Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid con sueldo de 104.000 euros anuales y diputado con mayor patrimonio personal, cobra el bono social térmico aprobado por el Gobierno de España; Mónica García, diputada de la Asamblea de Madrid por Más Madrid, con sueldo de 43.000 euros anuales y casada con un alto ejecutivo de una multinacional, también lo cobra. Es probable que ambos dejen de cobrarlo (y otros miles de ciudadanos anónimos), dado que el Gobierno de España ha anunciado que introducirá el nivel de renta y de patrimonio como condicionantes para tener derecho a percibir esta ayuda que pagamos todos. Esta circunstancia demuestra que el Ejecutivo no sabe exactamente qué aprueba, no hace seguimiento de las ayudas que concede y desconoce los efectos que estas provocan; y que solo se corrige cuando el escándalo ha salido a la luz, le perjudica electoralmente y ha quedado demostrada su incompetencia.
Mónica García fue la primera que denunció que Enrique Ossorio cobra el bono social térmico y exigió al vicepresidente de la Comunidad de Madrid que dimitiera, al considerar que éticamente es inaceptable que perciba una ayuda que no necesita. Los de Podemos y populistas auxiliares son maestros en denunciar el comportamiento de los otros; cuando el comportamiento denunciable es el propio, la culpa es del cambio climático, el capitalismo salvaje o el vecino de enfrente. Sin embargo, a los pocos días se supo que ella también la cobra, razón por la cual reconoció su error, aunque sigamos sin saber a qué error concreto se refiere: si a cobrar algo que según ella misma no debe cobrar, si a atacar a un adversario por hacer algo que ella también hace… o si a no criticar al Gobierno de España a pesar de ser el auténtico responsable de que estos casos se produzcan. Porque es responsabilidad del Gobierno aprobar la concesión de ayudas sociales, hacer el seguimiento para comprobar que estas llegan a las personas a las que supuestamente van destinadas y certificar que cumplen los objetivos para los que se aprobaron; lo de insultar a los ciudadanos que las solicitan legítimamente y las cobran legalmente es simplemente impresentable. Respecto a que Mónica García dimita por incurrir en el mismo comportamiento que Enrique Ossorio, lo descartamos: para Podemos y su círculo populista los dimisionarios deben ser siempre los otros.
Es inaudito. El Gobierno de España acusa de desfachatez a los ciudadanos que legítimamente cobran un bono social creado por el propio Gobierno porque considera que no deben hacerlo, a pesar de que es el propio Gobierno el que aprobó precisamente ese bono social con unos requisitos concretos que Enrique Ossorio y Mónica García cumplen. Hay que ser muy cínico y tener mucho rostro para responsabilizar a la gente de la incompetencia propia. ¿No será mejor diseñar correctamente las ayudas del tipo que sean en lugar de pedir a los ciudadanos que no las soliciten o renuncien a ellas por ser “éticamente inaceptable” a pesar de que legalmente les corresponden?
Hay situaciones claramente injustas que deben ser corregidas, como el caso flagrante de que personas con elevados sueldos estén disfrutando sine die de viviendas de protección social
En España hay multitud de ayudas que no tienen en cuenta el nivel de renta de los beneficiarios, y es posible que tal cosa, en algún caso, esté justificada. Es al menos lo que me respondían el resto de partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco cuando yo trataba de incorporar el nivel de renta como criterio para cobrar o no las ayudas. En todo caso, hay situaciones claramente injustas que deben ser corregidas, como el caso flagrante de que personas con elevados sueldos estén disfrutando sine die de viviendas de protección social mientras miles de ciudadanos en peor situación carecen de solución habitacional digna. Si quieren otros ejemplos, pregunten a Zapatero, el campeón de las medidas reaccionarias en forma de ayudas públicas y rebajas de impuestos independientemente del nivel de renta de los beneficiarios: desde los 2.500 euros del cheque-bebé hasta la deducción de 400 euros, por no recordar el infame Plan E que fomentaba el derroche de dinero público en lugar de la inversión productiva.
En todo caso, el mejor bono social es disponer de un país unido, unas instituciones que funcionen, un Estado que proteja nuestras libertades individuales y un Gobierno que gobierne de manera responsable, facilite el crecimiento económico y el empleo digno y provea de unos servicios públicos bien financiados a través de un sistema fiscal justo y progresivo que garantice y satisfaga nuestras necesidades educativas, sanitarias, habitacionales y de pensiones… Y, de paso, de unos ciudadanos vigilantes y críticos que no admitan la demagogia. Y que las ayudas sociales lleguen a los colectivos que realmente las necesitan y les sirvan para superar la difícil situación en la que se encuentren para que, más pronto que tarde, ya no las necesiten. Lo demás es populismo barato y electoralismo, el pan nuestro de cada día.