El socio de Villarejo confiesa la factoría de informes: 200 perfiles al año y 60 empleados

Rafael Redondo, socio del excomisario Villarejo en su conglomerado de empresas privadas, confesó en la Audiencia Nacional cómo operaba el polémico mando a la hora de captar clientes. Admitió ante los investigadores la profusa fabricación de informes sobre personas o empresas que luego se ofrecían a potenciales compradores como oportunidad de negocio. Según reveló, se llegaban a confeccionar 200 perfiles al año en una operativa mantenida en el tiempo en la que intervinieron entre 50 y 60 empleados.

“Villarejo tenía tendencia a ser caro y los clientes tenían tendencia a no volver a contratarle. Él se vendía muy bien”. Así introdujo sus explicaciones Redondo, investigado en multitud de piezas del caso junto al ex comisario. Ambos eran socios en la firma Centro de Estudios Negocios y Transacciones (Cenyt) con sede en la conocida Torre Picasso, en el centro financiero de Madrid. Era algo así como un cuartel general para Villarejo, quien ni siquiera tenía despacho en la Policía. Desde allí dirigía sus empresas en paralelo a su actividad en el Cuerpo.  

El 'negocio' de Villarejo

El excomisario está en prisión provisional desde hace ya más de tres años acusado de numerosos delitos que van desde el cohecho hasta la organización criminal. Se le acusa de aprovechar su condición de alto mando en la Policía para acceder a datos confidenciales que luego vendía como valor añadido a clientes adinerados haciendo las veces de detective privado. Para esquivar los tribunales, algunos de esos clientes niegan ahora conocer a Villarejo o alegan haber contratado a su empresa sin saber que él estaba detrás.  

Informes que nunca se contratan hay cientos, el señor Villarejo elaboraba un informe cada vez que quería proponerle a una persona o entidad trabajar para él

Rafael Redondo compareció en marzo del año pasado para dar explicaciones sobre varios de esos encargos. Uno de ellos fue contratado por la Mutua Madrileña para obtener datos de su expresidente José María Ramírez Pomatta. En concreto le mostraron un informe por el que la empresa pagó 16.000. Redondo dijo que “es posible” pero apuntó que le parecía un precio por encima del precio de mercado: “Es un poco caro, yo lo hubiera hecho mejor”. También le mostraron otro documento sobre dos empresarios hermanos enfrentados a Planeta por el que de momento está imputado el hombre fuerte del grupo editorial, Mauricio Casals. 

En ambos casos, Redondo atribuyó la autoría a Villarejo: “VR (por la firma) es el señor Villarejo, además por el tipo de redacción es de Villarejo”. Eran informes preliminares en los que ya se incluían datos patrimoniales o personales procedentes de fuentes abiertas como registros mercantiles o redes sociales. Redondo admitió que trabajos como esos hubo muchos sin que ni siquiera fuese necesario un encargo previo: “Informes que nunca se contratan hay cientos, el señor Villarejo elaboraba un informe cada vez que quería proponerle a una persona o entidad trabajar para él y esos informes los elaboraba previamente siquiera a ofrecerse profesionalmente”.

En sus respuestas trató de marcar distancias con el excomisario cuando el fiscal en sus preguntas les situaba en el mismo plano: “Me está equiparando en todo momento al señor Villarejo. Yo no tengo un nivel equiparable al señor Villarejo”. A la hora de detallar la prolija actividad llegó a cifrar el número de informes que se elaboraban en Cenyt: “Digamos que de cada diez, quince informes que emitía el señor Villarejo le podían contratar un asunto”. Los que eran rechazados es porque “la persona a la que iba destinada no les concedía especial valor”.

Alguna vez llamaba Villarejo y decía: ‘Necesito un perfil de tal persona para dentro de dos horas’

Según Redondo, cuando no había encargo, el informe preliminar no se cobraba. La ausencia de pagos por ejemplo en el caso que afecta a Casals es lo que llevó a finales del año pasado al juez a archivar el caso, reabierto después por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Entre los que sí confiaron presuntamente en sus servicios hay una larga lista que crece a medida que avanza la investigación. Hubo empresarios como Javier López Madrid, próximo a la Casa Real y yerno del constructor Juan Miguel Villar Mir. También figuran algunas de las empresas o bancos más importantes de España como Iberdrola o el BBVA. 

El testimonio de Redondo en este caso es cualificado ya que él era el encargado de custodiar el archivo de casos que afrontaba la factoría Villarejo a través de Cenyt. Del registro de sus propiedades, la Policía halló buena parte de la documentación que ha servido para acusar a muchos de los implicados en el caso.“En Cenyt había siempre cuatro, cinco o seis personas que se dedicaban a  buscar en Internet y a redactar notas. Luego esas notas yo las coordinaba o iba orientando y en ocasiones las revisaba”, confesó ante los investigadores.

La mano derecha de Villarejo en la empresa matizó que en ocasiones se hacían en horas. “Eran tantísimas las notas que hacíamos… Alguna vez llamaba Villarejo y decía: ‘Necesito un perfil de tal persona para dentro de dos horas’. Informes de esos se emitían muchos, cada doce, catorce o quince suponía una contratación de manera que al año podían hacerse 200 informes de esos”.

Hasta 60 empleados seleccionados

Los encargados de hacer esos trabajos eran empleados de la empresa y llegó a citar algunos nombres. “Había mucha rotación. Siempre ha habido licenciados con carrera universitaria y seleccionados por su capacidad de lectura y comprensión de datos. Habrá habido cincuenta o sesenta personas a lo largo de los años”, explicó.

Villarejo dejó la Policía en 1983 para disfrutar de una excedencia que se extendió durante una década. En ese tiempo construyó su conglomerado de empresas. Regresó al Cuerpo en 1993, según explica él, a petición del propio Ministerio del Interior que en ese momento dirigía José Luis Corcuera, quien a este periódico niega haber tenido alguna participación en ese regreso. El polémico excomisario sostiene que llegó a un acuerdo con sus superiores: ellos le permitían mantener sus negocios y la Policía los usaba como tapadera para pasar desapercibida en algunas investigaciones sensibles como operaciones contra el terrorismo. Todo ello mientras él desempeñaba funciones de agente encubierto.