Así es la batalla por un monte entre Teruel y Cuenca que puede cambiar el mapa de España

Al monte de utilidad pública número 12 situado en los límites provinciales de Teruel y Cuenca, entre Aragón y Castilla-La Mancha, se le conoce popularmente como El Entredicho. Se trata de una zona escarpada de unas 2.000 hectáreas en el nacimiento del río Tajo, en el Sistema Ibérico, cuya titularidad se disputan el Ayuntamiento de Albarracín (Teruel) y la ciudad de Cuenca desde finales del siglo XIX.

Los dos municipios han acordado recientemente poner fin a este largo contencioso sometiéndose al dictamen del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la resolución posterior del Ministerio de Política Territorial. La decisión puede cambiar el mapa autonómico de España. Y, en este caso, quitar una pequeña porción del mapa a Aragón para dársela a La Mancha.

El deslinde de pueblos y ciudades ha originado más de un problema en España a lo largo de los tiempos. Pero es cierto que casi siempre enfrenta a territorios de una misma provincia dentro de la misma comunidad. Y se resuelven en el ámbito autonómico. En este caso, la batalla es entre dos provincias diferentes pertenecientes a regiones distintas. Y ante la falta de acuerdo interviene la Administración central.

España y sus deslindes

Los origines de estos conflictos se remontan a los orígenes del IGN y su primera cartografía oficial, realizada a finales del siglo XIX. "En aquel momento los límites se trazaron de la mejor manera que se podía y con la nula tecnología que existía", explica a Vozpópuli Elena Camacho, jefa de servicio de Delimitaciones Territoriales en el Área del Registro Central de Cartografía del IGN. "A veces se iba al cura, que generalmente era el que sabía escribir, y se le pedía que dibujase un mapa de lo que era su pueblo. Y eso tomaba como referencia".

El área en disputa entre Teruel y Cuenca afecta a un monte que se conoce popularmente como El Entredicho, que actualmente pertenece y explota Aragón. El ayuntamiento conquense no cuestiona que la titularidad del monte es aragonesa, pero propone que los límites de la provincia se establezcan en función del cauce naciente del río Tajo.

Esto permitirá a La Mancha ganar unos kilómetros administrativos de territorio a Aragón y quedarse con parte de este monte. La leyenda dice, según la versión aragonesa, que la línea divisoria actual se trazó tras una gran nevada que impactó en la zona. Y pide que los límites se queden como están. "Alguien decidió que la línea pasara por ahí", explica Michel Villalta, alcalde de Albarracín, a Vozpópuli. "Lo lógico es que se coja ese límite y el monte quede dentro de Teruel".

La pugna por el monte 'El Entredicho'

¿Hay oro en ese monte como para justificar esta batalla? No. Es cierto que Albarracín ha hecho el aprovechamiento forestal del mismo con diversos usos: maderas, resinas, pastos, ganadería o caza. La conservación de las vías pecuarias y carreteras ha corrido a cargo del Gobierno de Aragón en estos años.

El Ayuntamiento de Cuenca, que ha declinado hablar con este diario, ha sostenido en varias ocasiones que el límite natural entre las dos provincias es el cauce del Tajo, que permanece inalterable. Albarracín responde que los cauces varían con el paso del tiempo, y que no tiene sentido partir en dos la titularidad del monte. "Un pastor que utilice la zona acabaría sometido a dos legislaciones: la manchega y la aragonesa", señala Villalta. "Solo perjudicaría a las gentes de estas tierras. Y nadie discute, ni siquiera Cuenca, que la titularidad del monte es aragonesa".

La pequeña zona en disputa tiene un alto valor ecológico por encontrarse en el curso alto del Tajo. Hay una fauna autóctona de río y existen los aprovechamientos forestales, tal y como reconocen ambas partes.

Dictamen del Instituto Geográfico

La resolución al conflicto territorial ha tenido varios pasos. Hay dos comisiones de deslinde en las que están representados por ambas partes, Ayuntamiento, Diputación y autoridades regionales. Cada una, al no haber acuerdo, aporta todas las pruebas y documentación posible para defender su postura. La resolución la dicta el Ministerio de Política Territorial, que actualmente lidera la castellano-manchega Isabel Rodríguez. Y el Instituto Geográfico Nacional emite un informe sobre cómo considera que debe quedar el deslinde. Ese informe es preceptivo, pero no vinculante. Es decir, el Ministerio puede fallar de modo contrario a lo que proponga el IGN. El proceso dura varios meses.

El Instituto designa un ingeniero jefe que evalúa la documentación aportada y utiliza la tecnología GPS disponible y no el dibujo del cura. Según relata Camacho, los criterios que se aplican para los deslindes están recogidos en el Real Decreto 3426/2000 y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Hay tres escalones para dar la razón a uno u otro territorio. El primero es que exista un documento jurídico histórico que plasme ese deslinde. "Si existe una sentencia antigua que recoge por donde va un determinado límite sería la prueba de más peso para adoptar una decisión", señala.

A partir de ahí, y si no hay un documento jurídico acreditado, se valora quién ha ejercido las competencias municipales durante estos años o a quien beneficia tener o no determinada propiedad; en este caso el monte. "Los deslindes se dan más de lo que parece", explica Camacho. "Pero en esta actuación se interviene porque afecta a dos comunidades diferentes".