La Fiscalía Europea ha remitido un oficio a la Justicia Española en el que solicita el volcado de los teléfonos de algunos de los implicados en la trama de Tito Berni, además de una serie de folios de la causa que, asegura, aún no están digitalizados. Así se desprende de una providencia de la juez de Santa Cruz de Tenerife que lleva el caso, en el que también se descarta la personación particular de la fundación del Gobierno cuyos contratos en África a un empresario de la red son objeto de investigación.
En la nueva providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, se describen los pasos dados por la Fiscalía Europea para solicitar más información sobre el caso. Cabe recordar que una parte de la investigación se lleva desde Bruselas, en tanto que se indaga sobre las adjudicaciones hechas en el proyecto GAR-SI Sahel con fondos europeos a uno de los empresarios de la trama.
En este sentido, la Fiscalía Europea pide una serie de folios del caso que aún no están digitalizados para poder abundar en sus investigaciones. También solicita las declaraciones grabadas de los investigados en la trama, así como el volcado de los dispositivos de Marco Antonio Navarro Tacoronte -conocido como el mediador, que entregó sus terminales de forma voluntaria en el comienzo de las pesquisas-, y de los terminales obtenidos en las entradas y registros del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, al frente del citado proyecto de seguridad en el Sahel, y del empresario José Santiago Suárez Esteve, alias el drones.
Una parte sustancial de las investigaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se basa precisamente en el contenido del teléfono de Navarro Tacoronte, a quien se le atribuye el papel de ‘nexo’ entre la parte pública de la trama, en la que entrarían entre otros el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, más conocido como Tito Berni, y el general Espinosa Navas, y los empresarios canarios que habrían abonado mordidas a cambio de favores o subvenciones.
Una trama que en parte, según las pesquisas policiales, se urdió en el Congreso de los Diputados y también en el despacho del general Navas, en la Dirección General de la Guardia Civil. También se han investigado cenas en restaurantes y fiestas privadas con prostitutas y drogas.
La respuesta de la juez
Ante estas peticiones, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife pide a la Fiscalía Europea que le remita los “folios concretos” que solicita sobre el caso. También solicita que le facilite al Grupo de Delitos Tecnológicos un disco duro para entregar todo el contenido requerido, en referencia al volcado de los terminales y a las declaraciones de los investigados.
En el mismo escrito responde a la petición de personación particular planteada por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). La juez señala que no hay lugar para su personación en la causa que se investiga desde España, ya que las adjudicaciones llevadas a cabo en el proyecto GAR-SI Sahel -con la FIIAPP como organismo de contratación- se han derivado a la Fiscalía Europea. En cualquier caso, la juez emplaza a la fundación pública a personarse como acción popular.
La FIIAPP ha adjudicado tres contratos a la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones, SL (ASD SL), investigada en la causa, en lotes para el suministro de drones para el proyecto GAR-SI Sahel, por valor total de 89.000 euros. Adicionalmente, esta empresa fue adjudicataria de un lote con objeto similar en el marco de otro proyecto no relacionado con GAR-SI Sahel, por valor de 174.000 euros.
Las personaciones
Las personaciones de diferentes partidos políticos y asociaciones es uno de los puntos que actualmente se están dirimiendo desde el juzgado de Santa Cruz de Tenerife. Hasta la fecha han pedido personarse los partidos de PP, Vox y PSOE. También la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Escala Suboficiales de la Guadia Civil (ASES GC) y la Organización de Usuarios y Consumidores de Agua Aguaiuris.
La juez ha pedido que haya una única dirección letrada en la causa unificando las diferentes solicitudes, si bien las partes referidas consideran que sus intereses son opuestos y por el momento no están por la labor de coordinarse en este sentido.
