Publicado: 24/11/2023 09:40
Actualizado: 24/11/2023 09:58
Sumar interpondrá este viernes una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los vocales conservadores del organismo por su "inaceptable intromisión" en la función legislativa del Congreso, al autorizar y participar en el pleno extraordinario que propició la declaración institucional contra la ley de amnistía. Concretamente, la denuncia del grupo parlamentario, a la que ha tenido acceso Europa Press, acusa a estos miembros del órgano de gobierno de los jueces de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa, que conlleva inhabilitación de ejercer cargo público, por promover una resolución "ilegal", "arbitraria" y que excede las competencias del CGPJ. Y se dirige contra sus ocho promotores, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. También contra Wenceslao Olea -que votó a favor- y apunta a Vicente Guilarte, el presidente, que optó por votar en blanco, como cooperador necesario al permitir la convocatoria de dicho pleno en la que estos juristas lanzaron su resolución contra la futura ley de amnistía. Es decir, formulan su querella contra los diez vocales conservadores del CGPJ.
La formación que dirige Yolanda Díaz atribuye a los promotores de la declaración arrogarse atribuciones que corresponden exclusivamente al Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre una proposición de ley cuando el texto normativo ni siquiera existía ni estaba registrado. Es más, recrimina en su querella que su intención era mandar a la ciudadanía "un mensaje apocalíptico que solo puede contribuir a una mayor crispación social", máxime cuando se le dotó de carácter institucional.
Concretamente, la querella alude a la aprobación el pasado 6 de noviembre en sesión plenaria de la declaración institucional del CGPJ contra la amnistía que negociaban entonces PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, alertando de que su aplicación supondría la "abolición del Estado de derecho". Sumar pone de relieve que esa resolución "descalifica e imputa conductas gravísimas" al jefe del Ejecutivo, que podrían ser calificadas como "desconsideración entre instituciones", contradiciendo incluso lo que marca el CGPJ en sus resoluciones previas respecto al Poder Judicial. "Afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica y que convierten el acuerdo (...) en una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo", ahonda el grupo parlamentario que, también, cuestiona la base legal que se siguió para convocar ese pleno del organismo judicial.
El grupo parlamentario expone en su escrito que en dicho pleno se excedió las funciones del órgano de gobierno de los jueces, que además están limitadas por la situación de mandato caducado, y ahonda que los vocales querellados actuaron desde su "deliberada voluntad de eludir" esa carencia competencial, pese a que son juristas con condición de autoridad por formar parte de una de las principales instituciones del Estado. Asimismo, resalta sobre el caso del presidente que su misión es velar para que todos los miembros del organismo se ajusten a las funciones del CGPJ, que en ningún caso incluye valorar la "conducta de otra autoridad del Estado" (en este caso el presidente), acuerdos políticos o "futuribles" normas.
Por otro lado, Sumar destaca que es "ineludible" que el acuerdo plenario del 6 de noviembre refleja su decisión de interferir en una cuestión que afecta a los "intereses generales" emitiendo una "resolución definitiva" y no puede considerarse como un "acto político". Al hilo, subraya que uno de los vocales, el progresista Álvaro Cuesta, solicitó desconvocar ese pleno tras advertir previamente que era "improcedente" e "ilegal", y optó por no acudir cuando se mantuvo su celebración. E incluso argumenta que los medios de comunicación expusieron que el propio presidente interino veía la declaración institucional "prematura", que el respeto a la independencia judicial hacía oportuno evitar ese pronunciamiento ante una iniciativa legal inexistente y que implicaba un posicionamiento institucional a favor de una opción política.
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Esta cumplecon el dicho rubia y corta con perdón del gran número de rubiales le darían cien vueltas. Mayor delito es reunirse con un fugado pero vamos a ver si antes de las elecciones defendían lo contrario. Putos extremistas comunistas bolivarianos
Y lo dice una funcionaria cuyo deber es denunciar delitos y se reunió en Bruselas con un prófugo de la justicia para negociar borrarle los delitos a cambio de votos.
El " golpe" a la venezolana de la izquierda está más que planificado y esto termina, si Europa no lo impide, con el voto electrónico como en Venezuela en el que siempre gana ell mismo.
Esta pedorra fracasada en Galicia, mis paisanos demostraron lo listos que son, se atreve a denunciar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, sirviendo a su señorito ávido de tener el poder judicial enterito en sus manos, no le basta con ese tipo que no ha sabido ni educar a su hijo.
Que hablara esta traidora comunista de intromisión... Que le pregunten a Podemos, que los quiere tener como esclavos.. Esta, elementa, es mucho peor que los de Galapagar, que ya es decir...los de Podemos, son ladradores y se quedaron, sin nada...el PSOE, pactara los presupuestos con Podemos, les dará alguna cosita, pero su objetivo, ya lo consiguió, sacarlos del gobierno...Fin de Podemos...la Yoli, los hundió...
Los de sumar haciendo de mamporreros del PSOE, como siempre.
A ver: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es uno de los órganos consultivos del Estado y tiene la función de informar sobre los proyectos de ley del ejecutivo. El Ejecutivo no quiere opiniones y dice que lo presenta el grupo parlamentario, lo que todo el mundo sabe que no deja de ser una falacia. Entonces algunos consejeros consideran que, ante la gravedad de la ley que se pretende aprobar y cómo el presidente ha ido bloqueando los contrapesos del sistema, alzan la voz. Y ahora los políticos quieren perseguir a los magistrados por alzar la voz.
¿Dónde queda el "Desapruebo lo que dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo" atribuido a Voltaire?
Está visto que a los sumaristas se les ve el ramalazo comunista-estalinista.
No había proyecto de ley cuando se pronunciaron. Un detalle importante.