El juez de Villarejo archiva la causa para Iberdrola Renovables también por prescripción

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, archiva la causa para Iberdrola Renovables. El instructor, que hace apenas una semanas también acordó el sobreseimiento para Ignacio Sánchez Galán, libra del caso a esta filial de Iberdrola S.A alegando que el delito de cohecho por el que se le imputó estaría prescrito.

El juez mantiene los indicios que le llevaron a imputar a Renovables en relación a los pagos que efectuó a las empresas de Villarejo por el último de los proyectos encargados. No obstante, el magistrado aplica el criterio de la Sección Tercera (que declaró prescritos los delitos para el exjefe de gabinete de Sánchez Galán) y concluye que los hechos ya no se pueden investigar puesto que prescribieron a los cinco años de su comisión, esto es, en 2021.

Se trata de la tercera buena noticia para Iberdrola después de que el juez descartara imputar a la matriz por los pagos a Villarejo y archivara la causa, semanas después, para su presidente. El juez dedica buena parte del auto a valorar los plazos de prescripción y concluye que el plazo es de cinco años pese a que Anticorrupción alega que sería de 15 años.

Prescripciones en cascada

Según sostiene, resulta "difícil" apreciar concurso de infracciones o conexidad entre los diferentes cohechos que se imputan a los investigados. De manera que distingue la responsabilidad penal que pueden tener algunos imputados como Villarejo, por impulsar su negocio privado cuando era funcionario de Policía Nacional, de la que tienen los que le contrataron.

No obstante, el juez que instruye la macrocausa de los espionajes del comisario avisa que los indicios se mantienen y que no se puede descartar la posibilidad de introducir hechos nuevos en la instrucción de esta pieza decimoséptima. "Puede concluirse que los delitos imputados a Iberdrola Renovables estarían prescritos cuando se dictó el auto del 9 de julio de 2021, por lo que no cabría otra opción más que declarar la presencia de esta circunstancia extintiva de la responsabilidad", recoge el auto.

El juez, que incluso estudió imputar a la matriz por los encargos al Grupo Cenyt, citó como investigada hace un año a Iberdrola Renovables por el pago de 29.500 euros a Villarejo en 2014. De la documentación incautada en el domicilio del policía así como de las diligencias practicadas los agentes concluyeron que se debía imputar por cohecho a esta empresa por contratar al comisario para una investigación patrimonial que se bautizó como proyecto Wind.

Los encargos a Villarejo

En su declaración ante el juez en enero, el representante legal de la compañía explicó que en ningún momento se contrató a Villarejo, sino que el pago se produjo por una oferta de servicios de un trabajo que nunca se llegó a realizar. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, sostiene que el comisario sí llegó a realizar este trabajo que consistió en rastrear las cuentas de un socio de Rumanía que se había declarado insolvente para pagar un laudo que perdió frente a Iberdrola.

Sobre esto el magistrado concluye que "se pone de manifiesto" que el encargo fue realizado en nombre y cuenta de Iberdrola Renovables, lo que garantizaría su imputación como persona jurídica. Algunos implicados en la causa, como Florentino Pérez (personado como perjudicado) fueron más allá y plantearon la imputación de la matriz. Según razonan, el pago se efectuó desde la filial pero la beneficiaria última fue la multinacional, al igual que ocurrió con la decena de encargos de espionaje que hizo a Villarejo.

Sin embargo la compañía nunca llegó a figurar como imputada. En primer lugar porque en los años en los que contrató a Villarejo todavía no había entrado en vigor la reforma legal de la responsabilidad de las personas jurídicas. Y, en segundo, porque el juez consideró que la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán no debía rendir cuentas ante la Justicia por un pago que efectuó una de sus filiales. Al respecto, dijo que resultaría "desproporcionado".

Los exdirectivos, fuera de la causa

Con todo, el juez siempre consideró que había indicios suficientes para actuar contra Ignacio Sánchez Galán. Se apoyó tanto en los audios que obran en el sumario (en los que Villarejo se refiere a él como 'el presi' o 'el señorito') como en la documental recabada. En concreto, en un informe que depositó ante notario uno de los exdirectivos de Iberdrola, José Antonio del Olmo, en los que se apuntaba a un circuito ilegal en la empresa para pagar a Villarejo del que estaba al tanto Sánchez Galán.

El empresario negó ante el juez cualquier conocimiento de este asunto y delegó las contrataciones en la figura de Antonio Asenjo, en el momento de los hechos director del área de Seguridad. Sin embargo el instructor imputó a varios exdirectivos como el que fuera director general de Negocios, Francisco Martínez-Córcoles, el el exdirector de Iberdrola España Fernando Becker o el exjefe de Presidencia Rafael Orbegozo.

Tras desfilar ante el juez y negar cualquier vínculo con Villarejo pidieron el archivo de su causa. El instructor accedió al considerar que no había quedado suficientemente acreditado que conocieran la contratación del comisario en activo y dejó como imputados al jefe de Seguridad; al presidente de Iberdrola y al propio Del Olmo. Sin embargo, y tras apuntar la Sala de lo Penal que los hechos estarían prescritos para Orbegozo, accedió a archivar a Sánchez Galán por este mismo criterio.

En lo que respecta a Del Olmo este mismo lunes decidió denegarle la protección europea que pedía como denunciante de corrupción. No obstante, también le archivó la causa y frenó los intentos de la eléctrica de ampliar su querella contra el exdirectivo, a quien acusa de mentir con su informe sobre facturas falsas así como de llevarse información confidencial de la compañía. De esta forma la causa se centra en la figura del jefe de seguridad por todos los contratos a Villarejo entre 2004 y 2017 por los que le pagaron poco más de 1 millón de euros.