Un contrato que vigilaba la movilidad de los españoles en pandemia también era irregular

El Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en uno de los contratos que durante la pandemia se adjudicó por parte del Ministerio de Transportes, según el último informe que realizó este órgano en 2023 fiscalizando los contratos públicos que se otorgaron durante la COVID-19. La tramitación de emergencia de uno de los expedientes fue efectuada por el jefe de Gabinete del actual presidente de Correos Pedro Saura cuando era Secretario de Estado. Este puesto no tiene potestad para llevar a cabo esta acción.

El contrato señalado tenía como objeto el "Servicio para análisis de la movilidad en España con tecnología Big Data, tras la aplicación del R.D. 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID". Se le adjudicó un importe de 132.000 euros y fue rubricado el 30 de marzo de 2020.

Este expediente fue uno de los siete analizados del Ministerio de Transportes por el Tribunal de Cuentas en su labor de fiscalización de las adjudicaciones públicas durante la pandemia. Ninguno de ellos estaba en el radar de los investigadores de la Guardia Civil que tratan de dirimir responsabilidades sobre la conocida como trama Koldo, que afecta a uno de los asesores de esta Administración.

Transportes reconoció el error de Saura

El órgano fiscalizador detectó irregularidades en su informe del 20 de diciembre de 2023 sobre uno de los expedientes gestionados por Pedro Saura. Según su versión, la comunicación a la Intervención Delegada de la tramitación de emergencia del expediente no se efectuó por el órgano de contratación, como exige la disposición adicional centésima trigésima sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio.

En este caso, fue el Jefe de Gabinete de la Secretaría de Estado de Transportes de Pedro Saura el que hizo este procedimiento. El Tribunal de Cuentas recuerda en su informe que el artículo 10 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los miembros de los gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que "en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado".

Esta irregularidad fue reconocida por el propio Ministerio de Transportes en las alegaciones que presentaron del informe. "Se toma nota de la observación y se tendrá en cuenta en las siguientes licitaciones que puedan producirse", subrayaron sobre el expediente.

"No está orientado a hacer frente a la pandemia"

No fue la única irregularidad que se encontró el Tribunal de Cuentas en los contratos de Transportes durante la pandemia. En el informe detallan que el contrato que tuvo por objeto el Servicio de vigilancia presencial en los diversos centros del CEDEX por importe de 57.456 euros "obedece sin embargo a las carencias del contrato de seguridad vigente en aquel momento y no está orientada a hacer frente a la pandemia ni se refiere a medidas de protección de la salud de las personas, por lo que no justifica, por sí sola, el recurso a la tramitación de emergencia".

Por otra parte, este órgano también se refirió en el anterior informe a los contratos suscritos por Transportes con los implicados en la trama de Koldo. Considera al exministro José Luis Ábalos como máximo responsable en la primera compra de mascarillas a Soluciones Gestión y Apoyo a las Empresas, el proveedor de mascarillas sobre el que órbita el denominado ‘caso Koldo’. El máximo órgano fiscalizador del sector público asegura en su informe que el ministro ordenó a Puertos del Estado la compra de 8 millones de mascarillas por 20 millones de euros a través de esta empresa. 

El dictamen del Tribunal de Cuentas contradice también la propia versión que ofreció el Ministerio de Transportes el pasado verano cuando se desvinculó por completo de estas contrataciones. Como informó este medio, el departamento respondió al Consejo de Transparencia que ni tramitó el procedimiento de contratación ni recibió ninguna oferta sobre los contratos de mascarillas. De esta forma cumplió con el requerimiento de Transparencia que le obligó a informar sobre estos contratos públicos después de que Adif también se negara, hasta en dos ocasiones, a dar dato alguno sobre los mismos. Ahora también ha puesto el foco el Tribunal en este contrato del pasado de Pedro Saura.