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Rubén Arranz

Análisis de medios

El caso de Rosa María Mateo, o de cómo dar la puntilla a un servicio público

Rosa María Mateo
Rosa María Mateo EFE

Las televisiones tienen una curiosa forma de amortiguar las críticas de la prensa. Consiste en sentar en sus tertulias a periodistas de unos cuantos periódicos y concederles visibilidad a cambio de cariño. El sistema es claro: si se portan bien les llaman; si me porto bien, voy. Eso explica que algunas de las grandes plumas de este país aplaudieran con los ojos cerrados la llegada de Rosa María Mateo a Radiotelevisión Española el pasado julio, sin tener en cuenta aspectos tan 'irrelevantes' como el hecho de que una comunicadora que estaba de retirada pasara de la noche a la mañana a dirigir de forma plenipotenciaria un servicio público con un presupuesto anual de 1.000 millones de euros. El caso es que, como algunos de estos ilustres desayunaban con Xabier Fortes, pasaron por alto lo que ocurría en Torrespaña, no fuera a ser que contar la verdad les obligara a tomar el café con leche en la cafetería de debajo de su casa. Casualidades de la vida, esta semana se confirmaba que una de las dos tertulias de Fortes ha sido retirada de la parrilla y algunos de los que callaron, por arte de magia, se han dado cuenta de que la audiencia de los telediarios ha descendido.

El ejemplo ilustra a la perfección sobre las dinámicas que sigue el periodismo de este país, que se cansa de reclamar dignidad cuando es atacado por algún agente patógeno, pero que se empeña en auto-destruirse a cambio de un cuscurro de pan y cuatro pesetas. En cualquier caso, no está de más que los últimos acontecimientos hayan ayudado a alguno que otro a cerciorarse de los malos resultados que ha deparado, hasta el momento, la gestión de Rosa María Mateo y de su equipo.

Resulta tentador detenerse a analizar la caída de audiencias, el nepotismo que explica algunos ascensos y ceses en Torrespaña; o la cutrez de algunos proyectos emprendidos durante los últimos meses, pero, realmente, la culpa de la lamentable situación en la que se encuentra RTVE no la tiene Rosa María Mateo, sino que se explica en los manejos que se han realizado desde Moncloa y desde la carrera de San Jerónimo, donde los grupos parlamentarios han actuado con una total irresponsabilidad a la hora de tomar decisiones sobre este servicio público.

El asunto clama al cielo, pues ha transcurrido un año y tres meses desde que se aprobara la reforma legal que abría la puerta a elegir a los miembros del Consejo de Administración de RTVE mediante un concurso público. Esta modificación normativa obligaba a desarrollar un reglamento para el procedimiento, a convocarlo, a resolverlo y a que los partidos se pusieran de acuerdo sobre 10 candidatos. Y, desde luego, era sólo el primer paso de la reestructuración integral que debe aplicarse sobre la televisión pública, que camina como un muerto viviente dentro de un ecosistema audiovisual que es totalmente distinto al de 2007, cuando se constituyó la corporación.

Era previsible

Un veterano dirigente socialista advirtió lo que iba a pasar con el concurso público pocos días después de la convocatoria. “¿un concurso público, para qué? Aquí nadie entiende la vocación de servicio público de RTVE, la quieren tener bajo su control. Se convocará el proceso y cada uno tratará de impulsar a sus candidatos para conservar su influencia en el consejo. Es una idea muy naíf para este país”, dijo.

Sus palabras anticiparon lo que ha ocurrido posteriormente, con un PP que en un primer momento se negó siquiera a sentarse a negociar el reglamento del concurso público, con una parte del PSOE que, contraria a este método de elección, trató de paralizar el proceso a espaldas de Ferraz; y con un Podemos que enarboló la causa del concurso de méritos pero que, a la hora de la verdad, cuando el Gobierno le ofreció pactar un presidente y un consejo de administración provisional, le faltó tiempo para proponer periodistas afines. Algunos, de un claro perfil incendiario.

