta el presente, su voracidad se ha incrementado hasta niveles alarmantes y ha adquirido ya un tamaño que nos aplasta. Si en las próximas elecciones generales se presentase un partido que demostrase ser consciente de la opresiva existencia del gigantesco paquidermo y se comprometiese a adelgazarlo hasta convertirlo en un brioso y esbelto alazán, todos los que somos exprimidos para su obsceno engorde sabríamos a quién votar.

Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.

  • M
    ma

    "Funcionarios que madrugan y se afanan...", no me hagas reír.
    Un inspector o Subinspector de trabajo cogen una calle y se lían a pedir documentos como los agentes de tráfico, en unas cuantas mañanas han trabajado por todo el mes, y el resto se lo pasan en la oficina, o incluso en su casa. Además acaba de salir el absentismo de los funcionarios, por no hablar de otro absentismo, y es el de tocarse los gaiteros. Con todo y eso la Administración General ha mejorado bastante, pero como el funcionario entra por los puntos, y luego tienen empleo de por vida...
    Me parece que la ciencia económica, si eso es ciencia, establece controles para el cumplimiento de los presupuestos. Lo que pasa es que en Expaña la gente vota por su equipo de fútbol, incluyendo a su partido, lo haga bien mal o regular, a ver si el 27% de paro de rajoy o la burbuja inmobiliaria y la emigración masiva permitida de aznar, son políticas racionales.
    ¿Qué van a hacer los partidos para evitar que las empresas discriminen en el acceso al trabajo por razón de edad?, lo mismo que ahora: nada, y esto derriba cualquier política económica, pues no es posible construir un país con una edad laboral entre los 25 y los 45. Y lo de tener funcionarios y no científicos en la universidad, lo dejamos para otro día

  • B
    Berenguer

    Gran artículo.

  • A
    Aleluyo

    Buenos día a todos.

  • W
    Wesly

    Para asegurar que el dinero público es gestionado de forma eficaz y evitar su despilfarro, habría que implantar una serie de criterios y controles transparentes y rigurosos cuyo cumplimento debería ser obligatorio antes de aprobar cada gasto.

    En primer lugar debería ser obligatorio demostrar que el gasto es necesario para el interés general, teniendo en cuenta la situación financiera de las arcas públicas.

    En segundo lugar habría que demostrar que su uso es prioritario frente a otras posibles asignaciones.

    En tercer lugar habría que demostrar que no existen alternativas privadas que puedan conseguir el mismo objetivo, sin gastar dinero público.

    En cuarto lugar habría que demostrar que no se incurre en agravios comparativos ni en discriminaciones al asignar el gasto.

    En quinto lugar habría que demostrar que no existen otras alternativas públicas menos costosas que consigan el mismo objetivo, o un objetivo similar, teniendo en cuenta la situación financiera de las arcas públicas.

    Estos controles deberían ser obligatorios en todas las administraciones y los interventores deberían comprobar su estricto cumplimiento y denunciar ante los tribunales los casos de incumplimiento.

    • S
      sinperdon

      Pero como propone esas cosas ,en un paìs donde cada mangurrino gasta lo que le da la gana y en lo que quiere.Lo primero que hay que hacer son PREFERENCIAS en el gasto y los recursos que salgan de una caja unica.Un gasto casi centralizado en su totalidad .Vamos,como se hace en las familias..Dele ud tarjetas a todos los empleados de una empresa....fijese en caja Madrid ,no ya gastaban ,es que se fundìan las tarjetas
      Pero con el sistema autonòmico y una democracia para todo,pues un alcalde se pone el sueldo que quiere,se construyen absurdos,se derrocha y el AVE esta sin terminar y los planes de renovar sistema energètico,el plan hidrològico y muchìsimas mas cosas que son prioritarias,no se hacen.
      Y aun aplicando sus buenas premisas,en un sistema autonòmico,el gastar BIEN es muy dificil.Es para paises ricos