Publicado: 08/12/2021 04:45
Actualizado: 09/12/2021 18:53
El Consejo de Transparencia ha afeado al Ministerio de Hacienda que no haya querido dar los nombres de los asesores externos (legales y financieros) que han intervenido en los expedientes de concesión de las ayudas públicas vinculadas al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que coordina la SEPI, a la empresa Plus Ultra. Cabe recordar que esta empresa recibió 53 millones de euros de dinero público por su carácter "estratégico" pese a no contar con ningún avión en propiedad en el momento del rescate (la compañía insiste en que en estos momentos cuenta con una flota de tres aeronaves, dos Airbus A340-300 y un A340-600).
Vozpópuli ha accedido a una resolución de Transparencia en la que un particular solicitaba al Ministerio que lidera María Jesús Montero la identificación de estos profesionales, así como los que participaron en la concesión de ayudas a Air Europa, Duro Felguera y Avoris.
La solicitud se realizó en el mes de marzo de 2021, pocas semanas después de que este diario desvelase el caso Plus Ultra. La Sociedad Estatal de Participantes Industriales (SEPI) emitió su respuesta el 6 de mayo, donde deniega la información y subraya que esta es de carácter reservado.
La SEPI argumenta que desvelar el nombre de tales asesores "supondría un perjuicio para el 'secreto profesional' y un perjuicio para la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión”.
Es entonces cuando el solicitante solicitó amparo al Consejo de Transparencia, que en una resolución publicada este mes da la razón al mismo contra el criterio de la SEPI. Transparencia reprocha al organismo de Hacienda que tiene “la obligación de emplazar a los interesados y de concederles un trámite de audiencia”. El plazo para que la SEPI ponga en marcha la actuación solicitada es de 10 días hábiles.
Transparencia asevera que proporcionar "esos datos identificativos no vulnera, en modo alguno, el 'secreto profesional' ni supone un perjuicio para la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión”
Careo entre peritos
La resolución de Transparencia llega cuando queda poco más de un mes para que se produzca el careo entre peritos por el caso Plus Ultra. La magistrada que lleva el caso el próximo 18 de enero al perito de la SEPI que avaló el rescate, y al del juzgado que cuestionó la solvencia de la aerolínea.
A pesar de los intentos de la Fiscalía y de la Abogacía General del Estado por archivar esta causa, la jueza Esperanza Collazos decidió seguir adelante con esta diligencia en sede judicial. El objetivo de la investigación es conocer si hubo prevaricación los 53 millones de euros destinados a la aerolínea. La confrontación frente a frente de los peritos resultará clave para conocer si Plus Ultra cumplía o no con los requisitos para recibir la ayuda del Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas. La diligencia se ha abierto contra el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y el consejo gestor del holding que dio su aprobación para la ayuda.
La participación del Ministerio de Transportes
El Ministerio de Transportes, con José Luis Ábalos al frente, también dio su opinión sobre la necesidad de rescatar a Plus Ultra. En un primer momento, la secretaria general de Transportes y Movilidad de Ábalos, María José Rallo, aseguró en el Congreso de los Diputados que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) no había opinado sobre la concesión de la ayuda que otorgó la SEPI a la aerolínea.
Sin embargo, un documento de dicha agencia al que accedió este diario demostró que Rallo había mentido. En concreto, el citado documento, firmado el 26 de febrero de 2021 por la directora de seguridad de aeronaves, Marta Lestau Sáenz, concluía que el rescate de la aerolínea, era "necesario", que tenía una situación financiera "delicada" por "los efectos de la pandemia y la dificultad de obtener financiación bancaria adicional". El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, siempre se ha desmarcado de la aprobación de esta ayuda. Mientras, María Jesús Montero, de cuyo Ministerio depende la SEPI, justificó el rescate en que, presuntamente, la compañía generaba 345 empleos directos y más de 2.500 indirectos.
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