Francisco Rosell presentará una querella contra Unidad Editorial por falsedad documental

Los representantes legales de Francisco Rosell y de Unidad Editorial estaban citados este miércoles por la mañana en los juzgados, dentro del procedimiento relativo a la destitución del periodista como director de El Mundo, confirmada hace un año. Sin embargo, el juicio finalmente no se ha celebrado. El magistrado lo ha programado para el próximo 10 de julio.

Tres son las causas por las que ha tomado esta decisión. La primera, y más importante, es que el juzgado olvidó citar al fiscal, algo que era un requisito necesario, toda vez que la demanda denunciaba la vulneración de los derechos fundamentales como trabajador de Rosell.

Por otra parte, las partes fueron incapaces de alcanzar un acuerdo antes de entrar en la sala. De hecho, delante del magistrado mantuvieron una breve negociación en la que se negoció una liquidación que no satisfizo a Rosell. Además, el abogado del periodista, Javier Gómez de Liaño, anunció su intención de presentar una querella contra la empresa por falsedad documental y estafa procesal.

Lo hizo -añaden estos informantes- después de que la negociación fracasara. Entonces, Gómez de Liaño adelantó su intención de presentar una querella y el abogado de Unidad Editorial ’le retó’ a que lo hiciera. Previamente, en la conversación entre las partes, Rosell había rebajado las pretensiones económicas iniciales, que son las que figuran en la demanda.

Así lo han explicado a Vozpópuli fuentes judiciales involucradas en el proceso, que inciden en que la defensa de Rosell sospecha que Unidad Editorial ha manipulado las actas de la reunión del Consejo de Administración en la que decidió la destitución del periodista al frente de la cabecera generalista.

La querella se dirigirá a todos los consejeros del grupo y a la secretaria de este órgano. Es decir, a toda la plana mayor de la filial de RCS MediaGroup en España.

Fuentes oficiales de Unidad Editorial han declinado hacer comentarios sobre este procedimiento. Otros informantes del grupo consideran evidente que detrás de estas maniobras judiciales se encuentra la intención del afectado de negociar una indemnización, al igual que ocurrió previamente con David Jiménez. La suya se cerró en casi 1 millón de euros.

Testigos en el proceso

La defensa había llamado a declarar como testigos al dueño de RCS MediaGroup, Urbano Cairo, al presidente del Consejo de Administración de Unidad Editorial, Marco Pompignoli, a la consejera Stefania Bedogni y a la secretaria de este órgano, Lidia Barrero. También había pedido la testifical de Antonio Fernández Galiano -quien encabezó el grupo hasta mayo de 2021- y de Javier Cabrerizo, el exdirectivo del grupo que firmó el contrato de nombramiento de Rosell. Todos ellos, salvo Cairo, acudieron en la mañana del miércoles a los juzgados.

La demanda -a la que ha tenido acceso este periódico- se centra en la vulneración de los derechos fundamentales del periodista, así como en el modo en el que se produjo su 'despido' como director de la citada cabecera y la justificación que arguyó la empresa.

Esta última fue tan inconcreta -a juicio del abogados de Rosell- que impulsó a los denunciantes a solicitar en la demanda las actas y las grabaciones de la reunión del Consejo de Administración de Unidad Editorial en las que se decidió el cambio de director de El Mundo, a iniciativa de su principal accionista, italiano.

La empresa se opuso en un principio a revelar las actas de su órgano de gobierno y sólo lo hizo -el 13 de marzo- después de que el juez se lo requiriera. Ahora bien, no aportó las grabaciones, que también le han sido solicitadas, dado que los abogados del periodista sospechan que pueden contener información adicional sobre la decisión de destituir a Rosell.

Dado que en el momento de celebración del juicio Unidad Editorial no había presentado los citados documentos, la defensa del exdirector ha anunciado al juez su intención de querellarse.

Las razones de Rosell

La demanda considera que el exdirector de El Mundo fue apartado de esta función -entre otras cosas- por la línea editorial crítica que mantenía con el Gobierno de España, en un momento en el que los medios de comunicación se encuentran en crisis y necesitan de los ingresos de publicidad institucional para equilibrar su balance.

“No parece casual que se aparte de la dirección de uno de los grandes medios de comunicación nacionales a la persona que realizó la investigación periodística más importante en materia de corrupción política en lo que llevamos de siglo [se refiere al caso de los EREs de Andalucía], que afectó directa y gravemente al partido hoy en el poder”, expone.

A su juicio, la empresa también ha discriminado a Rosell -de 65 años- por razones de edad y le ha sometido a “un acoso constante” con el que “pretende minar el ánimo personal y profesional del actor, con el fin evidente de que abandone la empresa”. Tal es así que estas “maniobras constantes de la empresa para socavar su moral, le han conducido a un estado de trastorno ansioso depresivo que le ha obligado a iniciar el tratamiento pertinente”, apunta la demanda.