Hace tan solo unos días del término del show Shakira, affaire en el que, combinando el uso de pruebas obtenidas de aquella manera, de indicios más que ficticios, de la intimidación que supone la petición de penas de cárcel, del drama familiar consiguiente y del perjuicio profesional y reputacional, el Fisco español forzó a la cantante a suscribir un acuerdo extrajudicial que no parece acorde con la realidad tributaria sobre la que se ha pactado. Y solo unos días hace que los servicios de prensa del ministerio de Hacienda vendieron lo acordado de modo intoxicado en las redacciones de los medios de comunicación, como si de un triunfo suyo se tratara cuando no fue más que el resultado de un abuso innombrable de las potestades del Fisco para atropellar a un contribuyente.
Pues bien, pocos días después de lo descrito se ha conocido la estrepitosa derrota judicial de nuestro Fisco ante otro contribuyente -Dani Pedrosa- al que también pretendieron atropellar, esta vez sin éxito. Según se ha publicado, al excampeón mundial de motociclismo, la Agencia Tributaria le requería el pago de 25 millones de euros por nueve ejercicios del IRPF en base a considerar que, frente a lo por él declarado, sí tenía su residencia fiscal en España. Primero fue el Tribunal Económico Administrativo Central del propio Ministerio de Hacienda el que declaró ilegal la pretensión de la AEAT en siete de los años reseñados -de 2.008 a 2.014-. Y ahora ha sido la Audiencia Nacional la que ha constatado que también son ilegales las pretensiones del Fisco en otros dos ejercicios, 2.005 y 2.006. Como resumen, a Dani Pedrosa se le ha acusado indebidamente de defraudar 25 millones de euros, resultando finalmente que en la resolución de los litigios él ha salido victorioso y los acusadores derrotados.
Los ahora perdedores, inspectores de Hacienda que formularon la injustificada acusación, recibieron por ello en su día un premio económico cuya devolución nadie les exige
Pero hete aquí que el ahora ganador ha tenido que sufrir durante quince años una grave acusación con varios costes inherentes: Los gastos de su defensa jurídica, que ahora le serán solo parcialmente resarcidos; Un injusto señalamiento social derivado de su inclusión en la execrable la lista de morosos frente a la Hacienda; Un acoso del Fisco a su propio entorno que originó la queja al Defensor del Contributente… Por su parte, los ahora perdedores, inspectores de Hacienda que formularon la injustificada acusación, recibieron por ello en su día un premio económico cuya devolución nadie les exige, una felicitación de sus superiores y hasta es posible que un ascenso. Quiere decirse que acusar desde el Fisco sale muy rentable, por mucho que la acusación carezca de fundamento. Cuesta aceptar que la vida, la hacienda, la tranquilidad y la reputación de un contribuyente puedan ponerse en solfa tan irresponsablemente por aquellos que vienen obligados a cumplir con la legalidad en su actuación. Semejante aberración no es compatible con un Estado democrático, pues es más propia de la época feudal. Pero esto es lo que hay y parece así es socialmente aceptado.
Siendo relevante en sí mismo el caso de Pedrosa, sucede que no es el único. Por citar otros casos de conocidos, cabe señalar el de otro campeón de motociclismo, Jorge Lorenzo, que también salió victorioso frente a un Fisco que le exigía pagar 45 millones de euros y que para forzarle a pagarlos llegó incluso a enviar a funcionarios aduaneros al motor home del deportista con fines inquisitivos y de presión. O el de Xabi Alonso, que se impuso en varias instancias judiciales a un Fisco que incluso llegó a imputar también a su abogado para ofrecer a este su desimputación si convencía al futbolista para que se declarase culpable. Se trata de prácticas nada edificantes utilizadas por el Fisco que, abusando de sus desorbitadas potestades, realiza un pressing ilegítimo a los contribuyentes. Y en ocasiones logra su objetivo, como en el caso ya citado de Shakira, en el de otros famosos, y en el de muchos, muchísimos contribuyentes desconocidos. A todos ellos se les obliga a elegir entre susto o muerte y la mayoría se ven obligados a elegir lo primero ante la extrema gravedad que les supone lo segundo.
