El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha reprendido a distintos ministerios por no argumentar por qué deniegan determinada información solicitada por los ciudadanos, una actitud que, según denuncia, "dificulta considerablemente" su tarea de pronunciarse sobre las reclamaciones que plantean las personas que no ven satisfecho su derecho a la información pública. Las personas que no están conformes con la respuesta que les da la Administración cuando piden cualquier dato, tienen derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia. Una vez analizada la queja, este órgano puede desestimarla o darles la razón e instar al organismo correspondiente a remitirle esos datos o al menos parte de ellos.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia de 2014, la mayoría de las reclamaciones presentadas contra denegaciones de información han estado motivadas por la falta de respuesta de la Administración. Si en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, el organismo al que se piden los datos no contesta al peticionario o no pide un mes más para poder recopilar la información que le reclama, la solicitud se entiende denegada por 'silencio administrativo'.
En 2021, de las 911 reclamaciones tramitadas por el Consejo de Transparencia relativas a decisiones de la Administración General del Estado, 377 se presentaron contra un 'silencio administrativo', lo que supuso el 41,4% del total. El porcentaje fue del 47,06% en 2020; del 43,49% en 2019 y del 35% en 2018.
Doble silencio
En su memoria de 2021, como en años anteriores, el órgano que ahora preside José Luis Rodríguez Álvarez destaca el "elevado número" de reclamaciones que suscitan esos 'silencios'. Pero es que, además de dejar pasar el mes preceptivo y no motivar su negativa a dar la información, no son pocas las ocasiones en las que el ministerio concernido también guarda silencio cuando es el Consejo de Transparencia quien se dirige a él para recabar su postura antes de decidir sobre la reclamación correspondiente.
"Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente al no comunicarle cuáles han sido los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información, de modo que pueda disponer de todos los elementos de juicio para valorar adecuadamente las circunstancias concurrentes y pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada". Este es el párrafo que utiliza el Consejo de Transparencia para reprender a los ministerios que ni siquiera presentan alegaciones cuando se les da la oportunidad durante la tramitación de las reclamaciones motivadas por un silencio previo.
En los últimos meses, el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia ha incluido esta 'regañina' en sucesivas resoluciones, consultadas por Europa Press, y en las que acaba dando la razón a los reclamantes que se toparon con el silencio de órgano al que se dirigieron.
"Ahora bien, esta falta de respuesta a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones de este Consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública", asevera la autoridad independiente.
Interior, Presidencia, Hacienda...
Así respondió, por ejemplo, al Ministerio del Interior, por no argumentar su rechazo a proporcionar un listado de jueces condecorados por la Policía o la Guardia Civil o a detallar el dinero que había gastado en pagar suplementos de productividad o gratificaciones extraordinarias en 2020.
También el Ministerio de Presidencia fue censurado por no presentar alegaciones defendiendo su negativa a facilitar el número de asesores adscritos al Gabinete del presidente del Gobierno. Lo mismo le pasó a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno por no especificar los motivos que le llevaron a guardarse cuánto costó el acto de presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los mismos párrafos se incluyeron en resoluciones estimatorias de las reclamaciones presentadas contra el Ministerio de Trabajo cuando rehusó, sin explicar por qué, remitir una relación de las subvenciones a entidades de economía social o el expediente del contrato para el acto de presentación de una campaña audiovisual sobre la España despoblada.
Los ministerios de Hacienda, Inclusión Social, Cultura y Política Territorial también han sido reprendidos en los mismos términos por el Consejo de Transparencia en los últimos meses.
