El peso de la deuda pública en el PIB ha aumentado en España sensiblemente más que en el promedio de países de la eurozona desde 2019 y esta es una de las razones, ciertamente no la única, del menor avance de nuestro PIB per cápita en comparación con la mayoría de dichos países. Así, entre 2019 y 2023 (cuartos trimestres) la deuda pública española en términos de PIB saltó del 98,2% al 111,2% mientras que la media de la eurozona pasó del 84% al 91,2%. Por otra parte, entre finales de 2018 y 2023 el PIB per cápita de España aumentó un 2,9% en términos nominales mientras que el aumento en la eurozona fue del 20%.
El principal canal por el cual la elevada deuda pública reduce el crecimiento de la renta per cápita es a través de su impacto negativo en la inversión privada por persona en edad de trabajar. Este impacto se compone de dos efectos: el aumento de los costes de financiación de las empresas y la menor oferta de fondos prestables para las empresas privadas, que en el caso de nuestro país consiste mayoritariamente de crédito bancario.
El primer efecto ha sido limitado, de momento, gracias a las masivas compras de deuda pública por parte del BCE, pero no así el segundo. Es evidente que con menos creación de deuda pública y, por tanto, menos deuda pública en el activo de los bancos y de los fondos de inversión habría, marginalmente o apreciablemente según la coyuntura, mayor oferta de fondos prestables a las empresas privadas y por ende mayor inversión privada. Cuanto menor sea el ritmo de avance de la inversión privada menor será la productividad y la tasa de empleo, las dos variables que sustentan el crecimiento de la renta per cápita y cuyo comportamiento ha sido mucho peor en España que en la media de la eurozona. Al respecto, quizá no sea innecesario señalar que cuando ha habido alteraciones radicales en las modalidades de contratos laborales, como ha sucedido en nuestro país, la medida relevante de la tasa de empleo afectada por la deuda pública es el total de horas trabajadas por el sector privado en proporción a la población en edad de trabajar.
Será este un crecimiento perecedero, sobre todo en términos per cápita, por la imposibilidad de aumentar indefinidamente la deuda pública y por los costes señalados que entraña la persistencia de un nivel elevado de dicha deuda
Bien es cierto que el crecimiento de la inversión privada por persona en edad de trabajar en España lleva tiempo siendo inferior a la media de los otros países europeos y esta es una de las causas principales de que nuestra renta per cápita haya caído marcadamente respecto a la media de esos otros países en la última década y media. Como se apuntaba al principio del artículo, además de la elevada deuda pública hay ciertamente otros factores que explican el pobre comportamiento de nuestra inversión privada en términos absolutos y comparativos, especialmente el marco fiscal y laboral, así como la deficiente calidad institucional y regulatoria imperantes en España. Elementos estos últimos que se han deteriorado con especial intensidad durante este último quinquenio y que junto con la elevada deuda pública auguran un lúgubre futuro para la inversión privada y la renta per cápita de nuestro país.
Todo lo dicho, no excluye que el PIB de un país pueda crecer por algún tiempo al aliento del aumento del consumo público y de las transferencias públicas pagadas mediante incrementos de deuda pública, como está ocurriendo en España durante estos últimos años. Pero será este un crecimiento perecedero, sobre todo en términos per cápita, por la imposibilidad de aumentar indefinidamente la deuda pública y por los costes señalados que entraña la persistencia de un nivel elevado de dicha deuda.
Ante esta situación, me atrevería a decir que, en lo concerniente a la deuda pública, los analistas de la economía española están pecando de una cierta complacencia. No se me malentienda. Es innegable que es difícil encontrar un economista o un informe económico mínimamente riguroso que no haya delatado los riesgos del fuerte aumento de nuestra deuda pública y la necesidad de iniciar cuanto antes un proceso de reducción del déficit público estructural que la alimenta. Pero la inmensa mayoría de estos analistas tratan la elevada deuda pública de nuestro país como un preocupante desequilibrio que conviene reducir cuanto antes so pena de sufrir fuertes penalizaciones o vernos obligados a efectuar dolorosos ajustes en algún momento del futuro. De estos análisis se infiere que los daños de la elevada deuda pública los sufriremos en los años venideros, que la reducción del déficit público puede esperar o puede hacerse mediante dosis homeopáticas, ignorando que los altos niveles de dicha deuda alcanzados estos últimos años están teniendo impactos negativos contemporáneos sobre la inversión privada y el empleo privado. Es como si se advirtiera que va a venir el lobo cuando en realidad el lobo ya está aquí y se está comiendo una parte del rebaño.
Tenemos una deuda pública significativamente mayor que la justificada por la pandemia, y esta es una de las causas de que el avance de la renta per cápita desde entonces haya sido inferior al registrado en promedio europeo
Se pueden aducir varias hipótesis para explicar estos posicionamientos sobre la deuda pública. Una fuente indudable de tolerancia ha sido la ineludible necesidad de incurrir en amplios déficit públicos y consiguientes aumentos de la deuda pública para afrontar la paralización económica ocasionada por la pandemia. Un hundimiento de la naturaleza y envergadura como el provocado por la pandemia justifican indudablemente un aumento sustancial de la deuda pública porque sus costes son inferiores a los que se producirían en ausencia de dicho aumento. Esto, empero, no implica que cualquier aumento esté justificado económicamente. Los déficit presupuestarios y el correspondiente incremento de la deuda pública estarían tanto más justificados cuanto más hayan sido debidos al aumento de gastos o transferencias y reducción de ingresos públicos corrientes provocados por la debilidad coyuntural de la economía. A diferencia de lo ocurrido en la mayoría de países europeos, sin embargo, en nuestro caso una parte significativa del crecimiento del déficit y la deuda pública ha obedecido a un aumento notable del gasto público estructural. Dicho de otra manera, tenemos una deuda pública significativamente mayor que la justificada por la pandemia, y esta es una de las causas de que el avance de la renta per cápita desde entonces haya sido inferior al registrado en promedio por los restantes países europeos cuyos déficit estructurales son sustancialmente inferiores al nuestro.
La complacencia de la comunidad de economistas
También ha sido importante para alimentar la complacencia con la acumulación y el mantenimiento de una elevada deuda pública el advenimiento de un periodo dilatado de tipos de interés nominales y reales extremadamente bajos. La existencia de costes de financiación de las nuevas emisiones de deuda pública nulos e incluso negativos podría justificar incrementos de deuda pública por un importe equivalente al aumento de inversión pública realizado pero en ningún caso incrementos impulsados por un amplio déficit público estructural espoleado por aumentos de gasto público corriente, como ha ocurrido en España. Hoy es evidente la excepcionalidad de esas condiciones de financiación y consecuentemente el inevitable retorno de tipos de interés medios, vale decir, costes de financiación de la deuda, más elevados.
Acaso también haya influido en la relativa complacencia de la comunidad de economistas con la elevada deuda pública de nuestro país un cierto sentimiento de melancólica impotencia. El saber que sus voces serán ignoradas con plenitud por los gestores de la política económica, que al menos mientras siga este gobierno el gasto público estructural y la deuda pública seguirán aumentando inexorablemente.
Esto es, cuando estos analistas examinan la pobre evolución de la inversión y el empleo privado a lo largo de estos últimos años rara vez relacionan estos resultados con la abultada deuda pública acumulada en el periodo.