Publicado: 15/12/2021 04:45
El Juzgado de lo Social número 6 de Barcelona acoge este miércoles el procedimiento que enfrenta al periodista Santiago Torres con TV3, el cual se inició después de que este veterano trabajador de la casa invocara la cláusula de conciencia tras ser apartado de sus funciones y "denigrado como profesional".
El denunciante reclama a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) que le conceda el despido improcedente y la consiguiente indemnización que lleva aparejado, que es a lo que -considera- tiene derecho tras haber invocado la cláusula de conciencia, un derecho constitucional.
Así lo han explicado fuentes jurídicas relacionadas con el caso, quienes inciden en que Torres ha permanecido en la empresa desde 1986 y que ha sido premiado por sus trabajos.
La defensa quiso citar a cinco testigos para ratificar la versión del denunciante, pero la titular del juzgado sólo ha permitido la comparecencia de dos, detallan estos informantes.
Asimismo, apuntan a que la Federación de Asociaciones de la Prensa Españolas (FAPE) ultima un informe relacionado con el caso de su cliente que no podrá ser presentado dentro del procedimiento judicial, dado que se encuentra en elaboración.
El caso de Santiago Torres
Tal y como detalló Vozpópuli el pasado verano, Santiago Torres se empleaba hasta 2017 en el programa 30 Minuts, dedicado a la elaboración de reportajes en profundidad sobre Cataluña.
El inicio de su conflicto se produjo en 2017, pocos meses después de que el Gobierno de Carles Puigdemont impulsara a David Bassa como jefe de los informativos de TV3.
Bassa había ejercido de número 2 de Mónica Terribas en Catalunya Ràdio. En su currículum también figura como director del documental Terra Lliure, punt final, que mereció en 2007 una reprimenda del Consejo Audiovisual de Cataluña por definir como “activistas” a los terroristas de este grupo o como “acciones armadas” a los atentados. De las 31 personas que participaron en la obra, sólo 1 era familiar de una de sus víctimas.
Poco después de ser designado para la tarea, Santiago Torres comenzó a preparar el documental Setge al referèndum (Cerco al referéndum). Primero, fue censurado y, posteriormente, apartado de la tarea. “El actual jefe de informativos, David Bassa, me convocó a varias reuniones previas al inicio del rodaje para marcar las directrices y asegurarse de que los contactos con los políticos se hacían sólo a través de él -hecho inaudito en toda mi carrera periodística-”, expresa, en una carta dirigida a Núria Llorach -presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales- y a Vicent Sanchís, director de TV3, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Unos meses atrás, Torres había realizado un reportaje (Referèndum impossible) que había sido criticado por el independentismo. Ante estos hechos, anterior director de TV3, Jaume Peral, salió en defensa del periodista y le puso como ejemplo de la neutralidad de la televisión autonómica catalana.
No ocurrió lo mismo tras la llegada de Bassa -y del 'otoño caliente' catalán, de 2017-, pues fue apartado de 30 Minuts y degradado dentro de la corporación. Su último destino fue la redacción del canal 324, donde le encargaron una labor de 'corta y pega' de piezas informativas, la propia de los periodistas con menos experiencia y cualificación, exponen fuentes jurídicas.
En esas condiciones, recurrió a los tribunales para invocar su cláusula de conciencia. Es decir, para tratar de obtener el despido improcedente por las diferencias de criterio que le separan de la actual Dirección de su medio de comunicación, que -considera- le ha denigrado como profesional.
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