Vinícius frena la causa de los insultos racistas al irse de vacaciones: la juez le cita el 28 de septiembre

Vinícius ya tiene nueva fecha de declaración en la causa que investiga los insultos racistas que recibió en Mestalla. La magistrada que investiga estos hechos por presunto delito de odio ha fijado el 28 de septiembre para recabar su testimonio en su condición de víctima. Se trata del segundo intento de la juez para escuchar su versión después de que tuviera que suspender la cita inicial de 27 de junio porque el futbolista se encontraba de vacaciones fuera de España.

Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia, Joaquina Moreno, ha tenido que volver a señalar esta fecha para poder escuchar su versión de los hechos que tuvieron lugar el pasado 21 de mayo en el marco del partido que enfrentó al Valencia contra el Real Madrid.

Su primera comparecencia, desvelada por este medio, se había fijado para el 27 de junio. La juez citó primero a los tres imputados por proferirle insultos racistas y, tras ellos, convocó al delantero brasileño a quien permitió intervenir por videoconferencia. De esta forma, se interrogó el 19 de junio a dos de los tres jóvenes investigados y se emplazó al tercero para una próxima cita.

Las quejas de Vinícius

Del mismo modo la juez también citó a finales de junio como testigos a varios miembros del equipo de seguridad del Valencia Club de Fútbol. Sin embargo, el juzgado tendrá que esperar casi dos meses para escuchar el testimonio del principal afectado porque él mismo pidió el retraso de su comparecencia. El motivo, según esgrimió, es que se encontraba de vacaciones fuera de España.

Aunque la Fiscalía actuó de oficio, él mismo pidió que se tomaran cartas en el asunto. Los gritos de 'mono' y los gestos de burla que una parte del estadio le profirió durante el partido contra el Valencia provocaron el estallido del brasileño. Por un lado apuntó en sus redes sociales a un problema grave de racismo en el fútbol español y por otro señaló a La Liga por, según dijo, su inactividad ante este tipo de situaciones.

Los hechos, que provocaron un enorme revuelo social, llevaron a la Fiscalía a abrir diligencias en tiempo récord por un posible delito de odio. Así pues, lo primero que hizo la fiscal delegada de Delito de Odio en Valencia, Susana Gisbert, fue recabar los vídeos que se grabaron en el Mestalla y también el acta del partido. Ya desde un primer momento se descartó citar en dependencias fiscales al jugador y se dejó la diligencia en manos del juzgado que recibiera la denuncia del Ministerio Público.

Sin embargo, la investigación se derivó al juzgado ante el movimiento de La Liga que acudió directamente a los tribunales para que se judicializara el asunto. El ente que preside Javier Tebas, que también ha denunciado ante la Justicia anteriores insultos racistas a Vinícius, fue la que impulsó el procedimiento. Además, en su condición de acusación particular, reclamó que se ampliara la denuncia para investigar los insultos que recibió fuera del Mestalla.

En su comparecencia en el juzgado, dos de los tres imputados se declararon inocentes y admitieron a preguntas de sus abogados que hicieron gestos emulando a un simio porque se sintieron ofendidos con una acción del futbolista. Vinícius, tras se expulsado en la recta final del partido, se dirigió a las gradas del Mestalla para escenificar el descenso a segunda del club che, lo que se tradujo en más tensión en el polémico partido.

La orden de Interior

Cabe recordar que apenas horas después del polémico partido, la Policía Nacional ya tenía fichados a los tres ultras del Valencia que profirieron los gritos. Se trata de tres jóvenes de 18, 20 y 21 años que, tras su detención, pasaron a disposición judicial quedando en libertad. Los agentes actuaron con celeridad gracias a la colaboración del Valencia Club de Fútbol que proporcionó las cámaras de seguridad del estadio.

Sin embargo, la celeridad con la que se ha actuado en la instrucción sufre un revés ya que se queda a la espera de que Vinícius declare en el procedimiento. Este impasse no solo retrasa la investigación, sino también la posible celebración de juicio y posterior sentencia, lo que afecta también al pronunciamiento que se pueda acordar en la esfera deportiva ante situaciones similares de racismo.

El que sí ha cogido delantera ha sido el Gobierno. El Ministerio del Interior ha dictado esta misma semana una instrucción que obliga a suspender y desalojar cualquier evento deportivo en los que se produzcan incidentes xenófobos o racistas. Se trata de una instrucción firmada esta misma semana desde la Secretaría de Estado de Seguridad y que conlleva que, ante situaciones de este tipo, la figura del Coordinador de Seguridad podrá proponer al árbitro o juez deportivo del evento no iniciar, paralizar o suspender su celebración. Por su parte, La Liga también ha solicitado recientemente más competencias sancionadoras para detectar los casos de racismo y poder actuar frente a ellos.