Publicado: 21/08/2022 18:58
Actualizado: 21/08/2022 18:58
Pedro Sánchez rechazó la semana pasada realizar una crisis de Gobierno y ese anuncio ha servido para que el PP esté aún más convencido de esa remodelación del Ejecutivo. Alberto Núñez Feijóo, de hecho, pidió al presidente que aprovechara esos cambios para reducir ministerios y desde el Partido Popular llevan meses exigiendo la eliminación de Consumo. Desde Moncloa, sin embargo, han blindado la continuidad del Ministerio de Alberto Garzón con la creación de una nueva subdirección.
Ese refuerzo para el coordinador general de Izquierda Unida se lleva gestando desde hace dos meses. El 22 de junio, el ministro aprovechó su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso para anunciar la próxima creación de una subdirección general adscrita a la Dirección General de Consumo para el estudio, vigilancia, inspección, desarrollo y aplicación de la competencia sancionadora del Estado ante fraudes masivos.
El ministro recordó que la capacidad sancionadora del Gobierno entró en vigor el pasado 28 de mayo con el objetivo de regular comportamientos empresariales perjudiciales para los derechos de las personas consumidoras como el 'dieselgate' de Volkswagen, y que el siguiente paso era crear una subdirección para realizar la labor de inspección y sanción.
Ampliación en pleno verano
Ese paso se dio apenas unas semanas después. Concretamente, en el último Consejo de Ministros de julio, celebrado el pasado día 26. En la penúltima reunión del Gobierno antes del parón estival -Sánchez volvió a convocar a su gabinete el 1 de agosto para lanzar el plan de ahorro energético- el Ejecutivo aprobó el Real Decreto 612/2022, por el que se modifica la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo y de los departamentos ministeriales.
El decreto, publicado un día después en el BOE, establece que, a partir de la entrada en vigor del mismo, la Dirección General de Consumo pasa a estar integrada por tres subdirecciones generales: la de Coordinación, Calidad y Cooperación; la de Arbitraje y Derechos del Consumidor; y la de Inspección y Procedimiento Sancionador.
Esta última, cuya creación anticipó el ministro en junio, tiene como objetivo "la inspección, propuesta de iniciación, tramitación y su resolución cuando le corresponda, de los procedimientos sancionadores en materia de consumo
derivados de la comisión de las infracciones [...], garantizando, en todo caso, la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, como exige el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre".
El texto también establece que la nueva subdirección no supondrá un incremento del gasto público y que su labor no debe perjudicar a la competencia que ya ostentan "las personas titulares de la Secretaría General de
Consumo y Juego y de la Dirección General de Consumo", en lo referente a la "resolución de los expedientes sancionadores".
El PP insiste en eliminar Consumo
Con esta nueva ampliación de la cúpula de Consumo, Pedro Sánchez blinda la continuidad del Ministerio que dirige Alberto Garzón pese a las presiones por parte del PP y de otros partidos de la oposición para que el presidente del Gobierno en eliminar una cartera que, en otras legislaturas, era una dirección general adscrita al Ministerio de Sanidad.
Esta reivindicación del Partido Popular no es nueva. Ya en febrero, la portavoz del PP en la Comisión de Sanidad y Consumo, Carmen Riolobos, destacó que el Ministerio suponía un coste de 65,76 millones de euros para las arcas públicas y que ese dinero podía emplearse mejor en una situación económica que, entonces, ya daba visos de empeorar en los meses siguientes.
Ahora, con la inflación disparada y tras el plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno a golpe de decreto, Alberto Núñez Feijóo aprovechó una comparecencia ante los medios para dar por segura una remodelación del Ejecutivo central y, de paso, exigir a Pedro Sánchez eliminar ministerios.
En ese sentido, el líder del PP pidió a Sánchez que, si finalmente realiza esa crisis de Gobierno, "aprovechase para reducir el número de ministerios", ya que "no es posible mantener el Gobierno más caro en el verano más caro". Sánchez, de momento, ha optado por la vía contraria: lejos de eliminar ministerios que están en la picota, como el de Consumo, los amplía.
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Una desfachatez en cualquier momento, una chuleria y provocación a toda la ciudadanía en las actuales circunstancias
La deuda pública está desbocada con este gobierno de manirrotos. Los intereses el próximo año superarán los 20 mil millones. Eso no hay quien lo pague. AUSTERIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS YA. Y en las subvenciones a chiringuitos.