El caso Griñán

La sentencia del Supremo en la que se condena a José Griñán a seis años de prisión ha generado reacciones que merecen atención, tanto en lo que se refiere a la política como a las élites mediáticas. En el ejercicio de su perfecto derecho y con toda la razón que inspira a una familia el defender a uno de los suyos, han redactado una carta abierta solicitando el indulto. A esta iniciativa se han sumado 4.000 firmas de amigos, colegas y un buen puñado de figuras del universo cultural que no sé muy bien qué pintan en esta historia. ¿Por conciencia política? ¿Por responsabilidad ética? ¿Por animadversión a la magistratura escorada supuestamente a la derecha?

Cuando se pide el indulto al gobierno habría que precisar si lo hacen para evitar la prisión de Griñán, o para salvar al responsable de una operación política que consistía en crear un tejido social que favoreciera al PSOE en Andalucía: una manipulación del voto a base de comprarlo. Dicho en el lenguaje políticamente correcto que robamos al mundo financiero: las malas prácticas no constituyen delito; sólo están mal vistas en ese planeta de caballeros nada caballerosos.

Hay que tener muy mala entraña para felicitarse porque un hombre de 76 años entre en la cárcel, sea el tiempo que sea. Quien asuma ese lado vengativo reflejaría al hijo-de-puta impasible, incapaz del menor sentido de la piedad con el delincuente que acabó ante la justicia por sus mañas en la manipulación del electorado y de los fondos públicos. ¿Qué quieren decir cuando gritan, como atenuante, “No se llevó ni un duro”? Si lo comparamos con el Luis Bárcenas del PP, que se aseguró una fortuna en bancos suizos, estaríamos ante un probo militante que cumplió con su deber político de ganar votos a cualquier precio. Es decir, volvemos a las malas prácticas, que en su contexto militante no constituyen delito alguno.

José Antonio Griñán -la retirada del Antonio quizá se deba a lo que tiene de evocación de José Antonio Primo de Rivera “El Ausente”, puesto que nació en 1946 cuando su padre ejercía de oficial en el Cuarto Militar del Caudillo-. Ingresó en el PSOE a edad tardía, con la victoria arrolladora de octubre de 1982. Inspector de Trabajo. Tuvo una meteórica ascensión política tanto en la Junta de Andalucía, como en el Gobierno -fue ministro de Felipe González- y en la cúpula del partido, hasta llegar a efímero presidente del PSOE en 2012. Se le facilitó entrar en el Senado para aforarle en el momento que llegó a los tribunales el asunto de los ERE. Unas donaciones de la Junta tan arbitrarias y tramposas como para que los cinco jueces del Supremo, incluidos los dos representantes de la izquierda gubernamental, las consideraran una “palmaria ilegalidad”.

Nadie fuera del gremio jurídico se ha tomado la molestia de leer la sentencia condenatoria, y se entiende. Consta de 1.205 páginas. Las precisiones sobre el diferente grado de delito que conlleva la “malversación” y la “prevaricación” es para expertos. Hasta ahora sólo he leído un artículo que ayude a adentrarse en esa selva de la jurisprudencia aplicada a Griñán y lo hago constar como recomendación y elogio. Se acaba de publicar en la revista digital Ctxt, firmado por Miguel Pasquau. Tertulianos, abstenerse.

Entiendo a la familia e incluso a los amigos, lo que me cuesta más es meterme en los motivos que llevan a los 4.000 a solicitar el indulto a Griñán, que a buen seguro concederá el presidente Sánchez en el momento que le sea menos engorroso electoralmente. Él nos ha dado una pista de la opinión que le merece el asunto al afirmar taxativamente que “han pagado justos por pecadores”. Podría traducirse en que la responsabilidad penal cabe achacarla a los que firmaron las “ayudas” y no a quienes las ordenaron. Con todos los respetos, esta es una argucia que salvaría a todos los grandes delincuentes desde Vito Corleone, a quien nadie descubrió nunca entregando mordidas. Un jefe, viene a decir, tiene un estatus superior y el pringao ha de asumir la responsabilidad de la ejecución. De derivarse hacia ese lado, ¿habría 4.000 firmas apelando al indulto del pringao , aunque fuera anciano? Por supuesto que no. Estamos pues ante una iniciativa política que se pretende abordar desde la ética solidaria y no sobre la evidencia de que, sea Bárcenas o su equivalente al otro lado de la trinchera, en el fondo apoyamos al poder con el desvergonzado argumento de que no se ha corrompido él si no los electores a su cargo. Dinero público para asegurar a los suyos; necesidades para el buen gobierno. Que castiguen pues al cómplice, no al que dio la orden.

Cuando la memoria se convierte en ley es señal de que se trata de hacerla una herramienta del poder. De ahí que las memorias históricas cambien tanto. Nadie quiere recordar la que le afecta, pero se deleita con los recuerdos del adversario. Cuando llegó a los tribunales el caso Filesa, el primero de la serie de “malas prácticas” en la etapa de Felipe González, el principal incriminado se llamaba Guillermo Galeote. Un veterano socialista de los primeros años 60, médico internista, que formaba parte del núcleo sevillano fundacional. Fiel entre los fieles, jamás se llevó un duro a su bolsillo de los numerosos chanchullos del partido en el gobierno. Se había hecho cargo en 1981 de las finanzas de un PSOE salido de la ilegalidad y ansioso de fondos. Apoderado de una cuenta en Suiza hasta que en 1991 lo pillaron. El asunto acabó en nada, “irregularidades contables”, pero nadie le salvó del ostracismo, al que se sometió rigurosamente. Falleció el año pasado por covid, a los 79 años. 

A Guillermo Galeote se debe una afirmación ante una Comisión Parlamentaria, en diciembre de 1993, donde reconoce “alguna equivocación” y acaba en arrogante duelista: “Yo soy un socialista clásico. Asumo las gestiones anteriores y si ustedes quieren, todo lo relacionado con la administración y finanzas del PSOE es responsabilidad mía desde el año 1939, por poner una fecha”. ¿Cómo separamos al individuo del dirigente?

Se abren dos vericuetos en el caso Griñán. Uno es la piedad, que tiene poco que ver con la justicia y menos aún con la política, pero es de decencia entender que la malversación y la prevaricación no se pagan con la entrada en prisión de un viejo de 76 años. El otro se reduce a “salvar al soldado Griñán” con 4.000 voluntarios. Quizá demasiados para un blanqueamiento.