"Parecía un funeral". Así describen el acto de defensa de la tesis doctoral de Carmen Calvo sobre El derecho de enmienda en la producción de la ley en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba en septiembre de 1987 fuentes conocedoras consultadas por Vozpópuli. De hecho, el tribunal le puso un aprobado raspado, bordeando el suspenso, una calificación esta última que no se tiene en cuenta de entrada porque se supone que si una tesis no puede obtener un aprobado, no se defiende.
La baja calidad del trabajo era patente para el tribunal y para el público que asistió a la defensa, trasladan las citadas fuentes, con lo que el ambiente era lúgubre. Y como muestra, el hecho de que no hubo la tradicional comida de celebración del nuevo doctor con el tribunal y su familia y amigos.
Se acercaron a este acto público alumnos de Calvo, que ya era profesora de la Facultad por aquel entonces, con una reputación académica cuestionada, y de la que destacaba su "obsesión con Franco", que llegaba a exasperar a los estudiantes, incluidos aquellos con simpatías socialistas y comunistas.
La tesis no se ha publicado y no está digitalizada. Sólo se puede consultar en la Biblioteca de la Facultad bajo supervisión de un funcionario y no se puede fotografiar. La calificación de las tesis doctorales no es pública.
El Independiente ha leído la tesis y ha contabilizado al menos 179 erratas y 30 faltas de ortografía en las 434 páginas que componen el texto. Calvo escribe dos veces paradógicamente (páginas 143 y 322) y una paradógicas (151) y paises aparece 12 veces escrita sin la tilde correspondiente.
En su intermitente pero dilatada vida académica, la producción de Calvo ha sido muy escasa y sólo ha codirigido una tesis doctoral.
Calvo fue vicedecana de la Facultad entre 1990 y 1994 y se sacó la plaza de profesora titular en 1991.
Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía entre 1996 y 2004 y ministra de Cultura entre 2004 y 2007 en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011 regresó a la Facultad. Entre 2018 y 2021 fue vicepresidenta primera y ministra de Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez.
"El dinero público no es de nadie" en 2004 o el celebrado "Señoría, usted para mí nunca será Van-Halen Dixi ni Pixi; será su señoría, el senador Van-Halen" en 2005 son algunas de las meteduras de pata de Calvo más recordadas.
Entre las que destaca, por ser profesora titular de Derecho Constitucional, su afirmación de que "el Parlamento es soberano" para intentar zanjar la polémica sobre la proposición de ley de reforma del Consejo del Poder Judicial en 2020.
Aval por la mínima
La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha dado este jueves el visto bueno a Calvo para que sea nombrada presidenta del Consejo de Estado, con los votos a favor del PSOE y sus socios de investidura después de que el Tribunal Supremo tumbara el nombramiento de Magdalena Valerio para el cargo.
Por el contrario, el PP, Vox y UPN han votado en contra y puesto en cuestión la idoneidad de Calvo para este cargo pues, a su juicio no cumple uno de los requisitos, ser una jurista de reconocido prestigio. El escrutinio a Calvo, no vinculante, se ha saldado con 19 apoyos y 18 noes.
Junts había adelantado que votaría en contra pero finalmente se ha sumado al bloque de socios de Pedro Sánchez en este trámite no vinculante.
Aunque los socios independentistas del Gobierno han apoyado el nombramiento, ninguno de estos partidos ha querido intervenir en el examen parlamentario a la política socialista, a la que habían cuestionado en el pasado por su vehemencia en el rechazo de la Ley de Amnistía que promovieron las asociaciones independentistas en 2021, que tachó de inconstitucional e invasiva del Poder Judicial.
Un rechazo que ya no es tal por parte de Calvo desde que el Gobierno de Pedro Sánchez cambiara de opinión. El Consejo de Estado no ha dictaminado sobre la Ley de Amnistía por ser una proposición de ley pero el Senado intentará que se pronuncie.
Tampoco ha tomado la palabra el PNV, cuyo titular estaba de baja. Podemos, que como ERC y Bildu, ha criticado las posiciones de Carmen Calvo en materia de Igualdad, especialmente por su rechazo a la Ley Trans, tampoco ha estado en el debate, pero en su caso porque no tiene asiento en la Comisión Constitucional.
En su réplica Calvo se ha defendido de las críticas que ponían en duda su calidad como jurista señalando que el prestigio es un concepto jurídico "indeterminado" y ha lamentado que no se puedan ponderar los conocimientos acumulados durante los años que ha ocupado cargos de responsabilidad política.
