Quienes padezcan de gastritis, sabrán que se recomienda la ingestión de una pastilla de Omeprazol por la mañana y otra antes de acostarse. Desde que Àngels Barceló tomó el micrófono de Hoy por hoy, conviene incrementar la primera dosis del día para no sufrir de acidez, que ya se sabe que puede generar úlceras de estómago. Eran las ocho de la mañana de este martes cuando la periodista catalana hacía lo que se esperaba de ella, como es el verter la dosis necesaria de odio y manipulación a la sociedad española sobre la decisión del Tribunal Constitucional de la madrugada del lunes.
La definió -en concreto- como un “ataque a la democracia” y una “intromisión ilegítima en el poder legislativo”. Esta última -añadió-, motivada por “la alianza entre la derecha política y la judicial” y por la actitud de dos magistrados a los que se intentó recusar y que, pese a ello, decidieron no abstenerse en la votación. Sobre esto último se pronunciaba Antonio García Ferreras en su programa, en La Sexta. ¿De veras tenían legitimidad Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez para votar sobre ellos mismos? Angélica Rubio, la que fuera asistente personal y de prensa de Zapatero, abundaba en todo esto.
No hay nada peor que el ruido para apartar al ciudadano de la verdad; y hay altavoces desde los que suenan consignas a un volumen atronador. Tanto es así que hay quien ha transmitido sin ningún rubor algunas falacias, como el hecho de que dos magistrados -en funciones- cometieran una irregularidad por votar contra su recusación.
También hay un periódico que se atrevió a titular: “El Tribunal Constitucional amordaza al Parlamento”. ¿Amordazar? ¿Por qué? ¿Por paralizar la tramitación de dos enmiendas -a través de una ley orgánica- que modificaban el sistema de elección de magistrados al TC que ha imperado desde siempre en el CGPJ y también eliminan la potestad del Constitucional de examinar a sus candidatos?
Suenan a tantos decibelios los tambores de guerra de este aparato mediático pro gubernamental que habrá quien no haya podido escuchar este martes, entre tanto ruido, que la reforma de los delitos de sedición y malversación sigue adelante en el Senado. Cuando el listo quiere engañar al tonto, le pone un caramelo delante de la nariz para que no mire hacia abajo mientras le saca la cartera del bolsillo. Los voceros juegan a eso constantemente.
Política frentista y bloqueos institucionales
Una vez expuesto lo anterior, queda bastante claro que los grandes popes del periodismo sanchista patrio han intentado este martes abundar en lo concreto para desviar la atención de lo importante, como es la degeneración de la democracia española como consecuencia del empleo frentista e interesado de las mayorías parlamentarias. En esto último tampoco han abundado los voceros más cercanos al Partido Popular. Por algo será.
Porque lo que se halla detrás de estos hechos es una concepción equivocada del concepto de la soberanía nacional, que es el que dicta que España es propiedad de todos los españoles, de la cual hacen uso a través de los órganos a los que otorgan poder. Ahí se encuentran el ejecutivo, el legislativo y el judicial; y es precisamente este último el encargado de que no se conformen tiranías a través de las mayorías. La cuales podrían promover leyes contrarias al sufragio universal o a la libertad de expresión si no estuvieran controladas por los togados.
El problema es que el ejercicio del poder, mal entendido, ha llevado a que el Estado sirva a los intereses de los partidos, y no al contrario, como sería lógico. Eso ha provocado que las mayorías se utilicen para que cada cual proteja su cortijo; y lo intente mantener o agrandar.
Ejemplos mediáticos... y cercanos
Hay ejemplos cercanos... y mediáticos. Los Ferreras y Barcelós que despotrican ahora contra el bloqueo del CGPJ no dijeron ni una palabra cuando los socialistas se empeñaron en mantener a Rosa María Mateo al frente de Radiotelevisión Española. En ese caso -salvando las distancias-, la situación era más penosa porque no había un Consejo en funciones, sino una anciana, jubilada (ella misma lo dijo en el Parlamento) a la que se situó como administradora única para que la televisión pública sirviera a los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez.
La regencia de Mateo terminó cuando la señora comenzó a poner 'peros' a Moncloa por hartazgo o por lo que fuera. Entonces, se designó a un presidente de perfil bajo -José Manuel Pérez Tornero-, del cual se pensaba que iba a ser respetuoso con los intereses de Moncloa. Lo que ocurrió es que era tan diplomático que hacía un guiño a Dios y otro al diablo, así que los mismos mandarines que hoy se llevan las manos a la cabeza por “la intromisión de la derecha en el poder judicial” pasaron a la acción e iniciaron una campaña de acoso y derribo contra Tornero cuando se dieron cuenta de que concedía cosas al PP. Acorralado, tuvo que dimitir.
¿Qué ocurrió entonces? Que Moncloa se pasó por el forro a la oposición -lo que ha paralizado el Constitucional en el caso del CPGJ- y modificó los estatutos sociales de RTVE de la noche a la mañana para dar plenos poderes a Elena Sánchez, que es del clan de los Barroso y los Contreras. Ni Barceló, ni Ferreras, ni Angélica Rubio, ni Ignacio Escolar dijeron nada.
La última pieza de este rompecabezas es la de los independentistas, que son aquellos a los que los gobiernos del PSOE y del PP han ido vendiendo el Estado a trozos para sacar adelante sus trámites parlamentarios. ¿Cómo se han pronunciado este martes? Como siempre: han culpado al Tribunal Constitucional de secuestrar la soberanía nacional. Nada que no hicieran en 2017.
¿Qué ocurre entonces en Cataluña? ¿Allí existe una democracia autonómica plena? En absoluto. Prueba de ello es que los órganos de gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y del Consejo Audiovisual de Cataluña estuvieron bloqueados durante mucho tiempo para que Ciudadanos no pudiera designar a los representantes que le correspondían, como primera fuerza política que fue en la región. Entonces, fue la mayoría independentista -con el PSC como colaborador necesario, como siempre- la que impidió su acceso. Ofrecen lecciones de democracia como si lo suyo fuera una Arcadia plena de derechos y libertades, pero en realidad son más cortijeros, casposos y zoquetes que aquellos a los que desprecian.
Obviar todo esto a la hora de definir la realidad de esta España actual equivale a realizar un acto de hipocresía. Es la hipocresía de los bien pagados. Y de esos abundan muchos en los medios patrios. Son los que despotrican contra cada uno de los miembros conservadores del Tribunal Constitucional, pero obvian que el marido de Teresa Ribera fue destinado al regulador de la factura de la luz (CNMC) mientras ella estaba en el Gobierno y que, hace unos meses, fue movido al supervisor de los mercados (CNMV). Son los que justifican el asalto a Indra, a Correos o a Paradores.
Son dibujantes de pincel torcido que ilustran a quien no les concede con formas luciferinas y pintan retratos ecuestres de quienes les sientan en las mesas de tertulia o les conceden publicidad institucional. Son tiempos, sin duda, de gran indignidad.