Los sindicatos Satse, CCOO, CSIT Unión Profesional y UGT, que representan al 70% de los profesionales de la sanidad madrileña, han convocado tres jornadas de huelga en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) los días 19 de abril, 8 y 26 de mayo, ante el "absoluto desprecio" con el que, a su juicio, trata el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a los profesionales sanitarios. Una de las citas coincide con los días previos a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.
En un comunicado, han lamentado las declaraciones del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, del pasado martes, asegurando que la Comunidad de Madrid no tenía ningún proyecto de recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales.
Fernández-Lasquetty dijo que "mientras todo el resto de la gente trabaja 40 horas a ellos les parece que es mucho trabajar 37,5 y teniendo su plaza de por vida, creen que a diferencia del resto de los trabajadores deberían hacer cinco horas menos a la semana".
Según los sindicatos, el consejero evidenció "un grave problema de intolerancia hacia los empleados públicos en general y a los profesionales del Sermas en particular".
Los sindicatos han mostrado su intención de negociar distintas fórmulas para recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales, pero hasta la fecha la Comunidad de Madrid no ha querido escuchar sus propuestas.
Casi todos los servicios de salud de las distintas comunidades autónomas han firmado acuerdos con sus profesionales para volver a la jornada de 35 horas semanales, entre otras mejoras, han recordado en la nota.
Además, han señalado, en general se ha compensado a los profesionales por el esfuerzo durante la pandemia de la covid-19, mientras que la Comunidad de Madrid se ha negado a acordar algún incentivo económico o adoptar alguna decisión en materia de descansos o jornada.
Según los sindicatos, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha reconocido que en la actualidad la implantación de la jornada de 35 horas a la semana se solucionaría con aproximadamente 1.200 puestos de trabajo y no con los más de 6.000 que eran necesarios hasta hace unos años, lo que tendría un coste aproximado de 42 millones de euros.
Otras de sus peticiones son la actualización del acuerdo de permisos, licencias y vacaciones del personal estatutario, así como la mejora de las retribuciones, estancadas desde hace años, del valor de la hora de guardia, hora nocturna, continuidad y festivos.