A instancias de un partido nacionalista -Esquerra Republicana de Cataluña-, el Gobierno socialista proyecta un auténtico atropello a los ciudadanos de Madrid y a los de otras comunidades autónomas también afectadas. La agresión nacional-socialista pretende reducir las posibilidades de los gobiernos regionales en orden a establecer deducciones fiscales y a disminuir los tipos impositivos de los tributos que gestionan y de aquellos en cuya recaudación participan.
La proyectada medida nacional-socialista impediría la aplicación del inteligente modelo tributario que viene aplicando la Comunidad de Madrid (y otras) para aliviar al contribuyente del expolio fiscal estatal.
Antes de describir las consecuencias tributarias de lo que se pretende, conviene reseñar que el proyecto nacional socialista supone: 1) Una flagrante agresión al Estado de las autonomías; 2) La evidente ruptura de un consenso constitucional; y 3) Un descomunal y grosero fraude político.
Al votar en las elecciones autonómicas elegimos la opción electoral que proponía una política tributaria moderada y rechazamos la que propugnaba una mayor agresividad fiscal
Es una flagrante agresión al Estado de las autonomías, pues al mermar las actuales competencias de los gobiernos autonómicos limitaría su capacidad de hacer política. En este caso, política tributaria. Por ello, resulta chusco que la propuesta nazca de un partido independentista.
Es la ruptura de un consenso constitucional, dado que requiere la reforma no pactada de leyes que desarrollan el título VIII de la Constitución (Leyes de Cesión de Tributos y hasta es posible que la LOFCA).
Es un descomunal y grosero fraude político, toda vez que quebraría la decisión democrática y libremente adoptada por los madrileños (y por los residentes en otras comunidades). Al votar en las elecciones autonómicas elegimos la opción electoral que proponía una política tributaria moderada y rechazamos la que propugnaba una mayor agresividad fiscal. Ahora, aquellos que perdieron en las urnas pretenden ganar por vía extra electoral.
El mordisco del Estado
Expuestas estas tres cuestiones, veamos las consecuencias estrictamente fiscales que se pretenden con el proyecto.
De una parte, todos los madrileños sufriremos una reducción de nuestra renta disponible, al aumentar el tamaño de la cuchillada que nos pega el Estado a través del IRPF. Con el proyecto nacional-socialista los madrileños tendremos menos dinero y el Gobierno Sánchez-Iglesias, más.
De otra, todos los madrileños deberán soportar que a la muerte de sus progenitores, el Estado se lleve un mordisco (puede llegar hasta el 34%) del patrimonio familiar que generaron sus padres con el esfuerzo y el ahorro de toda una vida. Y después de haber pagado los ingentes impuestos que se exigen a los españoles (IRPF e IVA, básicamente). Este resultado, económica y éticamente abusivo, que ahora nos evita el Gobierno de Madrid, nos lo quieren imponer los nacional-socialistas.
A su vez, cuando cualquier madrileño acometa el proyecto vital que supone adquirir la vivienda que va a constituir su residencia familiar, padecerá un encarecimiento del coste de adquisición por la subida del ITP.
Por último, los madrileños veremos cómo el proyecto nacional-socialista resucita la flagrante anticonstitucional de un impuesto que, por exigir anualmente el pago del 3,5% del patrimonio personal, resulta indudablemente confiscatorio (¿cuántos patrimonios personales generan al año ingresos equivalentes al 3,5% de su valor?).
Todas las comunidades autónomas de régimen común disponen de las competencias para emular el modelo fiscal de Madrid
Si todo lo expuesto hasta ahora no resultase suficientemente grave, los madrileños debemos aguantar además el bombardeo de falsedades -auténtico paquete de fake news- con las que se pretende justificar el atropello nacional-socialista. Quien afirma que Madrid es un paraíso fiscal no sabe lo que es esto, pretende engañar a quien le escucha, o ambas cosas a la vez. Lo mismo puede predicarse de quien afirma que nuestro Gobierno regional practica dumping fiscal. Quien manifiesta que el Ejecutivo autonómico practica competencia desleal manipula descaradamente la realidad. Así es, todas las comunidades autónomas de régimen común disponen de las competencias para emular el modelo fiscal de Madrid. Las que lo han decidido hacer (por ejemplo, Andalucía) empiezan a recoger sus frutos. Las que no lo han hecho (verbigracia, la Comunidad Valenciana), siguen descargando sobre sus ciudadanos el coste de su deficiente gestión.
Para finalizar, recordemos que la progresía española pretende explicar cualquier subida de impuestos en base a que nuestra presión fiscal es menor que la de otros países de nuestro entorno. Olvidan que nuestra renta per cápita también lo es. Resulta incongruente predicar la progresividad fiscal entre españoles y, al tiempo, pretender que la tributación entre europeos sea proporcional.
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