El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aceptado abordar dentro de la Ley de Amnistía la persecución judicial -conocido como 'lawfare'- a las personas implicadas en el procés a través de causas no relacionadas directamente con el 1-O para encausarlas. Todo ello, después de que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, amagara con suspender las conversaciones para la investidura al recibir el rechazo del equipo negociador socialista. Este domingo, esta situación ha sufrido un cambio de rumbo según ElNacional.cat, después de que el PSOE se haya abierto a incluir el 'lawfare' dentro de las concesiones al independentismo.
Que el lawfare se incluya en la Ley de Amnistía ha sido en las últimas semanas una exigencia clave para Junts, aunque el PSOE la ha seguido manteniendo como una línea roja porque, según Ferraz, de entrar podría no pasar el filtro del Tribunal Constitucional. Los negociadores del partido de Puigdemont piden que el "texto sea claro" para que la aplicación de la amnistía sea específica y no esté vinculada a las decisiones que puedan tomar los jueces.
"El uso estratégico de las leyes para perjudicar disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia, sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial," denunciaba Puigdemont a través de una X. De ahí la insistencia del expresident en introducir esta cuestión en la ley de amnistía.
ElNational.cat señala que la causa abierta contra el jefe de su oficina, Josep Alay, uno de los colaboradores más cercanos de Puigdemont, aparece en el caso Volhov, y también está acusado de malversación y prevaricación "por un viaje que hizo en el 2018 en representación del president al referéndum de Nueva Caledonia". Desde Junts, además, advierten que el hecho de quedar fuera de la amnistía a las personas que sufren represión judicial les impediría igualmente pedir amparo a otras instancias internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Puigdemont tiene mucho interés en conseguir la introducción del 'lawfare' en la ley de amnistía porque eso implicaría que los jueces pueden ser procesados. Si los casos cercanos a Puigdemont, el ya mencionado de Alay, además del de Boyé (blanqueo del narcotráfico) y Borrás (corrupción) son reconocidos como casos de lawfare -que se les encausó por causas ficticias por sus ideales políticos- conseguiría dos cosas: exculpar a sus allegados y encausar a quienes les procesaron. De ahí que el expresident se mantenga firme en no firmar un acuerdo sin la inclusión de esta exigencia.
Prisas en el PSOE
Este domingo a media mañana el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, han vuelto a Bruselas para continuar con las negociaciones con el PSOE. Además, se prevé que también se incorpore la presidenta del grupo parlamentario en el Congreso, Míriam Nogueras. Según relata ElNational.cat, el PSOE habría hecho llegar esta nueva propuesta para desbloquear el acuerdo. Mientras, los socialistas se encuentran en medio de las presiones de la oposición con protestas frente a la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid.