El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su intención de negociar una amnistía para Carles Puigdemont a cambio de su investidura. Pero el presidente del Gobierno en funciones se encuentra cada vez más aislado. El rechazo de algunos de los principales intelectuales de la izquierda a esta medida y una incipiente movilización civil han complicado la hoja de ruta de Sánchez, que se enfrenta además a una creciente oposición interna en el seno del PSOE.
Fuentes socialistas, sin embargo, creen que Sánchez “no tiene margen” de maniobra. Y que habrá amnistía y acuerdo con el separatismo catalán. Vozpópuli ha informado de que Ley de Alivio Penal es el nombre que maneja el Ejecutivo para enmascarar la eliminación de los delitos por los que Puigdemont se encuentra actualmente prófugo de la justicia. El PSOE, dicen estas fuentes, tiene el poder territorial más exiguo de la democracia tras el batacazo del del 28 de mayo, con apenas tres capitales de provincia –Soria, Vitoria y Barcelona- y los gobiernos de Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias, que no son precisamente las comunidades más poderosas.
Ante esta tesitura, señalan, Sánchez no tiene más remedio que pactar. “Es el pacto o la nada. Al PSOE se le cae el chiringuito”, afirman.
Amnistía o nuevas elecciones
No todo el mundo comparte esta opinión. Dentro del partido, algunas de las voces críticas con la amnistía –siempre en privado porque nunca alzan la voz en público- admiten que la repetición electoral no es un escenario descartable. Y sostienen que Sánchez “es un líder impredecible”.
“La impresión que tenemos es que habrá Gobierno con un 70% de posibilidades”, dice un alto cargo socialista. “Pero con Sánchez nunca se sabe. De repente, puede mandar parar, vestirse el traje de hombre de Estado, decir que por ahí no va a pasar y conducir el país a nuevas elecciones”.
Sánchez guarda ese as en la manga. No hay una sola declaración el Gobierno mencionando la amnistía. Y todas las palabras que se han escuchado en público hablan de legalidad y Constitución. El problema, al mismo tiempo, es que tampoco han negado que se está negociando con Puigdemont, con el que ya han pactado medidas como la del uso del catalán en el Congreso y el intento de hacerlo en la Unión Europea.
Las fuentes consultadas creen que el PSOE ha medido mal su “euforia” de agosto. Y que lo veían como un respaldo social amplio a su hoja de ruta se ha transformado en cabreo y malestar por imágenes “tan lamentables” como la de Yolanda Díaz partiéndose de risa con Puigdemont en Bruselas.
“Los resultados del 23-J y el escaso eco de sus pactos para la Mesa han confundido a Ferraz”, dicen. “La realidad es que era agosto y con el regreso de la actividad política se han dado cuenta de que son el segundo partido del país y que lo que están intentado es muy, muy complicado”, añaden.
Protestas en la calle
El PSOE tiene ante sí una incipiente movilización civil en contra de la amnistía. Una reacción que ha empezado precisamente en Cataluña. Sociedad Civil Catalana (SCC), la principal organización constitucionalista de esta comunidad, ha convocado una manifestación el 8 de octubre, fecha de icónico recuerdo por la marcha del 2017. SCC cuenta con el respaldo de destacados líderes del PP como Isabel Díaz Ayuso y de partidos como Ciudadanos.
El PP, por su parte, también ha despertado a ese sentir en la calle. Y ha anunciado una concentración en Madrid. El ex presidente José María Aznar fue el primer en decir que hace falta una respuesta con todos los elementos democráticos al alcance (incluida la calle) para parar la amnistía. Esta afirmación le costó a Aznar una acusación de “golpista” por parte de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.
Sánchez también tiene en frente a algunos de los principales intelectuales de izquierda, que se están posicionando abiertamente en contra de la amnistía. El último en hacerlo ha sido el escritor Javier Cercas en las páginas de El País. También han expresado su rechazo reputados juristas como Tomás de la Quadra-Salcedo, con mucho predicamento en el PSOE, y Juan Luis Cebrián.
