Veto a los "pseudoperiodistas": Sánchez aviva la campaña contra la prensa crítica y sus anunciantes

Fue en la entrevista que concedió el pasado fin de semana a La Vanguardia cuando Pedro Sánchez pronunció el término fachosfera, al cual había hecho referencia Óscar Puente anteriormente y que sirve para encuadrar a los medios de comunicación conservadores que están “parasitados por la ultraderecha” y se dedican a “polarizar, insultar” y a “generar una desconfianza con un fin claro”, que es el de desestabilizar la democracia.

Así lo definió Sánchez en el periódico del conde de Godó y así lo dejó también claro en su último libro, Tierra firme, en el que acusa a la derecha y a sus medios afines de “envenenar la convivencia” con “discursos insultantes”. “Cuando se echa leña al fuego durante mucho tiempo, un día puedes prender la casa entera de la democracia”, expone.

Son varios los ataques que ha dedicado el presidente y su entorno a la prensa conservadora desde la pasada campaña electoral, según él mismo ha reconocido, aconsejado por sus asesores, quienes concluyeron que Moncloa había infravalorado durante cinco años el efecto nocivo sobre la sociedad de la prensa "intoxicadora". No es casual la frase que el presidente repitió en varias de las entrevistas que concedió antes de las elecciones, entre otras, en el plató de El Hormiguero o en el de Ana Rosa Quintana. “La opinión publicada es muy diferente a la opinión pública”, sostuvo.

Campaña de desprestigio

Esta campaña contra la prensa crítica se ha librado en varios frentes desde entonces. Uno de los últimos tuvo lugar hace unos días, cuando el PSOE pidió amparo a la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y a la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ante lo que consideraba la “amplificación y difusión de un discurso de odio hacia ese partido y sus representantes y afiliados por parte de quienes califica de pseudomedios y pseudoperiodistas” que son cercanos a Vox.

Este lunes, el partido iba un paso más allá y pedía la retirada de la acreditación de prensa del Congreso y del Senado para estos medios activistas. El director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín aseguraba, en declaraciones recogidas por Europa Press, que estos pseudomedios sólo alimentan y difunden contenidos que no respetan la obligación de información veraz y pueden suponer discursos de odio, que provocan crispación y ataques hacia diferentes colectivos como los inmigrantes, las mujeres o los LGTBI".

El PSOE y sus terminales mediáticas no sólo han señalado el aspecto editorial, sino también el económico. De hecho, hace dos semanas, el presidente de Prisa Media, Carlos Núñez, expresó en una intervención pública la necesidad de “añadir a las siglas ESG (que se refieren, en inglés al medio ambiente, el aspecto social y la gobernanza), cada vez más en boga entre las empresas, la D de democracia como factor a tener en cuenta” a la hora de realizar inversión publicitaria en los medios de comunicación.

Sus palabras las difundieron los diarios El País y Cinco Días; y llamaron la atención dentro del sector de los medios, dado que no sólo se referían a los anunciantes públicos, sino también a los privados. Es decir, a las empresas que se anuncian con su propio capital en los medios. “Si toda la inversión se va a buscar audiencias, se drena el modelo de negocio de los medios”, apuntó.

En otras palabras, apeló a gastar las partidas publicitarias en la buena prensa, en detrimento de la que perjudica la “sostenibilidad democrática”.

Moldear el panorama mediático

Mientras esta campaña se desarrolla, son varios los movimientos que ha realizado el Ejecutivo desde la investidura en el terreno de los medios de comunicación. El más evidente fue la designación de Miguel Ángel Oliver como presidente de la Agencia EFE, en sustitución de Gabriela Cañas.

Desde que comenzó enero, también se han producido dos sucesos relevantes: el primero fue una reunión en Moncloa entre la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, y Félix Bolaños y Francesc Vallés -este último, secretario de Estado de Comunicación-. Según ha transmitido la directiva en su entorno -incluido algún consejero de la casa-, el tono de la reunión fue bronco, lo que dentro de la casa se interpreta como una maniobra de presión hacia ella.

El próximo marzo, vence el mandato de cinco de los nueve consejeros de RTVE y el PSOE tendrá que buscar un pacto con otras fuerzas parlamentarias para promover su sustitución, así como la designación del nuevo inquilino de la plaza que quedó vacante tras la dimisión de José Manuel Pérez Tornero, acaecida a finales de 2022 después de que algunos vocales designados para su puesto por el PSOE -incluida la propia Elena Sánchez- orquestaran una rebelión contra él.

Ahora, consejeros de RTVE deducen que la intención del Ejecutivo es la de nombrar un presidente sobre el que no cuelgue la etiqueta de 'provisional' -pese a la difícil aritmética parlamentaria-, por lo que ha incrementado la presión sobre la actual dirigente.

Cientos de millones de publicidad institucional

Entre medias, el Consejo de Ministros realizaba un movimiento significativo hace unas semanas, cuando designó a José Manuel Nevado como nuevo director del Departamento de Publicidad Institucional de Moncloa. Durante los últimos años, había ejercido de director general de la Asociación de Productores Audiovisuales de Televisión de España (PATE), de la que forman parte múltiples empresas del sector, desde Diagonal hasta Shine Iberia, Mediapro, LACOproductora -Prisa y José Miguel Contreras-, Zeppelin o Zeta Studios.

Nevado controla un área del Ejecutivo que repartirá durante los próximos cuatro años cientos de millones de euros en publicidad institucional, los cuales pueden servir para premiar a afines o para castigar a críticos o "pseudomedios". En 2023, esta partida ascendió a 145,9 millones de euros, a los que hay que sumar los 25 millones de campañas de 2024 que fueron anticipadas. La pregunta que ronda entre los editores de medios de comunicación estos días es si, para repartir estos fondos, se aplicará ese criterio ESGD que piden desde Prisa y, en ese caso, cómo se medirá la aportación a la democracia de los medios de comunicación.

También está la duda sobre cuánto dinero podría recaer en este sector dentro del PERTE anunciado hace unos meses para atender a “las necesidades de digitalización y ciberseguridad de la prensa escrita y/o digital”. De momento, entre los directivos del sector consultados por este medio hay más dudas que certezas acerca de esta partida presupuestaria.