¿Puede el sector legal español servir al cambio del modelo productivo?

El prólogo de un informe elaborado por los Ministerios de Justicia y Comercio británicos en 2011 titulado Plan for growth: Promoting UK's Legal Services Sector constataba -con orgullo anglosajón- que "[...] la gente  acude a nosotros porque saben que encontrarán un servicio de primera clase mundial, abogados altamente especializados y jueces expertos en tribunales especializados. Entienden que una decisión de un tribunal británico está dotada de una garantía global de imparcialidad, integridad y fuerza ejecutiva". El informe añadía luego algunas cifras: "[...] el sector legal generó 23.000 millones de libras o el 1,8 % del PIB británico en 2009 [...] casi tres veces más que hace una década [...] pero no debe haber espacio para la complacencia [...]. Entretanto, la competencia mundial por servicios legales se intensificará en la próxima década. Nueva York, Estocolmo, París, Ginebra, Dubai, Singapur y Hong Kong están listas para competir con Londres por ser centro legal de experiencia [...]. Pretendemos hacer todo lo posible para proteger nuestra competencia y asegurar nuestro éxito […]".

¿Alguien puede imaginar que el Ministerio de Justica español, junto con el resto de operadores privados del sector, llegue a promocionar los servicios jurídicos en España como si se tratara de, pongamos por ejemplo, nuestras playas? ¿Por qué no?  Tenemos fortalezas suficientes para hacerlo, y aunque existen muchas debilidades, son sorteables si se diseña un buen plan y se trabaja con tesón para ejecutarlo.

Comencemos por nuestros activos. Un reciente estudio elaborado por el diario Expansión sobre las cincuenta mayores firmas legales por ingresos revela que, en 2015, la facturación ascendió a la imponente cifra de 1.834,2 millones de euros (en torno al 0,16% de nuestro PIB). El mismo estudio recoge además una selección de sesenta y ocho firmas y nos señala que su plantilla total alcanza los 9.242 abogados. Se trata sin duda de una muestra significativa del sector pero conviene indicar que no se incluye en esas cifras la inestimable aportación de una legión de despachos medios y pequeños distribuidos por el país. Tampoco la contribución de otros profesionales que forman parte esencial del engranaje del sector como notarios, registradores, procuradores o consultores. No es descabellado pensar que la aportación de todos estos operadores acerque la contribución del sector legal al 1% de PIB.

Lo que es necesario es que el Ministerio de Justicia sea consciente de que la calidad legislativa y la Administración de Justica constituyen poderosísimas herramientas de atracción de riqueza.

El nivel de calidad de los servicios legales en España no tiene nada que envidiar al de nuestros vecinos. Y digo esto desde mi posición de abogado de una firma internacional. Si tenemos buenos actores, ¿qué es lo que nos falta para poder aspirar a competir con las jurisdicciones antes mencionadas y hacer que el sector realice una aportación aún más significativa al PIB español?

Pues bien, a mi entender lo que es necesario es que el Ministerio de Justicia sea consciente de que la calidad legislativa y la Administración de Justica constituyen poderosísimas herramientas de atracción de riqueza, y se proponga liderar, en colaboración con los operadores legales y la judicatura, el diseño de un plan para triplicar la aportación del sector legal al PIB español en diez años. No es una tarea imposible. Lo que principalmente se requiere es romper con ciertas inercias.

Antes hay que tomar una decisión ineludible (y provocadora): debemos acabar con la sempiterna condición de funcionario público jurista del titular de la cartera de Justicia. Se requieren economistas o ingenieros al frente de ese timón. Que cuenten, además, con una dilatada experiencia en el sector privado. Y que no sea presa fácil de la actividad de cabildeo que desarrollan notarios, registradores, procuradores y, por supuesto, abogados.

Para obtener el mejor consejo técnico, el Ministerio está repleto de altos y experimentados funcionarios que contribuirán con el mejor asesoramiento cuando sea menester. Y además contamos con el Consejo de Estado y la Abogacía del Estado. La presencia de un profesional procedente del sector privado al frente del Ministerio en nada mermará la calidad de las sentencias que dicten los tribunales, ni afectará -si acaso para bien- al trabajo que diariamente realiza la Fiscalía.

Adicionalmente, pongamos a velocidad de crucero a las diferentes secciones de la Comisión General de Codificación (en el acta de su último pleno –2015- se dice que es un "órgano vivo" pero el pleno no se reunía desde 1983). Y, por supuesto, impliquemos a las asociaciones de empresarios y a la Cámara de Comercio de España en el gran cambio.

Se haría preciso actuar inmisericordemente contra aquellos jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia que no cumplen adecuadamente su función. No son muchos pero el perjuicio económico y reputacional que unos pocos causan a la marca España y la economía real es incalculable.

A los ministros que sucesivamente deban ejecutar el plan correspondería asegurar, por ejemplo, que se impulse la definitiva aprobación de un Código Mercantil que sustituya al de 1885 (!). O afrontar de una vez la legendaria reforma del Libro de Obligaciones y Contratos del Código Civil de 1889 (!). ¿Cómo es posible que dos textos normativos con tanto impacto en la economía real continúen conservando una redacción del siglo XIX? La guinda al pastel sería contar en el Congreso de los Diputados con una dinámica Comisión de Justicia, integrada por verdaderos juristas y no veteranos políticos portadores de un simple título de licenciado en Derecho. 

Habría que acometer una decidida modernización de nuestra Administración de Justicia, que pasaría por que su personal reciba la remuneración que merece su alta misión. Simultáneamente, se haría preciso actuar inmisericordemente contra aquellos jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia que no cumplen adecuadamente su función. No son muchos pero el perjuicio económico y reputacional que unos pocos causan a la marca España y la economía real es incalculable. Aprovechando la nueva cultura de cumplimiento, el Consejo General del Poder Judicial debería crear un canal de denuncias anónimo. Y naturalmente hay que crear tribunales especializados por materias. Ello permitiría obtener decisiones técnicamente impecables y competir con otras jurisdicciones de nuestro  entorno.

Hagámonos una pregunta: ¿confiaría una empresa americana o japonesa en la jurisdicción española para resolver las disputas que deriven de sus transacciones comerciales en Europa? Si alguien cree hoy que la respuesta es afirmativa, no es la persona más adecuada para afrontar los cambios necesarios para hacer del sector legal español un instrumento que ayude a cambiar el modelo productivo español.

Contamos con un buen punto de partida: la integridad del colectivo de jueces está a salvo del clima de corrupción que nos asola.