No se puede medir a su juicio la experiencia que atesora en el sector público y sobre todo como diputada, en la práctica, en la cocina de las leyes, ha defendido, de ahí lo del concepto jurídico indeterminado en referencia al requisito de jurista de conocido prestigio.
Señalada por la Ley Trans
Desde Sumar, la vicepresidenta tercera del Congreso, Esther Gil de Reboledo, ha avalado la "idoneidad" técnica de Calvo para el puesto y su "capacidad como jurista", pero ha confesado tener el "alma dividida" por las declaraciones críticas con la Ley Trans expresadas en su día por la candidata.
Gil de Reboledo ha echado mano de la preocupación expresada por organizaciones del colectivo LGTBI ante el nombramiento de Calvo y ha vuelto a denunciar el de Isabel García al frente del Instituto de las Mujeres, a la que ha acusado de "menospreciar e insultar a las mujeres y a las personas LGTBI. En cualquier caso, ha rechazado entrar en "guerras entre nombres propios" y ha defendido que la "mejor manera de combatir la transfobia es con argumentos, razones y explicaciones".
"Las mujeres no somos paritorios, vientres o úteros andantes. No nos regimos por ninguna mística de feminidad y a ninguna mujer nos quitan los derechos al otorgárselos a las personas trans", ha enfatizado, lamentando que "una gran parte de la izquierda" haya comprado ese discurso y lo comparta con "la ultraderecha".
Calvo ha respondido a la representante de Sumar que a lo largo de su trayectoria nunca ha estado en un lugar en el que se promueva la discriminación "de nadie por ninguna causa".
La exvicepresidenta mantiene una posición discrepante con Sumar y con parte del PSOE sobre la Ley Trans con Sumar y por tanto se abstuvo en la votación de esta norma en el Congreso, en contra del criterio marcado por su partido.
Colonización de las instituciones
El PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han defendido que Calvo no es idónea para presidir el máximo órgano consultivo del Estado. Además, la popular Carmen Navarro y el diputado foralista Alberto Catalán han enmarcado su nombramiento en lo que consideran "colonización de las instituciones" por parte del Gobierno.
"Ni prestigio ni principios", ha sentenciado Navarro, quien ha afeado a la exvicepresidenta los principales "atropellos" legislativos que le achaca el PP: su apoyo a la ley del 'sólo sí es sí', su "tímida abstención" a la ley trans -"pese a contar con un dictamen en contra del órgano que ahora pretende presidir"- y su respaldo a la proposición de Ley de Amnistía.
Calvo ha rechazado que su paso del Congreso al Consejo de Estado sea una "puerta giratoria" y ha asegurado que acude a presidir este órgano para servir a su país "una vez más".
Tesis escondida
Desde Vox, Carlos Flores Juberías ha indicado que la candidata cuenta con una "carrera funcionarial muy meritoria", pero no es "una jurista de reconocido prestigio". Para avalarlo, ha reseñado que no ha pasado de ser profesora titular de Derecho Constitucional, que tenía entendido que no tiene un cum laude, que su tesis no se ha publicado y es muy difícil de encontrar y que tiene "179 erratas y 30 faltas de ortografía", según un medio de comunicación. También le ha echado en cara que sólo haya "dirigido media tesis", que no tiene publicaciones en revistas científicas y que carece de "sexenios".
Calvo se ha defendido señalando que tiene un currículum "en el feminismo jurídico" y ha acusado al diputado de Vox, que es catedrático de Derecho Constitucional, de pertenecer a una larga lista de juristas varones que han hecho imposible introducirlo en la academia porque no lo consideran propio del desarrollo jurídico de la democracia.
Ante estos reproches ha señalado que es consciente de que ha dedicado más tiempo de su vida a la política que a la academia, pero a la vez ha reivindicado que por sus manos han pasado proyectos de ley e informes técnicos, y ha atesorado una experiencia que le ha permitido aprender más de Derecho que "en ningún lugar teórico".
El diputado de UPN Alberto Catalán ha recordado que el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Magdalena Valerio precisamente por no ser una "jurista de reconocido prestigio", ha puesto en duda que Calvo lo sea y ha explicado que su rechazo al nombramiento se asienta en que no le otorga "credibilidad" por su cambio de opinión sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía.
Calvo ha defendido la independencia del Consejo de Estado pero la ha ligado a los votos particulares que pueden incorporar los dictámenes, quizás en alusión a un futuro pronunciamiento sobre la Ley de Amnistía.
