Publicado: 19/06/2022 04:45
El bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la necesaria renovación del Tribunal Constitucional (TC) y la presión cada vez mayor de la Unión Europea aboca a los partidos políticos a un acuerdo con el que resolver un embrollo que se complica por minutos. Partido Popular y PSOE se pondrán manos a la obra por enésima vez al término de las elecciones andaluzas en aras a sellar un acuerdo sobre el Poder Judicial antes de verano. De no conseguirlo, la parálisis en el tribunal de garantía continuará, al menos, hasta el otoño.
Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli explican que el galimatías judicial tiene difícil salida a corto plazo ya que, en lo que respecta al Tribunal Constitucional, la renovación real solo será efectiva cuando se cuente con los dos candidatos del Gobierno y los otros dos del CGPJ. Es decir, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez puede proponer e incluso nombrar a sus dos candidatos en cualquier momento, pero la Ley no contempla que tomen posesión de su cargo hasta que el CGPJ no nombre también los suyos.
Y aquí es donde reside el problema, ya que el órgano de gobierno de jueces está limitado en sus funciones desde marzo del año pasado. Entonces, la falta de consenso con el Partido Popular de Pablo Casado llevó al PSOE, en connivencia con su socio de Gobierno, a impulsar una ley que limitaba las actuaciones del CGPJ de Carlos Lesmes. Desde ese momento el órgano (en funciones desde 2018) quedaba muy cercenado para resolver asuntos clave, como es el caso de los nombramientos discrecionales.
¿Cómo renovar el TC?
El órgano de gobierno de jueces ha advertido en muchas ocasiones que esta anomalía implicaría que muchas plazas de todas las jurisdicciones (especialmente en el Tribunal Supremo) no se podrían renovar. A finales de año el número de nombramientos pendientes rondaba los 60. El propio Carlos Lesmes explicó esta semana que la situación está provocando grandes disfunciones en el Tribunal Supremo, donde hay 14 plazas sin haberse podido renovar. La falta de plantilla implica que se dicten, aproximadamente, 1.000 sentencias menos al año en todas las plantas.
Sin embargo, el foco ahora se centra en el Tribunal Constitucional. Aunque los principales partidos políticos esperaban llegar a estas fechas con acuerdo, lo cierto es que la parálisis actual ha terminado por salpicar la renovación del tribunal de garantías. El mandato de cuatro de sus miembros -incluido el presidente Pedro González Trevijano- expiró esta pasada semana y para su renovación es necesario alcanzar acuerdo político que desbloque el CGPJ.
Esto es así porque, de los cuatro miembros cuyo mandato ha caducado (Trevijano, el vicepresidente Juan Antonio Xiol, Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez) dos los propone el Gobierno y los otros dos el CGPJ. El Ejecutivo quiere mover ficha; de hecho, ya trabaja en el nombramiento de sus dos propuestas, pero no podrá materializar la elección hasta que no se postulen también los del CGPJ. Se da la paradoja de que, la Ley que aupó es la que ahora frena sus intentos de inclinar el TC hacia una mayoría progresista.
El recurso en el TC
Expertos juristas explican a este medio que la Ley es clara al respecto. El artículo 159 de la Constitución, en su punto tercero, estipula que los miembros serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. Esto quiere decir que para que la renovación sea efectiva el Gobierno necesita que el CGPJ nombre los suyos. Para ello solo hay un camino: el acuerdo político que renueve el órgano de gobierno de los jueces para que sean los nuevos vocales los que propongan a sus dos candidatos.
La otra opción sería que el Tribunal Constitucional resolviera sobre sendos recursos planteados por el PP y Vox contra la Ley que limita las funciones del actual Consejo. Sim embargo, se considera que lo razonable sería dar prioridad al debate político en aras a sellar un acuerdo que se resiste desde finales de 2018. De no conseguir un pacto en esta materia, el tribunal de garantías aceleraría a la vuelta del verano con el estudio de estos dos recursos para dar respuesta a la cuestión de inconstitucionalidad planteada contra la Ley Orgánica 4/2021 del 29 de marzo.
Advertencias de Europa
Así pues se confía en que, esta vez, las negociaciones encabezadas por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y Esteban González Pons, den su fruto en las próximas semanas. Fuentes de las negociaciones consultadas por este diario no descartan que la renovación sea un hecho antes de irse de vacaciones. Ello no solo pondría punto y final a más de tres años y medio de CGPJ caducado, sino que abriría la puerta a renovar también el TC.
Sobre este punto se han pronunciado los principales actores jurídicos coincidiendo con la visita en España de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, defendió la independencia de la judicatura y volvió a mandar un recado a la clase política asegurando que la única "anomalía democrática" que existe hoy en España en relación con el Poder Judicial es su no renovación, de la que es responsable directa la clase política.
Este mismo viernes el también presidente del Tribunal Supremo mostraba su confianza de que antes del verano se selle una salida al problema del Poder Judicial. La duda reside en si el acuerdo se alcanzará con reforma de la Ley incluida, como pide el PP. Al respecto la propia Jourová aprovechó su visita a España para instar a una reforma legal en aras a que sean los jueces los que elijan a sus pares en el CGPJ.
Europa sigue muy de cerca todo lo relativo a la parálisis del órgano de gobierno de jueces hasta el punto de haber instado a desbloquearlo en numerosas ocasiones desde que expiró su mandato a finales de 2018. Jourová aprovechó su estancia en España para reunirse también con el presidente del Tribunal Constitucional y con la ministra de Justicia. Pilar Llop, por su parte, ha señalado al PP como responsable de la situación y ha avanzado, además, que ve "bastante viable" que el Gobierno pueda nombrar a sus dos candidatos en caso de que no haya renovación del CGPJ.
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Pero para que sean "los jueces los que elijan a sus pares", hay que actuar sobre las asociaciones político-judiciales.
¿O alguien cree que los Jueces que están en esas organizaciones cuasicriminales votarían a otro candidato diferente al que bendicen en esas asociaciones politico-judiciales?
EL problema son los jueces que están en política mediante esas asociaciones, No Profesionales, sino Inconstitucionales.
Si no se actúa sobre ellas, nada se arreglará; solo se ocultará la triste realidad de una Justicia indigna de ese nombre.
Durante algún tiempo parecerá que el problema ha sido solventado. Pero solo se habrá ocultado a nuestra vista, y la mendacidad judicial seguirá creciendo sin límites, hasta que explote, acabando hasta con las esperanzas de vivir en un Estado de Derecho.
Por lo demás, asombra la cara de piedra de Lesmes cuando afirma que la politización de la Justicia española no tiene influencia en los asuntos judiciales.
Si consideramos así al Tribunal Constitucional, etaremos aceptando que nuestra Constitución es líquida, que su realidad no depende de su texto, sino de cual fuere, en cada momento, la composición del Tribunal -de quienes sean, en cada instante, los magistrados (electos por criterios políticos) que van a dictar Sentencia, que van a "fallar".
Saludos