Hasta seis frentes judiciales acechan a Ábalos por su reunión con Delcy Rodríguez

Hasta seis frentes judiciales acechan ya al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por su reunión con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Barajas. El movimiento más relevante por el momento es el auto de la juez de guardia de Madrid en el que advierte indicios de delito y ordena conservar las imágenes de las cámaras de seguridad de aquella noche. Pero hay más iniciativas presentadas en los tribunales para esclarecer unos hechos sobre los que el Ejecutivo ha ofrecido versiones contradictorias o incompletas.

1) Juzgado 47. Una vez que la juez de Instrucción número 7 de Madrid, Susana Trujillano, en funciones de guardia, instó a AENA a no destruir las grabaciones -la Policía lo notificó a las autoridades de Barajas el mismo martes-, remitió la demanda presentada por el PP a reparto. Es un trámite para decidir de forma aleatoria qué juez debe estudiar cada querella o demanda que se presenta en los Juzgados de Madrid. Son varios cientos de ellas todos los días. 

En este caso, la demanda que presentó el PP por prevaricación y desobediencia que pedía como medida cautelar urgente poner a salvo las imágenes ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Su titular es Adolfo Carretero, que archivó la investigación sobre el supuesto espionaje al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Este juez tendrá que decidir si coincide con su compañera y también ve indicios de delito como para admitir a trámite la demanda y comenzar a investigar, pedir las grabaciones, citar a testigos, investigados...  

Frenar la destrucción de las imágenes

2) Juzgado 31. Antes que el PP acudiese a un juzgado de guardia para frenar in extremis la destrucción de las imágenes (el plazo para conservarlas expiraba este jueves), otra formación política llamada Partido Laócrata acudió también a los Juzgados de Madrid por este caso. Presentó una querella por prevaricación contra los miembros de las fuerzas de seguridad que prestaron servicio en la terminal de vuelos privados de Barajas la noche indicada. También contra los vigilantes de seguridad privada y el personal de AENA.`

Esta querella, que lleva fecha del 10 de febrero, ha recaído por reparto en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. Su titular es el juez Antonio Serrano-Arnal. Es el mismo que ordenó a todas las entidades financieras que bloqueasen todas las cuentas y productos a nombre del ex vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar, Rodrigo Rato, en el 'caso Bankia. También tendrá que estudiar el caso y decidir si hay indicios suficientes para investigar. 

Dos juzgados no podrán investigar de forma paralela al tratarse de los mismos hechos, de manera que uno de los dos debería inhibirse en favor del otro. Tiene preferencia el escrito que se presentase primero, en este caso el del Partido Laócrata, según las fuentes del Tribunal Superior de Justicia consultadas por este periódico.  

El Tribunal Supremo

3) Laócratas en el Tribunal Supremo. El partido Laócrata también presentó una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo, en este caso solo contra Ábalos. Acudieron al alto tribunal por la condición de aforado del ministro. La querella, fechada el 6 de febrero, ha recaído en el presidente de la Sala de lo Penal, el juez Manuel Marchena, que presidió el juicio del procés. Antes de decidir si la admite a trámite definitivamente, tendrá que dar traslado a la Fiscalía para que fije posición. Los precedentes indican que el proceder habitual del Tribunal Supremo cuando hay una investigación en un Juzgado ordinario por los mismos hechos es esperar a que avancen esas pesquisas antes de dar pasos, advierten fuentes jurídicas consultadas.  

4) Querella de VOX. Este martes, la formación de Santiago Abascal también presentó una querella ante el Tribunal Supremo. Va dirigida directamente contra Ábalos por un presunto delito de prevaricación administrativa. En caso de cumplir todos los requisitos legales exigidos, esta iniciativa seguirá el mismo camino que la del Partido Laócrata antes de admitirse o no a trámite.

5) Fiscalía de Madrid. Después de que Vozpópuli desvelase el encuentro entre ambos mandatarios, la formación que dirige Pablo Casado anunció acciones legales. El 31 de enero el partido instó a la Fiscalía General del Estado a investigar los hechos. Pedían tomar declaración al ministro, información a la Policía de lo que pasó esa noche y las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Fiscalías

Fuentes fiscales advierten de que se trataba de un escrito genérico, que no iba dirigido contra nadie en concreto. La Fiscalía General, que todavía dirige María José Segarra -Dolores Delgado todavía no ha tomado posesión-, lo remitió a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y este organismo a la provincial. Las misma fuentes consultadas aseguran que se limitaron incoar diligencias. Se trata de un procedimiento que consiste tan solo en aplicarle un número de registro al caso, pero no se ha llegado a ordenar ninguna actuación. 

Ahora cualquier decisión de la Fiscalía madrileña queda supeditada a lo que decidan los dos Juzgados de Madrid sobre los que han recaído sendas denuncias del PP y el Partido Laócrata. Lo habitual es que si ninguno de los dos Juzgados ve indicios de delito, el Ministerio Público rechace investigar. Pero legalmente puede hacerlo y hay precedentes de ello, según las fuentes consultadas. Por el momento, solo se ha pronunciado para no oponerse a la petición del PP de conservar las imágenes.

6) Fiscalía General del Estado. Tanto Vox como Ciudadanos también acudieron ante la Fiscalía General del Estado. El partido de Santiago Abascal solicitó el 31 de enero que se citase a declarar a Ábalos y pidió información sobre sus acompañantes en Barajas. La semana pasada amplió su escrito al conocer ya el nombre del asesor que iba con el ministro y que desveló Vozpópuli, Koldo García Izaguirre. Por su parte, Ciudadanos presentó una demanda contra Ábalos por prevaricación y desobediencia. A este periódico no le consta que por el momento se haya adoptado ninguna decisión por parte del Ministerio Público.