Este modus operandi abusivo de nuestro Fisco resulta absolutamente inaceptable, como lo es también la impunidad social con la que se lleva a cabo, pero es lo cierto que está siendo aceptado colectivamente. Lo aceptan todos los partidos políticos, probablemente conscientes de que cuando ocupan el poder el feudalismo fiscal les proporciona recursos con los que engordar el presupuesto que aprueban y ejecutan. Lo acepta la CEOE, probablemente porque sus principales miembros son grandes empresas que disponen de medios para atemperar los abusos que les puedan afectar directamente. Lo aceptan los sucesivos defensores del Contribuyente, probablemente porque se trata de la institución más inútil que imaginarse pueda. Y lo que es peor, parece aceptarlo la sociedad en su conjunto, siendo esta aceptación la más preocupante e incomprensible de todas.
Si el Fisco abusa indebida e ilegítimamente de algunos, aunque estos sean pocos, debiéramos ser todos los que nos sintiéramos aludidos. Y todos los que nos opusiéramos
En efecto, es obligado reflexionar sobre por qué en pleno siglo XXI la mayoría social se pone de perfil ante los abusos a los que el Estado somete a algunos. En mi opinión, concurren dos circunstancias relacionadas entre sí. Una, que la sociedad se aproxima al problema con un criterio estrictamente cuantitativo, no dándole la trascendencia que tiene por afectar a un número escaso de ciudadanos. Y dos, por no ser cuantitativamente relevante, la mayoría de los individuos lo ven como un problema ajeno a ellos. El error de ambas visiones es evidente. Las víctimas de ETA también fueron -son- cuantitativamente irrelevantes en términos relativos y nadie lo ve ni como un problema menor ni como un problema ajeno. Análogas consideraciones pueden hacerse sobre las violaciones. En definitiva, si el Fisco abusa indebida e ilegítimamente de algunos, aunque estos sean pocos, debiéramos ser todos los que nos sintiéramos aludidos. Y todos los que nos opusiéramos al uso indebido que la Hacienda Pública hace de las exorbitantes potestades que le hemos concedido.
Así lo entendieron los norteamericanos cuando se revolvieron social y colectivamente contra los abusos y contra la impunidad que caracterizaban las actuaciones de los agentes del IRS, su equivalente a nuestra Agencia Tributaria. Y su revuelta consiguió la modificación legal de la relación jurídico-tributaria en su país, el cambio en la operativa del citado IRS y un marco envidiable de derechos para los contribuyentes de aquel país. Pero claro, España no es Estados Unidos. En este caso, desgraciadamente.
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En la medida en que se le da al Estado poder para hacer cosas por usted (e.g. sanidad), se le da poder para hacerle cosas a usted (e.g. recaudar impuestos); Invariablemente, el Estado hace lo mínimo de lo primero (e.g. listas de espera en sanidad), y lo máximo de lo segundo (e.g. abusos recaudatorios).
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"[T]he elementary truth which was so clear to the mind of Mr. Jefferson, that in proportion as you give the State power to do things for you, you give it power to do things to you; and that the State invariably makes as little as it can of the one power, and as much as it can of the other."
~Albert Jay Nock
This is not America (no)
This is not
This is not America (no)
~David Bowie
Este es otro claro caso de abuso estatal que tal vez alguien valiente como la Fundación ¿Hay Derecho? podría intentar remediar. Desde luego es penoso que ningún partido político tenga la decencia de asegurarse que estos atropellos abusivos a los ciudadanos paren.
No sé de qué se extraña el articulista puesto que los métodos empleados por esta cuadrilla, que si no son delincuenciales lo parecen, son absoluta y plenamente coherentes con la cleptocracia en la que vivimos. Dicen que es para Sanidad y Educación pero en realidad es para mantener todo un tinglado clientelar que se extiende por la sociedad como el cáncer que es, un tinglado que hunde sus raíces en cientos, si no miles, de asociaciones y pequeñas empresas que viven de las subvenciones y coimas gubernamentales y que alcanza hasta las más altas cotas de la Administración. A ver si no de qué el empeño de Sánchez en ocultar los gastos del catering de su Falcon. Porque es suyo.
Todo lo que denuncia con gran acierto, es tal vez la evidencia más clara que en España nunca hemos sido ni libres, ni iguales ante la ley. Para que ello fuese posible deberíamos ser un país verdaderamente democrático y aquí nos han conseguido hacer creer que habíamos dejado atrás la dictadura de Franco. La libertad y la justicia habrá que pelearla, pero sospecho que nadie está por la labor.
Así que, el que pueda, que ponga sus bienes a salvo porque tarde o temprano se los van a robar. O acaso alguien cree que si no se respeta la igualdad ante la ley, se va a respetar la propiedad privada?
