La defensa que hace el PSOE de la honorabilidad de Chaves y Griñán, tras su condena por el mayor caso de corrupción, es una reivindicación del delito para legitimar todo lo que mantenga en el poder al PSOE. Todo. El caso de los ERE tiene una particularidad clave y sofisticada gracias a la cual el PSOE pudo malversar a espuertas durante 15 años en la Junta de Andalucía, 680 millones de euros, convirtiéndose en el mayor caso de corrupción de España. Los ERE no consistieron en la burda y habitual comisión. Como en el caso de MercaSevilla, descubierto cuando un sindicalista de UGT estaba exigiendo el pago de comisiones a unos empresarios, que lo grabaron en el año 2009.
Los ERE fueron un mecanismo de robo masivo introducido en la Ley de presupuestos de la Junta del año 2000 cuando era presidente Manuel Chaves y llevado a cabo por los órganos de las Administración autonómica cumpliendo dicha ley. Se maquilló la malversación dándole apariencia de ayuda legal, pero sin los controles de auditoría necesarios para todo gasto público. Lo que imposibilitaba la legalidad de las ayudas. Sólo tenían su apariencia.
El mecanismo consistió en aprobar por ley de presupuestos un programa presupuestario (fondo con una finalidad de gasto), destinado a financiar oficialmente unas ayudas a desempleados y empresas con pérdidas para hacer frente a los gastos de despido y prejubilaciones, (los ERE). Pero se ideó otro sistema, en lugar de tramitarse por el procedimiento ordinario, en el que la empresa solicita esa subvención presentando la justificación correspondiente y, tras pasar el trámite de control de la Intervención, la Administración concede y paga esa ayuda.
Este expolio de una Administración extractiva de recursos de los ciudadanos ayudó a mantener en el poder al PSOE en Andalucía durante 20 años más nutriendo su red clientelar
Ese programa presupuestario se nutría con ingresos bajo el epígrafe “transferencias de financiación” y lo gestionaba un ente de la Administración paralela de la Consejería de Empleo, la Agencia IDEA, encargada de materializar los pagos, mientras los expedientes se tramitaban en la Consejería. De este modo, no había necesidad de justificar las circunstancias alrededor de la ayuda, pues no era objeto de control de la Intervención General, el órgano que hace la auditoría interna de la Administración y se encarga de controlar la legalidad de los gastos públicos.
La Intervención emitió informes denunciando que dichos fondos no estaban siendo objeto de control y por tanto eran irregulares. Dichos informes solo podían estar destinados a la Consejería de Empleo, donde han recaído las mayores condenas al ser el último órgano ejecutor de la malversación; y a la Consejería de Hacienda, de la que fue titular Jose Antonio Griñán desde el 2004 al 2009. Por este hecho, el haber sido destinatario de informes de la Intervención denunciando la irregularidad de dicho mecanismo y haberlos ignorado, ha sido condenado a seis años de prisión por malversación. Chaves era presidente y al no ser éste destinatario de dichos informes sólo se ha podido probar la prevaricación.
Este expolio de una Administración extractiva de recursos de los ciudadanos ayudó a mantener en el poder al PSOE en Andalucía durante 20 años más nutriendo su red clientelar. Se pudo juzgar gracias a la Juez Mercedes Alaya, que sufrió todo tipo de acoso por parte de esa estructura del delito que ha sido el PSOE en Andalucía.
Ni una sola condena del PSOE por la sentencia, sino una reivindicación de la honorabilidad, de la legitimidad que tienen para acudir al delito si ello les mantiene en el poder. Ante este hecho el líder de la oposición, Núñez Feijóo, sale a reivindicar la honorabilidad del PSOE frente a dos casos aislados “que no han estado a la altura”.
El mantenimiento de la democracia no exige mantener al PSOE, ni mucho menos España. Como el mercado no requiere el mantenimiento de una empresa deficitaria que desvía recursos de las que podrían transformar la realidad.
Quizá Feijóo crea que debe salvar al PSOE de unos medios silentes dedicados a cuestionar al Tribunal Supremo por existir votos particulares de personas nombradas por el partido al que juzgan. Quizá crea que hay que salvar al PSOE de esas manifestaciones inexistentes en la calle de los parados y los andaluces que fueron expoliados. Quizá Feijóo aspira a presidir el PSOE como única forma de alcanzar la presidencia de España, pues piensa y actúa como si viviese en el año 2010, en una España imaginaria socialista, en la que no entiende el sistema sin el PSOE porque el sistema es el PSOE.
La continuidad de la democracia no exige mantener al PSOE, ni mucho menos España. Como el mercado no requiere el sostenimiento de una empresa deficitaria que desvía recursos de las que podrían transformar la realidad. Pero la permanencia de la democracia española quizá sí requiera depurar un partido que no juega en el mismo tablero ético, ni de legalidad, con el suficiente poder para usar ese ordenamiento jurídico contra el ciudadano, blindar su impunidad y su permanencia en el poder.
Quien pretende salvar al PSOE está condenando a España al subdesarrollo democrático, económico y político al confundir los intereses de la nación con los de un partido contrario a ella.
