Ayuntamientos y CC.AA. se adelantan al Gobierno con un plan de ayuda al refugiado

Ante la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, que anunció el pasado 1 de septiembre su intención de impulsar un registro de familias dispuestas a acoger a refugiados, varias ciudades y autonomías, de diverso signo político, han decidido unirse a la misma y crear una red de municipios-refugio que ayude a estas personas que quieren llegar a Europa huyendo de los conflictos bélicos como el de Siria. Así, Madrid, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Pamplona, Palma, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Cádiz... etc, entre otras, están dispuestas a sumarse al proyecto y aportar su granito de arena, al tiempo que no dudan en pedir al Ejecutivo una estrategia común.

Desde la organización Médicos Sin Fronteras estas medidas impulsadas por gobiernos municipales y autonómicos suponen un tirón de orejas al Gobierno español y un ejemplo a seguir: "Estas medidas están reflejando, de alguna manera, la solidaridad de la sociedad de España, y en este caso de sus representantes municipales, que está dando un ejemplo a seguir, que por ahora no está dando el Gobierno del país", afirma Carlos Ugarte, responsable de Relaciones externas de MSF.

Desde MSF estas medidas impulsadas por gobiernos municipales y autonómicos son "un ejemplo a seguir" por parte del Gobierno de España

En los últimos días el Gobierno liderado por Mariano Rajoy había tenido una escasa capacidad de reacción ante este problema, que se ha visto superado por la presión social ejercida por varios ayuntamientos y autonomías, viéndose en la obligación de abordar el problema con otra perspectiva. Así, el Consejo de Ministros ha acordado el 4 de septiembre crear una comisión interministerial y convocar la Conferencia Sectorial de Migración, en la que están representadas las comunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias para abordar esta situación ante la masiva movilización social.

Crisis migratoria

Las imágenes de cientos de refugiados atrapados en las estaciones de tren de Hungría, intentando entre la desesperación alcanzar las fronteras de Austría o Alemania, ha conmocionado al mundo en los últimos días. La fotografía de Aylan, el niño sirio que murió ahogado en las costas turcas el pasado 2 de septiembre, ha abierto también el debate sobre si estos civiles que vienen huyendo de zonas conflictivas deberían tener más protección internacional, la cual, por ahora, no se está dando: "Esta situación está provocando que esos refugiados no estén encontrando medidas legales y seguras para entrar en Europa y se les esté obligando a hacer esos viajes tan peligrosos a bordo de embarcaciones como el caso de Aylan, que tendría que haber tenido la posibilidad de llegar de una forma legal y segura", afirma Carlos Ugarte.

Desde España, el presidente del Gobierno, en una rueda de prensa con el primer ministro británico, David Cameron, ha confirmado que "no se le va a negar el derecho de asilo a nadie", pero no ha detallado qué cuota de refugiados estaría dispuesto a acoger. El presidente se justificó en que la Comisión Europea no había presentado aun formalmente su propuesta de repartir entre los Estados miembros 120.000 nuevos refugiados llegados a Italia, Grecia y Hungría y ha insistido en la necesidad de esperar a la reunión que mantendrán el día 14 de septiembre los ministros de Interior europeos.

Hungría ha aprobado un paquete de leyes que prevé penas de hasta cinco años de cárcel por el cruce ilegal de sus fronteras

Esta actitud contrasta con la de Alemania y Austria, destinos preferidos de estos refugiados, que están poniendo todos los medios necesarios para frenar este avance. Así, en las últimas horas, los Gobiernos alemán y austriaco han dado el visto bueno para que estos refugiados sigan su camino tras pasar varios días retenidos en las estaciones de tren de Hungría. Por otro lado, Francia y Alemania han acordado una iniciativa conjunta, en la que incluyen un "mecanismo obligatorio y permanente" de acogida de refugiados, que huyen de Siria y otros países en guerra permanente. Merkel y Hollande han destacado que "esos refugiados" necesitan protección internacional y que Europa debe proteger a aquellos para quienes esta es su última esperanza. Por el contrario, el parlamento de Hungría ha aprobado un paquete de leyes que prevé penas de hasta cinco años de cárcel por el cruce ilegal de sus fronteras, con el objetivo de "aliviar la presión migratoria" que se registra desde hace meses en el país.

Iniciativas municipales y autonómicas

El Ayuntamiento de Madrid liderado por Manuela Carmena no ha dudado en seguir los pasos de Ada Colau y ha anunciado que destinará en el próximo presupuesto una partida de hasta 10 millones de euros a un plan integral de ayuda, que incluirá soluciones habitacionales "de por vida". En él no se tendrá en cuenta si tienen o no el estatus legal de refugiado. Por su parte, la Comunidad Valenciana dispone de más de 300 plazas preparadas a través de su red pública de albergues para atender esta llegada, contando con un presupuesto inicial de más de 620.000 euros.

Galicia se ha ofrecido al Gobierno central para acoger en la comunidad autónoma a un máximo de 300 refugiados sirios. A la espera de concretarse la medida, los beneficiarios serían alojados en instalaciones propiedad de la Administración autonómica. La Generalitat de Cataluña está dispuesta a asilar los refugiados que les correspondan, pero solicita al Gobierno que asuma la cifra que le solicita la Comisión Europea lo antes probable. Aseguran que disponen de 28 camas, en las que podrían permanecer seis meses.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que destinará una partida de hasta 10 millones de euros a un plan integral de ayuda al refugiado

El Gobierno de Navarra estudia con Acnur la posibilidad de la llegada directa a la ciudad de refugiados, solicitando una autorización al Ejecutivo central. Asimismo, Canarias también se ha mostrado dispuesta en recibir en las islas a "los refugiados que sean necesarios", pero también ha pedido al Estado que lidere una política común de acogida, y Extremadura ha ofrecido a Interior sus recursos para facilitar la acogida de refugiados y ha puesto en marcha una línea de cooperación con la CEAR para atender a las personas que pretenden entrar en España.

Asturias está ultimando la concesión de una ayuda de emergencia de 70.000 euros al comité español de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, para atender a la población refugiada en la crisis del Mediterráneo.

Por último, El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha mostrado la "voluntad" de este organismo de coordinar a todos los ayuntamientos para acoger y ayudar a los posibles refugiados que lleguen a España, en colaboración con el Estado y las comunidades.

Gestos solidarios

Desde que se ha producido esta crisis migratoria los gestos solidarios por parte de la población y de las organizaciones han sido constantes. Desde Mensajeros por la Paz, su fundador el Padre Ángel ha anunciado que irá a Hungría para traerse refugiados a España. Aunque, sabe que se encontrara con muchas trabas burocráticas, no pierde la fe y espera "traerse de 20 a 50". Una vez en territorio nacional estos refugiados serían atendidos en las diversas sedes que la fundación tiene en Madrid.

Y es que desde estas organizaciones, la crisis de los refugiados es una emergencia que debe tener una pronta solución por parte de Europa y de sus estados miembros: "Se trata de una emergencia a la que debe dar respuesta la UE, por tanto los países miembros que la componen. En la parte que toca a España consiste en asumir la responsabilidad que tienen los países de la UE, a la hora de dar protección a los refugiados que vienen huyendo de persecuciones y conflictos", asegura Ugarte, quién no duda en ver una fácil solución, que pasa por cumplir los acuerdos internacionales en materia de protección de asilo: "Todos los países miembros, incluido España, tienen firmados tratados internacionales en materia de protección, asilo y refugio, y lo que tienen que hacer es aplicarlas, por tanto estamos hablando de una cuestión ética y moral, y además de una responsabilidad legal", concluye.