El mismo Gobierno que se amparó en la extraordinaria y urgente necesidad para exhumar a Franco del mausoleo en el que llevaba enterrado más de cuarenta años, ahora afirma que el mantenimiento de ayudas públicas como los ERTEs está vinculado al estado de alarma, pues sólo con éste se justifica la existencia de fuerza mayor. Manda narices. A ver si va a resultar que para trasladar al caudillo a El Pardo era necesario echar mano del Real Decreto Ley pero ahora es una irresponsabilidad usar el mismo para legislar sobre lo que debe ser considerado fuerza mayor a los efectos de aprobarse un ERTE.
Usar las ayudas sociales para justificar una prórroga del estado de alarma supone un auténtico chantaje gubernamental a toda la sociedad. Trasladar a la ciudadanía la idea de que, para recibir prestaciones o acceder a los avales bancarios anunciados por el gobierno, hay que facultar al ejecutivo para limitar nuestros derechos y actuar al margen del Congreso oculta, en realidad, una auténtica toma de rehenes. Cuanto más tiempo seamos cautivos, mayor será nuestro síndrome de Estocolmo gubernamental. Porque cada prórroga del estado de alarma les permite que personalicemos en Sánchez el asistencialismo paternalista en esta situación tan complicada.
Pura estrategia que embadurnan con un coaching emocional empalagoso digno de Mr Wonderful, y que es emitido por las televisiones machaconamente con el objetivo de convencer al personal de que la enfermedad nos abre la puerta a un nuevo mundo lleno de oportunidades en el que el cielo será surcado por unicornios alados. Un mundo en el que los despidos están prohibidos y en el que la mentira dejará de existir por obra y gracia del gobierno. Pero por si alguien lo duda aún, con todo esto lo que se pretende es que asumamos dócilmente el manual de instrucciones económico, social y político que procuran implantar con el pretexto coronavírico.
Y luego está el tema de la duración de las prórrogas del estado de alarma. Sugieren que podrían prorrogarlo por un plazo superior a quince días, pero obvian la exigencia de la causalidad y que difícilmente podría sostenerse que un estado de alarma exceda en duración al plazo máximo establecido para el estado de excepción. Eso es estirar demasiado la interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional dictada con ocasión de la crisis de los controladores. Porque salvo error por mi parte, aquel estado de alarma duró 43 días mientras que éste, con las prórrogas anunciadas, va a superar los 60 días.
Con todo esto lo que se pretende es que asumamos dócilmente el manual de instrucciones económico, social y político que procuran implantar con el pretexto coronavírico
Para que lo entiendan mejor, les invito a imaginar la siguiente hipótesis: un Gobierno con mayoría absoluta en el Congreso que decide prorrogar el estado de alarma por un año en una situación como la actual, aduciendo la ausencia de una vacuna que frene los contagios y la inexistencia de límite temporal para la fijación de las prórrogas. Honestamente, no veo posible que el Constitucional tragase con algo así, porque si lo hiciera, el problema lo tendríamos no sólo con el Gobierno, sino también con el TC. Pero lo de nuestro Constitucional da para otro debate. En cualquier caso, el primero que es consciente de la dudosa interpretación de la ley y la jurisprudencia en cuanto a los límites temporales de la prórroga es el propio Gobierno de Sánchez. Por eso ha decidido no jugársela en los tribunales y hacerlas de quince en quince, no vaya a ser que se les venga abajo el chiringuito por esa formalidad.
En todo caso, debatir sobre el límite de duración de las prórrogas me parece algo estéril e inútil que sólo hace un favor a Pedro y sus acólitos, pues les habilita para escudarse en su teoría del bulo conspirativo antigubernamental. Llegados a este punto de la epidemia, ya es posible recurrir a otros instrumentos legislativos existentes en nuestro ordenamiento para imponer a la población medidas de prevención contra los contagios e ir retomando progresivamente la rutina. Así que lo importante ahora no es lo que pueda o no pueda durar la siguiente prórroga del estado de alarma, sino asumir que va siendo hora de que se ponga fin a esta limitación de nuestros derechos que venimos soportando estoicamente. La oposición en el Congreso tiene que aceptar que este Gobierno quiere aprovechar el virus para tomar a los más vulnerables de nuestra como rehenes de sus políticas, adulterando así nuestra democracia.
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