España

Las comunidades estallan contra Sánchez: "Una pandemia no es un problema territorial"

El presidente del Gobierno convierte el estado de alarma en un instrumento autonómico y traslada la presión a las regiones, especialmente a las gobernadas por el PP que rechazan este mecanismo

Sánchez indigna a las comunidades: "Una pandemia no es un problema territorial"
Sánchez indigna a las comunidades: "Una pandemia no es un problema territorial" Pool Monclota/JM Cuadrado

Giro radical de Pedro Sánchez. El Gobierno ha pasado en unos meses de invocar el estado de alarma porque el "virus no entiende de territorios" a facilitar hasta 17 estados de alarma autonómicos si hace falta para luchar contra la segunda ola del coronavirus. El anuncio que ha hecho Sánchez este martes ha indignado a las comunidades gobernadas por el PP y ha sorprendido a las del PSOE. 

"El anuncio está hecho para evadir una responsabilidad", dice un algo cargo del Gobierno de Castilla y León. "Es la primera vez que alguien ve en una pandemia un problema territorial. Es un oxímoron".

Sánchez ha comparecido en rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros en tres semanas. El jefe del Ejecutivo ha admitido que el aumento de casos de covid-19 es "preocupante" y ha anunciado que el Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sustenta (PSOE y Unidas Podemos) apoyarán en el Congreso cualquier declaración del estado de alarma que solicite un Gobierno autonómico bien para toda la comunidad, bien para una parte de ella.

Pandemia territorial "es un oxímoron"

La Moncloa se sirve de una ley orgánica de 1981 que desarrolla los estados de alarma, sitio y excepción que permite esa posibilidad. La mayoría de comunidades se queja de que esa norma se refiere, según su artículo cinco, a problemas que se den "exclusivamente" en un territorio. El coronavirus, dicen las regiones, no es solo un crisis sanitaria en toda España, sino que es una pandemia mundial. Y aseguran que Sánchez hace "dejación de funciones".

Sánchez ha cambiado por completo el enfoque político. Si entre marzo y junio, ordenó el confinamiento de todo el territorio nacional independientemente de los casos que afectaban a cada comunidad, ahora dice que laevolución del virus no es homogénea y que decida cada autonomía. Incluso ha llegado a invitar a los presidentes autonómicos a que defiendan el estado alarma en el Congreso, algo que la ley no contempla. La ley dice que es el Gobierno quien debe informar al Parlamento.

Esta oferta de Sánchez coloca a muchas comunidades, especialmente a las gobernadas por el PP y más especialmente Madrid, en una tesitura muy complicada. El PP hizo del rechazo a las últimas prórrogas del estado de alarma uno de los ejes de su oposición. Y ahora podría tener que recurrir a él y encima defenderlo en el Congreso. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que usará el estado de alarma si hace falta, pero descarta un confinamiento total.

Estas palabras de Ayuso han sido casi idénticas a las del presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán. La comunidad aragonesa ha sido una de las más afectadas por los rebrotes durante el verano. Lambán ha asegurado que no se puede pasar del estado de alarma a la nada, y después a otro estado de alarma.

"Lo único que le pedimos al Gobierno de España es que nos dé cobertura legal para aplicar medidas proporcionadas y razonables sin estar al albur de las decisiones judiciales", ha dicho Lambán. "La declaración del estado de alarma y el confinamiento es lo fácil. Se ataja la transmisión. Pero luego rebrota y entretanto se ha asfixiado la economía y el empleo. Yo no quiero eso".

Ley alternativa y justicia

Comunidades como Aragón, Madrid o Castilla y León han utilizado la ley de salud pública del 2011 para decretar confinamientos selectivos y otras medidas para atajar el virus. Pero estas acciones afectan a derechos fundamentales y sin estado de alarma requieren autorización judicial. Muchos jueces han tumbado algunos decretos.

Las comunidades han pedido recurrentemente al Gobierno reformas legales. Sánchez se comprometió a ello. Y la vicepresidenta Carmen Calvo anunció un plan B en el Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo ha acabado desistiendo. Asegura que la reforma es compleja y obligaría a cambiar la Constitución. Así que ha vuelto a poner el estado de alarma encima de la mesa, solo que ahora a disposición de las autonomías.

"Necesitamos una reforma legal urgente, no otro estado de alarma", aseguran desde Castilla y León.

Sánchez ha dicho que abordará estas cuestiones en una conferencia de presidentes, que se celebrará en las próximas semanas. También ha anunciado que citará a los líderes de las principales fuerzas políticas para tantear entre otras cosas su disposición a negociar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

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