Las amnistías fiscales no son políticas

La simplificación, la ignorancia y por supuesto el fanatismo, dominan las redes sociales y gran parte de la opinión pública en cuanto se tocan temas que dejan mal al partido político que defienden. El caso reciente más llamativo ha sucedido con el tema de la amnistía a Puigdemont y a decenas de implicados en el ataque contra el Estado de derecho de septiembre y octubre de 2017. Todos hemos comprobado cómo personas que querían ver a todos los responsables de aquellos acontecimientos juzgados, y seguramente condenados, de repente, y ante el cambio de opinión de Sánchez (y de fácil el 90% del PSOE), han pasado a desear lo contrario. Ni siquiera les molesta que la estabilidad del Gobierno de España dependa de alguien que hasta julio querían ver en prisión. Sus motivos tendrán pero hay quienes para defender ese insólito cambio de opinión y ese borreguismo de apoyar lo que decida Sánchez, aunque sea lo contrario que defendía hace unos meses (algo que ya ocurrió la pasada legislatura) de repente se han convertido en firmes defensores de la amnistía. Y uno de sus argumentos recurrentes es que el PP de Montoro aprobó una amnistía fiscal, como si fueran hechos comparables. Algo tan absurdo como Sánchez comparando una negociación con una banda terrorista en el extranjero con una reunión entre dos partidos políticos españoles en Suiza con un mediador.

En la España moderna ha habido tres grandes amnistías fiscales. Aunque estoy mayor, no lo estoy tanto como para acordarme de la primera, implantada por el ministro Boyer en la primera legislatura de Felipe González en 1984. Sí recuerdo la de 1991, puesto que ya trabajaba en los mercados financieros, que consistió, básicamente, en hacer aflorar el dinero negro ocultado mediante la compra de deuda pública al 2% cuando el tipo de interés habitual era el 13%. Ambas medidas, anteriores a la creación de la actual Agencia Tributaria (1992) buscaban lo mismo: que saliera a la luz un capital que hasta ese momento permanecía oculto para el fisco. Y a cambio, esos infractores sufrían un muy limitado prejuicio económico. Es decir, algo que éticamente chirría pero que, económicamente, es muy positivo para el país, ya que ese dinero, del que nunca se obtuvo ningún ingreso fiscal, una vez regularizado, podía ser gravado por años. Y eso hizo que el PSOE de entonces lo apoyara y que J.L. Zapatero en 2010, insinuara que estaba pensando en una medida similar ante la crisis económica que sufría España (por cierto, el PP en la oposición lo criticó mucho).

La medida se inspiraba en los 80.000 mil millones de euros que Italia recaudó en 2009 por una norma similar del gobierno de Berlusconi. Pero no pensemos que es una cuestión ideológica

En abril de 2012, pocos meses después de ganar las elecciones por mayoría absoluta, tras conocerse que la cifra del déficit público de 2011 resultó ser muy superior a lo anunciado por el anterior ejecutivo y en plena crisis de deuda en la Eurozona que encarecía las enormes necesidades de financiación del estado español, el ministro Montoro anuncia la, hasta ahora, última amnistía fiscal. La medida se inspiraba en los 80.000 mil millones de euros que Italia recaudó en 2009 por una norma similar del gobierno de Berlusconi. Pero no pensemos que es una cuestión ideológica, ya que el gobierno de Tsipras, con su famoso ministro de economía Varoufakis (ambos entonces cercanos ideológicamente al Podemos de Pablo Iglesias) también ofrecieron en 2015 una amnistía fiscal en Grecia.

De nuevo, todas son éticamente criticables, puesto que dejan sin castigo a los infractores y son un prejuicio para los que sí cumplimos con Hacienda. Pero como medidas económicas, fueron muy positivas, tanto en su momento como para el futuro, sólo la de Montoro (demasiado generosa con los infractores ya que gravó el 10% de sus rentas pero sólo de los cuatro años anteriores por lo que recaudó en ese momento menos de lo que debía) afloró para siempre 40.000 millones de euros. Ello fue resultado de las declaraciones extraordinarias de 29.065 personas físicas y 618 personas jurídicas (lista que algunos que hoy están en el gobierno defendían -cuando estaban en la oposición- que se hiciera pública, algo que nunca pasó) que hasta ese momento estaban ocultos para el fisco, y cuyo beneficio se amplía en el tiempo hasta la actualidad. Cinco años después, Montoro la defendía con estas palabras: “En 2012 el Gobierno echó el anzuelo y tuvo que poner un cebo. Sin un cebo mínimamente atractivo, los pececitos se van a otro sitio o se quedan en el fondo del mar”. Es por eso que no sería extraño que en cualquier momento de necesidad se vuelva a repetir, con un gobierno de cualquier signo político.

Medidas estrictamente económicas

Es evidente que nada tiene que ver con la amnistía que el gobierno actual ofrece a Puigdemont y adláteres, las tres amnistías fiscales de nuestra democracia no convierten la evasión de capitales en algo legal que se puede repetir sin esperar consecuencias, fueron medidas económicas que no tuvieron ni implicaciones ni consecuencias políticas, ni se hicieron buscando el voto a favor de alguien favorecido, directamente, por esas medidas. Por último, la amnistía de 2012 del gobierno de Rajoy fue anulada por el Tribunal Constitucional en 2017 (por aprobarse como decreto-ley en vez de como ley) lo que a efectos prácticos no sirvió de nada, que es lo que supongo espera el PSOE: que pase tanto tiempo que dé igual que aprueben algo ahora que hasta julio defendieron que era inconstitucional.