La Justicia catalana obliga a la escuela de Canet de Mar a aplicar el 25% de castellano

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado la medida cautelar que obliga a la escuela de Canet de Mar a impartir un 25% de las horas en castellano a una clase de parbulario según reclamaban los familiares de un niños afectado . El pasado octubre el tribunal impuso esta medida cautelar mientras se resolvía el fondo del asunto. Varias familias pidieron derogar esa cautelar. El TSJC ya desestimó en marzo su petición y ahora ha rechazado un nuevo recurso. La decisión todavía puede recurrirse al Tribunal Supremo.

El origen del conflicto surge a raíz de que la familia reclamó en diciembre de 2021 al centro ante del Departament d'Educació, liderado por Josep Cambray, que se garantizara el uso del castellano en la educación de su hijo con la mitad de las lecciones en esa lengua. Los padres pedían así que el castellano fuera vehículo al estar incluido en las materias troncales, algo que el actual decreto aprobado por el Govern rechaza. Como informa VilaWeb, desde el mes de diciembre las clases de parvulario del centro hacen poco más de 6 horas en castellano a la semana.

A finales de marzo, 28 familias de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar presentaron el escrito, ahora rechazado por la Justicia catalana, de oposición a la demanda de los padres que pedían escolarización a partes iguales entre catalán y castellano para su hijo. Lo hicieron una vez pudieron personar en la causa en colaboración con Òmnium Cultural.

El escrito argumentaban que el marco jurídico autonómico, estatal e internacional vigente "prevé y protege el modelo de lengua vehicular única en catalán" (algo que acaba de aprobarse con el decreto ley de la Generalitat) y que el Estado ha suscrito la Carta Europea de lenguas regionales o minoritarias. También discutía que el 25% de castellano vulneraba el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, en su artículo sobre el derecho al respeto a la vida privada y familiar.

Desde el punto de vista probatorio, la demanda adjuntaba tres pruebas periciales de expertos en demolingüística, sociolingüística escolar y sociolingüística en los medios de comunicación, que decían que si no hay espacios para el catalán en la escuela, "estará cada vez más en retroceso". Para consolidar su argumento, el recurso adjuntaba información sobre otros sistemas educativos sin inmersión, como Euskadi o la Comunidad Valenciana, con datos que querían demostrar que los alumnos que han acudido a escuelas sin inmersión no tienen el mismo conocimiento de la lengua minoritaria.