Uno de cada cuatro de los cerca de 500.000 inmigrantes irregulares que llegan a la UE cada año se acoge a la estrategia europea de retorno voluntario e integración enmarcada en el Pacto sobre Migraciones y Asilo de los Veintisiete.
Ese pacto, que se puso en marcha en abril de 2021, cifra en 560 euros el coste de cada migrante que decide volver a su país de origen voluntariamente, frente a los 3.414 euros por persona que cuesta la repatriación forzosa, según los datos de la Comisión Europa.
Es por ello que el Pacto prevé un incremento financiero en el periodo 2021-2027 a los Estados miembros para promover el aumento de dichos retornos voluntarios desde la Unión Europea, que alcanza el 27 por ciento de esas entradas irregulares.
El programa en España
En España, estos programas los gestiona el Gobierno a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y, antes de la puesta en marcha del nuevo plan europeo, ya acumulaba un total de 22.639 viajes de vuelta entre 2009 y 2021 de extranjeros no comunitarios, tanto en situación administrativa regular como irregular.
"Cerca del 80 % logra la integración familiar no traumática", indica a Efe Yolanda Villavicencio, presidenta de Aesco (entidad colaboradora), en relación a la vulnerabilidad que experimentan los solicitantes de este regreso, muchos bajo el umbral de la pobreza, que se enfrentan a los estigmas de sus allegados una vez han vuelto a su país.
La demanda ha aumentado significativamente en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, con un flujo de solicitudes que se produce cada día, según han comentado a Efe las organizaciones contactadas de España.
Una de ellas es la Fundación Cepaim, quien afirma haber atendido alrededor de unas 600 solicitudes esta temporada, que va de junio a junio, y que ya tiene comprometido el presupuesto del próximo año con las personas que tienen expediente abierto. Desde su organización, se ha gestionado en 2021-2022 un total de 287 regresos voluntarios asistidos, ha puntualizado Eliana Rincones, técnica de proyectos de Cepaim.
Además, como estimó Bruselas en el Pacto, se busca “establecer vínculos más estrechos con otras iniciativas, a desarrollar la capacidad y la responsabilización de terceros países para reintegrar a sus propios nacionales y a hacer sostenibles los sistemas”.
Retorno voluntario productivo
Es precisamente en este marco donde se sitúa la otra variante de retorno voluntario: el productivo, que se basa en la compra de billetes de avión, ayuda de viaje de 50 euros por persona, ayuda de reintegración de 400 euros por persona hasta un máximo de 1.600 euros por familia y hasta un máximo de 5.000 para la inversión, formación y asesoramiento gratuito y gastos imprevistos justificados.
Un total de 1.388 personas han vuelto voluntariamente desde España del 2010 al 2021 con este tipo de retorno, la mayoría de ellos a Colombia (445), seguido de Senegal (277) y Ecuador (192), y en menor medida a países como Bolivia, Camerún o Nicaragua.
Guillermo González es uno de ellos. Desde hace dos meses regenta una tienda de alimentación en la ciudad de Pereira (Colombia). Las estanterías repletas de productos frescos, no perecederos, de higiene y hasta una pequeña sección de frutería podrían pasar desapercibidas por su cotidianeidad, pero esta tienda no es nada ordinaria: ha sido financiada por el Gobierno de España.
Tras tres años residiendo en España, González se asesoró sobre esta posibilidad y presentó un plan de empresa viable. El proyecto siguió adelante y tras reformar el establecimiento y habilitarlo, hoy en día es una realidad. No sabe qué le deparará el futuro pero de momento sigue en contacto con AESCO, la asociación intermediaria a la que tuvo que mandarles las facturas, los documentos y un vídeo del local.
Y es que implementar estos proyectos implica que la entidad con la que se ha gestionado el retorno ha de estar en constante comunicación con el beneficiario, para ello es imprescindible oficinas de seguimiento y una colaboración estrecha, de ahí la limitación de estados colaboradores.
Para poder acceder a la prestación es necesario pasar cuatro fases: información, formación de 20 horas entre tutorías y planes de empresa, comunicación de la resolución (los proyectos viables los aprueba el Ministerio, que tiene en cuenta requisitos como estar libre de causas penales), y finalmente, el retorno en el país de origen, acompañamiento y seguimiento. Asimismo, el compromiso de no volver en 3 años a España para residir es un requisito indispensable, todo ello enmarcado dentro de una política europea que sigue protegiendo sus fronteras.