El poder de Hacienda es el terror, su capacidad de arbitrariedad es ilimitada y si entras en su foco estás perdido.
Con Hacienda no hay presunción de inocencia y utiliza los medios para arrastrar tu nombre por el fango.
En el caso de Shakira, para mí una interpretación de residencia o no en la que probablemente la cantante llevaba razón, vi programas en La Sexta donde inspectores de hacienda afirmaban como hechos probados los posibles delitos de Shakira y luego un periodista, por decir algo, mezclaba las relaciones sexuales de la cantante con Pique en un hotel de Barcelona como prueba de que había defraudado.
Te acusan en los casos grandes por lo penal, si te enfrentas te buscan más años, lo penal no prescribe, pueden ir para atrás hasta volverte loco.
Si pierden buscan más acusaciones, tu familia, tus amigos, todo lo que te rodea es víctima de la furia de esta mafia.
Pierden a pesar de todo el 50% de los juicios y no hay responsabilidades, es más, los inspectores que hacen el trabajo sucio siguen cobrando primas por los casos perdidos.
Hay omertá, ley del silencio, nadie quiere investigar, ninguna plataforma publicará reportajes, silencio en las tvs, como sucedió con el supuesto mayor defraudador, al que volvieron loco y luego ganó en los tribunales.
El documental Hechos Probados, no fue emitido por nadie por el terror a Hacienda.
Estos son los grandes pero también hay un drama aún peor en los pequeños, ahora han enfilado a los autónomos que les va mal y tienes que declarar beneficios, si o si, aunque tengas unos años malos.
La técnica es la siguiente, te quitan todos los gastos arbitrariamente hasta alcanzar unos beneficios del 98% sobre bruto, un absurdo, todo para arañarte unos míseros euros que te retuvieron algunos clientes y quedárselos.
Saben que te están cobrando impuestos por unos beneficios inexistentes pero les da igual, y la situación es ir a los tribunales durante años con los gastos correspondientes o pagar y aumentar aún más tu difícil situación económica.
Incluso se contradicen con inspecciones pasadas negando cosas que antes aceptaron, se lo dices y les da igual.
Mafia, mafia, mafia.
Vivimos en una sociedad enferma, donde al que produce, trabaja, lucha por salir adelante por sí mismo, se le persigue y solo está tranquilo el pasivo, el que vive y parasita de los demás, como ahora yo, que estoy jubilado, alimentado todos los meses por el estado y la Hacienda mafiosa ni se fija en mi.
Mientras dure.
El único delito que no prescribe en España es el delito de lesa humanidad.
En cuanto a los delitos fiscales, hay dos: el normal y el agravado. Para el segundo la prescripción es a los 10 años y se caracteriza por defraudar más de 600.000 euros; El primero prescribe a los 5 años y se caracteriza por defraudar entre 120.000 y 600.000 euros.
Por debajo de los 120.000 no es delito fiscal. su prescripción varía de 4 a 5 años si se determina una práctica continuada de defraudación fiscal .
Las leyes fiscales españolas son tan salvajes que se puede decir que los inspectores de Hacienda son corsarios (o sea, piratas con patente de corso) y que cada vez que se reforman es para endurecerlas más. Conveniente leer la Declaración de Granada de 2018. El penúltimo párrafo dice literalmente:
"El fenómeno es claro y los resultados también. La Hacienda Pública se ha convertido en agente de la razón de Estado. Una razón que descansa sobre un solo pilar cual es la recaudación. En el margen del camino ha ido quedando, primero, la Ley; más tarde, la seguridad jurídica; y unos metros más allá las garantías y los derechos del contribuyente que en 1998 parecieron albergar un revivir de los sueños nacidos con la Constitución de 1978."
Léanlo. Los catedráticos de Derecho Fiscal y Tributario que lo firmaron tuvieron claro que, al menos, se debía alzar la voz.
Sr. Jarabo: Me permito repetirle una propuesta que ya hice hace unas fechas: una modificación legislativa por la que si un ciudadano vence sucesivamente en dos instancias judiciales (primera y apelación) se dé por finalizado el litigio, no pudiendo la Administración recurrir en casación. Así se equilibra un poco el poder exorbitante de una contra la libertad y, en este caso, la razón jurídica del contribuyente.
Sé que es ingenuo pensar que ocurra, pero ahí dejo la semilla. Un saludo.