La vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que la soberanía nacional reside en el Congreso de los Diputados. Estas declaraciones han ido acompañadas de un señalamiento hacia el Partido Popular y una acusación de "cuestionar la totalidad de nuestro orden constitucional" por parte del partido líder de la oposición.
Las palabras de Montero ignoran uno de los principios básicos de la Constitución Española de 1978 que, en su artículo primero, deja claro que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" y no en el Congreso.
Montero ha declarado que "es muy grave trasladar que la soberanía no radica ahora en el Congreso de los Diputados sino en el Senado, porque se dicen cosas que se dejan ahí y son un atentado contra nuestra arquitectura democrática".
A continuación, ha defendido que "la soberanía reside en el Congreso de los Diputados" ya que "cuando un texto sale fruto del voto favorable de esa mayoría es un texto que responde a la soberanía nacional".
La propuesta de Feijóo y el Senado
Este revés a la Constitución por parte de la vicepresidenta primera viene después de que Alberto Núñez Feijóo haya propuesto realizar tres plenos al mes en el Senado argumentando que el Gobierno ha entregado el Congreso "a las minorías" al pactar con los independentistas catalanes y otros partidos minoritarios.
De hecho, la propuesta de Feijóo se sustenta en la voluntad de que en la cámara alta los grupos "puedan hablar, favorecer las discusiones y comparecer y pedir informes preceptivos que el Congreso omite cuando aprueba proyectos de ley determinantes en la democracia de nuestro país".
En este sentido, el PP ha denunciado que la cámara que el PSOE defiende como sede de la soberanía nacional, ahora "se parece más al Parlament de Cataluña, en el que las normas de funcionamiento internas se socavaron en favor del independentismo", y señala que "eso nunca había ocurrido antes".
Esto viene en relación con el "desprecio" del Gobierno hacia la Constitución "al tramitar una ley de amnistía inconstitucional a ojo de los letrados de la Comisión de Justicia", cuyo último informe sobre la norma plantea dudas de su encaje en la Carta Magna.