“¿Un concurso público, para qué? Aquí nadie entiende la vocación de servicio público de RTVE, la quieren tener bajo su control", dijo un veterano dirigente socialista.

El petrimetre de Moncloa aprovechó la lentitud con la que discurría el proceso de renovación para tomar el mando de RTVE, aunque eso supuso traicionar, en parte, el discurso que había defendido su partido hasta el triunfo de la moción de censura. Entonces, colocó al frente a Rosa María Mateo y la rodeó de ese lobby progresista que con tanta vehemencia denunciaba la manipulación de los telediarios en la anterior etapa -y con razón-, pero que ahora calla con una caradura difícil de concebir. Sus 'viernes de negro' y sus críticas a los noticiarios encontraban una buena acogida en cadenas privadas como La Sexta, cuyos accionistas, evidentemente, no tienen un especial interés en que RTVE remonte el vuelo. Pero así ocurrió. Este jueves, trascendía que la productora de Jordi Évole va a realizar un programa para la televisión pública. Lo que es bueno para unos, también es bueno para otros.

Mientras tanto, quienes han sido cesados en los últimos meses lloran como plañideras en las redes sociales y los medios conservadores; y hablan de despidos ideológicos, cuando, durante varios años, ayudaron a quitar hierro a los escándalos de corrupción que afectaban al partido de la calle Génova. Porque la historia de la televisión pública ha estado supeditada a Moncloa y unas cuantas contrataciones y ascensos sólo se explican por la capacidad de algunos comisarios políticos de proteger los intereses de un partido.

Cuando cerró Canal 9, fueron decenas los 'enchufados' que lamentaron su desaparición, después de años siendo parte interesada y ejerciendo de consentidores de los caprichos de la Generalitat del corrompido PP valenciano. Ahora, una parte de quienes más contribuyeron a la degradación de la reputación de RTVE durante la etapa de José Antonio Álvarez Gundín como jefe de informativos critican la manipulación. Hace falta tener cuajo.

Rosa María Mateo hasta el infinito y más allá

Esta semana, 'Vozpópuli' se hacía eco del recurso que Miguel Ángel Sacaluga ha presentado contra la resolución del concurso de RTVE, en el que la candidata que ha recibido una mayor puntuación es Alicia Gómez Montano, actual editora de Igualdad. Por supuesto, designada bajo el mandato de Rosa María Mateo.

El recurso critica la falta de seguridad jurídica del procedimiento y la emprende contra el Comité de Expertos que se encargó de examinar las 95 candidaturas, que, dicho sea de paso, tuvo que someterse a unas cuantas normas ilógicas que ha pedido que se cambien -con razón- y con una escasez de medios intolerable. El alegato de Sacaluga no es el único, pues han sido varios los aspirantes excluidos que han solicitado la revisión del procedimiento, lo que podría llegar a retrasar la constitución del nuevo Consejo de Administración.

Evidentemente, en Moncloa se frotan las manos con la posibilidad de poder tener bajo su control la televisión pública durante unos cuantos meses de este 2019, máxime si se tiene en cuenta que a finales de mayo habrá elecciones municipales, autonómicas y europeas. Al PP tampoco le viene mal este hecho, puesto que la torpeza exhibida por Rosa María Mateo y su equipo en no pocas ocasiones le sirve de coartada para poner en evidencia al Gobierno, que fue el impulsor del cuestionable Real Decreto que posibilitó su nombramiento.

Entretanto, la casa sigue sin barrer, la audiencia se desploma y cientos de millones de euros se malgastan en financiar un servicio público que los partidos se niegan a dejar volar libre. Sus ansias propagandísticas les impiden ver que la posibilidad de construir un espejo en el que la sociedad española se vea reflejada podría ayudar a vertebrar el territorio y servir como arma para combatir las tensiones nacionalistas. Pero ésa es la historia del régimen del 78, en el que los partidos, como hiedras, han ido poco a poco trepando por las Instituciones hasta conquistarlas y asfixiarlas.

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